La esperanza de paz agoniza en El Chocó

Las organizaciones étnicoterritoriales y las diócesis del Chocó denuncian y alertan sobre la situación de la población en este departamento y los graves riesgos que para el proceso de paz implican hechos como la creciente presencia paramilitar y la incapacidad del Estado para controlarlo, la violencia urbana, los retrasos en las Zonas Veredales o la ocupación por parte del ELN del territorio de poblaciones étnicas. Por ello, exigen al Estado mecanismos de protección para los ciudadanos e insisten en que la sociedad espera “resultados concretos” en el control y desarticulación de bandas criminales y de paramilitares. En este sentido, advierten de que el proceso de paz «pierde credibilidad» ante la percepción de “cierta permisividad de sectores de la Fuerza Pública y de otros organismos del Estado frente el accionar de estos grupos armados”. “La población en general, muestra síntomas de desespero por la inseguridad y poca efectividad de las autoridades”, insisten.

El comunicado hecho público este viernes está firmado por el Foro Interétnico, la Mesa Departamental Indígena y las Diócesis de Apartadó, Itsmina y Quibdó. En él, refuerzan las denuncias de las últimas semanas sobre el incremento de los desplazamientos en el Bajo Atrato y el Alto Baudó. La Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y ACNUR han advertido sobre la presencia de grupos armados y la ocupación de los territorios que dejan las FARC al desmovilizarse, hechos que han implicado confinamiento de comunidades, desplazamientos forzados y amenazas.

En este sentido, las organizaciones étnicoterritoriales y las diócesis de Quibdó aseguran que en el Chocó “somos testigos del avance amplio, abierto y sistemático de grupos armados ilegales con discurso y actitudes de paramilitarismo que ocupan territorios que la Fuerza Pública no logra controlar, ocasionando el sentido de desprotección de numerosas comunidades”. Una situación que ya hace unas semanas había denunciado la Diçocesis de Apartadó.

Junto a esta amenaza, enumeran una larga lista de hechos que a su juicio pueden “poner en crisis nuestra fe en un eventual desenlace exitoso de los procesos de paz”. En este sentido, ante el acuerdo con las FARC, muestran su preocupación por la falta de adecuación logística de las Zonas Veredales y los campamentos; la tendencia recurrente en algunos sectores sociales y políticos a “desconocer los acuerdos ya firmados”; la “falta de claridad en el desmonte de las estructuras de milicianos” tanto en las zonas rurales como urbanas; y las “fallas” en la aplicación del capítulo étnico de los acuerdos, especialmente por el desconocimiento de las normas de consulta previa.

Alertan también de la forma en la que el ELN está ocupando el territorio de poblaciones étnicas y sus espacios comunitarios, y como ello “pone en riesgo a las mismas comunidades y a sus autoridades”. Asimismo, advierten de que en los centros urbanos “continúan los hechos de violencia y criminalidad que cobran víctimas especialmente entre los jóvenes y sectores marginales”. “La población en general, muestra síntomas de desespero por la inseguridad y poca efectividad de las autoridades”, se lamentan al tiempo que evidencian los testimonios de presencia de “grupos afines al paramilitarismo que controlan sectores de los centros urbanos y asumen por su cuenta acciones de ajusticiamiento, poniendo en entredicho el Estado Social de Derecho”.

Los firmantes del comunicado afirman que ellos siguen poniendo sus esperanzas en la solución negociada a los conflictos armados y sociales que han afectado históricamente a Colombia y reiteran que la firma del acuerdo con las FARC y el inicio de las negociaciones con el ELN “son signos positivos en la ardua búsqueda de construir los caminos que nos conduzcan a disfrutar de la anhelada paz”. Sin embargo, advierten sobre la situación real en el territorio y por ello exigen al Estado colombiano “mecanismos de protección a los habitantes del Chocó, recuperando el ejercicio del monopolio de las armas según las normas del Estado de Derecho”. Opinan que para favorecer el anhelo de paz del pueblo chocoano, la implementación de los acuerdos de la Habana y la naciente negociación con el ELN, requieren de “resultados concretos en el control y desarticulación de bandas criminales y de paramilitares” . A las guerrillas de las FARC y el ELN les exigen “perseverar en la voluntad y el compromiso de poner fin al conflicto armado respondiendo a las expectativas de la Sociedad Civil”.

Sus palabras también se dirigen al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y al sistema de Naciones Unidas para pedirles que continúen apoyando el Proceso de Paz y todas las iniciativas de la Sociedad Civil, y a la prensa para que informe con veracidad sobre que ocurre en este contexto.