Somos Defensores alerta sobre una paz militarizada

En 2016 se dispararon los asesinatos contra miembros del movimiento social, activistas y líderes sociales así como de defensores y defensoras de derechos humanos. 80, según el informe de la organización Somos Defensores, que más allá de las cifras hace un pormenorizado análisis de la situación en la que se han producido esas agresiones, las amenazas que persisten y el futuro más inmediato. En ese análisis destaca la preocupación por un Ejército y una Policía con más poder, pese a entrar en un escenario de posconflicto. “Si Colombia ya comienza a salir de la guerra, en un ejercicio lógico no necesitaría un Ejército de las proporciones que actualmente tiene el de Colombia”, se plantea la organización, que también advierte que en esta nueva estrategia no queda claro cómo se va a desmontar la doctrina de Seguridad Nacional que trajo “la estigmatización y criminalización de muchos sectores del movimiento social acusándolos de colaborar con las insurgencias”.

Las amenazas de los paramilitares, a los que denominan “un muerto muy vivo”, la desidia del Gobierno en adoptar medidas -algunas de las cuales se incluyen en los propios acuerdos de La Habana- y la actitud de la Fiscalía empeñada en “la despolitización de los crímenes contra defensores de derechos humanos”, son otras de las alertas lanzadas en este informe de Somos Defensores que ha denominado ‘Contra las cuerdas’, para hacer un símil con el escenario en el que se encuentran los defensores y defensores de derechos humanos en el país.

PDF: Lee el informe completo aquí

“Si la lucha de los defensores de derechos humanos en Colombia en 2016 pudiera compararse con el boxeo, este sería el año en que a pesar de existir una esperanza generalizada por los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno, el movimiento social estuvo literalmente contra las cuerdas”, así arranca el informe en el que, pese a reconocer que estos líderes aun están en pié y dando pelea por la paz en el país, las amenazas son “preocupantes” y de seguir con este contexto “podríamos estar ad portas de repetir la historia que hoy tratamos de superar”.

Ejército y una Policía con más poder

Una de las llamadas de atención de Somos Defensores se centra en “un Ejército y una Policía con más poder ¿en tiempo de menos conflicto?”. En este sentido, destaca que estamos ante el fortalecimiento legal, económico y político de las fuerzas de seguridad del Estado, pero “no está claro cómo se fortalecerán los mecanismos de garantías para defender los derechos humanos en Colombia cuando en pocos meses saltarán a la arena política, a las calles y a los medios de comunicación los miembros de las FARC, “una población estigmatizada por años precisamente por las FFMM”.

Resalta que las Fuerzas Armadas, en un momento de posconflicto, lejos de sufrir cualquier tipo de reducción a su presupuesto o al número de efectivos -tiene 500.000 hombres- van a ser fortalecidas para “consolidar la paz”. En 2016 esta entidad tuvo un incremento del 6% en su presupuesto, aproximadamente 1.7 billones de pesos más con respecto a lo recibido en 2015. Con la nueva doctrina de las Fuerzas Armadas, denominada DAMASCO, los militares pasaran de ser fuerzas dedicadas a la seguridad y la defensa de la ciudadanía ante el ataque de grupos armados al margen de la ley, a ser fuerzas “multitarea” que se ocuparan de garantizar la seguridad en las zonas azotadas hasta ahora por el conflicto, de dar apoyo en labores humanitarias, obras de infraestructura y seguridad de infraestructuras energéticas. “Suena bien”, admite Somos Defensores, que, sin embargo, se pregunta cómo esta nueva estrategia desmontará la anterior doctrina de seguridad nacional y advierte de que tampoco responde al imperativo de “desmilitarizar” el país, algo que ha sido reclamado insistentemente por los defensores de DDHH.

Otro elemento significativo, agregan, es el incremento exponencial del poder otorgado a la Policía Nacional, plasmado especialmente en el nuevo Código de Policía que “tiene un incremento desmedido de las atribuciones y poderes”. En este sentido, el informe alerta de la posibilidad de que un policía tenga muchas más justificaciones para entrar a una casa sin previa orden judicial, la presunción de sospecha contra alguien que el policía considere ‘potencialmente’ peligroso y la toma de acciones en su contra, así como la elaboración de un amplio portafolio de multas que en adelante podrán imponer estos agentes. A su juicio, todo ello “llama la atención en la medida que la Policía Nacional no ha sido una institución caracterizada por su transparencia e idoneidad de sus miembros”. Surgen también “muchos temores” dentro del movimiento social acerca de “los excesos” en la aplicación de este nuevo código ya que, por ejemplo, “las protestas públicas tendrán un tratamiento mucho más severo por parte del ESMAD, lo que podría traer como consecuencia la agresión desmedida contra las manifestaciones por inconformidad social”.

La nueva política de la Fiscalía

En esta radiografía del contexto en el que los defensores y líderes realizan su trabajo, ‘Contra las cuerdas’ también se centra en un Gobierno, el de Juan Manuel Santos, “acosado” por la falta de popularidad, el varapalo del ‘No’ en el plebiscito o los escándalos de corrupción que no dejan un buen sabor de boca en cuanto a su actuación frente a la violencia contra los defensores. Lo que más preocupa a la organización es la posición del nuevo Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, de cara a despolitizar los crímenes contra defensores de derechos humanos, al asegurar que “no tienen sistematicidad”, es decir que no responden a patrones comunes y que los móviles de los homicidios obedecían a causas diversas y no relacionadas con la actividad de defensa de los derechos humanos que realizaban estos líderes y lideresas. El Programa Somos Defensores recuerda que ha documentado en sus últimos 11 informes cómo estos líderes “son asesinados en condiciones muy similares: en altas horas de la mañana o la noche, en presencia de sus familiares o amigos y dentro o alrededor de sus casas”.

Somos Defensores también critica que bajo la dirección de Martínez se ha reformulado la política de investigación priorizando solamente los crímenes desde 2015 “y dejando por fuera de este importante trabajo más de 300 casos de homicidios ocurridos entre 2009 y 2014 (solo por mencionar los periodos presidenciales de Juan Manuel Santos), procesos que están en peligro de ser archivados”. Otra situación “llamativa”, dicen, es cómo ha hecho cambios al interior de sus equipos de trabajo y “ha aislado de cargos clave a personas que considera ‘incómodas’”.

En el informe también se recuerda que en marzo, agosto y septiembre de 2016 Santos anunció la creación de Mesas de alto nivel para frenar la oleada de homicidios, “pero todas ellas al parecer solo se quedaron en un sin número de reuniones y ordenes presidenciales sin resultados contundentes” y “no se tiene noticias de qué se haya avanzado en la construcción de la política de prevención que tanto anunció el gobierno en años anteriores”.

Los paramilitares y los espacios dejados por las FARC

En este análisis cualitativo de la situación, el informe también se refiere a la presencia paramilitar. “A pesar de que las autoridades, y especialmente el Ministerio de Defensa, se empeñen en asegurar que no existe paramilitarismo en Colombia, sus acciones son evidentes”. Cita como ejemplo el paro armado que a principios de año realizó el Clan Úsuga en la Costa Atlántica y varias zonas de Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, y la transformación pública de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que antes de este paro armado solo se mostraban como un grupo dedicado a economías ilegales y al narcotráfico. Ahora, las AGC han tomado una tonalidad política en sus declaraciones y con una pagina web en la que hacen declaraciones sobre el proceso de paz. A su juicio esto “no es un hecho que deba calificarse como solo una anécdota”: “Si no son las AGC ¿quién está amenazando a los defensores a nombre de las AGC?”, se pregunta Somos Defensores, quien reconoce que dar respuesta a esa pregunta es “imposible” porque la Fiscalía General de la Nación “no ha dado resultados en las investigaciones por amenazas contra más de 1000 defensores de derechos humanos por parte de estos grupos entre 2014 y 2016”. Las Águilas Negra, uno de los presuntos grupos paramilitares, “que para el gobierno tampoco existen”, fueron los responsables de la mayoría de amenazas contra defensores en los últimos seis años. Ahora sus amenazan han disminuido un 40% en el último año, pero toman el relevo las AGC. “¿Quién amenaza entonces? ¿Será que son los mismos y solo cambiaron de logo?”, se preguntan en el informe.
Somos defensores también se fija en los frentes disidentes de las FARC como focos de riesgo para los defensores, y en los vacíos de poder que quedan tras la salida de la guerrilla cuyos territorios están siendo copados por otros grupos.

Señalan a algunos disidentes del ELN como los presuntos responsables de un plan que concluyó con el asesinato de varios defensores en el departamento del Cauca, muy golpeado en 2016.

Más asesinatos, y en especial en el Cauca

En clave numérica, Somos Defensores reporta 80 homicidios de defensores registrados durante el 2016, es decir un 22% más que en el 2015, siendo Cauca el departamento que ocupa el primer lugar en las cifras de muertos, 22, seguido de Antioquia donde en cualquier caso, advierte de la existencia de un subregistro. En todos los departamentos del país se registró por lo menos un homicidio de activistas de derechos humanos, en especial en el sur-occidente que comprende al Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.

A juicio de Somos Defensores, “el incremento desmedido de estos homicidios demuestra que el Estado colombiano no esta preparado para brindar garantías reales de protección a quienes se desmovilizarán y empezaran a defender sus ideas políticas sin armas”. Y concluyen, es “preocupante e incomprensible en todo sentido” que ni el Gobierno de Colombia ni la Fiscalía cuenten con un sistema de información propio que documente estas muertes, y que se base solamente en informes de ONG’s, agencias internacionales o movimientos sociales para documentar “un tema tan delicado para el futuro del país y especialmente para la implementación y sostenibilidad de los acuerdos de paz con las FARC”.