Desplazamientos masivos, la guerra sigue en El Chocó

La Corte Constitucional se suma a las alertas sobre desplazamientos masivos, las amenazas en las zonas que han dejado las FARC y la situación en la que se encuentra la población

La guerra se dice parada en los papeles, pero en los territorios continúa. La presencia paramilitar y los enfrentamientos con el ELN siguen generando víctimas civiles en El Chocó. La última en alertar de la situación ha sido la propia Corte Constitucional que alude al aumento de casos de desplazamiento forzado en varios territorios de los que han salido las FARC. En este caso el tribunal se refiere al Chocó pero de este riesgo en otras zonas del país ya han alertado otras organizaciones como las Naciones Unidas o Indepaz.

El caso del Alto Baudó disparaba de nuevo todas las alarmas esta semana por un desplazamiento masivo y por un grupo de familias de las que nada se sabe, pero como revela el auto de la Corte no es un hecho aislado ni nuevo. Ahora unas 700 personas de ocho veredas se encuentras confinadas por los combates entre paramilitares y miembros del ELN. Entre las comunidades desplazas se encuentra familias de Peña Azul, Apartadó, Boca de León, Amparrado y Cocalito. Confinadas se mantiene en Puerto Córdoba, Las Delicias, Geandó, Vacal, Punta Peña, Batatal y Puerto Misael.

La pasada semana la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos informaba de que más de 200 Paramilitares con camuflado y con un brazalate que los identificaba como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, incursionaron en la comunidad afrodescendiente de Peña Azul, en el municipio del Alto Baudó. Allí, dicen, “dispararon indiscriminadamente” contra la población y se enfrentaron con la guerrilla del ELN que también hacía presencia en el lugar. La comunidad se desplazó y se encuentra perdida, no se sabe de su paradero. Solo cinco de las 28 familias que conforman la comunidad lograron llegar desplazadas al casco urbano de Pie de Pató.

Disputa territorial

Ahora, la Corte Constitucional se suma a las alertas, no por la situación de los últimos días sino por el acumulado en esta zona del Chocó. Un auto del magistrado Luis Alberto Vargas alerta sobre las constantes emergencias humanitarias en las zonas habitadas por comunidades afrodescendientes e indígenas debido a la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el territorio. La resolución se produce dentro de la acción abierta en el año 2004 (sentencia T-025 ) tras constatar la vulneración masiva, sistemática y grave de los derechos fundamentales de las personas desplazadas por la violencia. El pasado mes de septiembre la Corte realizó una visita a la región del Bajo San Juan (Buenaventura-Valle del Cauca y Litoral del San Juan-Chocó) en la que constató “la persistencia del conflicto al interior de los territorios étnicos que sigue potenciando múltiples y continuados hechos de desplazamiento forzado, y de afectaciones nocivas y diferenciales sobre las comunidades desplazadas, a partir del desarraigo y la inadecuada atención en espacios urbanos”.

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Según recoge el auto, existe un riesgo para la comunidad por la “presencia, control y disputa territorial entre distintos grupos armados como post-desmovilización, el ELN” que continúan en la zona y quieren apropiarse de los territorios dejados por las FARC en los últimos meses. Asimismo, señala que estos actores armados ejercen el control en la zona “por su actuación permanente en la zona y la ausencia del Estado” y agrega es fue notorio “el desplazamiento forzado, las restricciones a la movilidad y las amenazas”.

La Corte constata un aumento de los desplazamientos entre 2014 y 2016 y apunta que el ultimo año “el riesgo de desplazamiento forzado se agudizó como consecuencia de los enfrentamientos entre los distintos grupos armados ilegales y de éstos con la Fuerza Pública”. Es más, a la comisión de la Corte de visita en la zona se le informó de que “tal exacerbación de los riesgos tenía relación con la posible salida de las FARC-EP de la región, y la consecuente disputa territorial entre los grupos armados ilegales que continúan en la zona”.

También se puso en conocimiento de la Sala un “cuadro generalizado de restricciones a la movilidad sobre los grupos étnicos que habitan en el Bajo San Juan y Bajo Calima”, debido a la intensificación del control territorial por parte de los actores armados ilegales que operan en la zona. Solo en el periodo de enero a mayo de 2016, en el municipio del Litoral del San Juan, resultaron afectadas 4.166 personas; en el Alto Baudó, 1.604 personas; y en el Medio Baudó, 200 integrantes de comunidades étnicas

Asimismo, las autoridades étnicas de la zona manifestaron a la Corte -según recoge el auto- “una afectación sistemática sobre los representantes, líderes, autoridades tradicionales y profesores, a raíz de las amenazas y la intimidación de las que son víctimas”. Algunos de ellos tuvieron que abandonar los territorios por las amenazas contra su vida e integridad personal y de sus familiares.

Por todo ello, la Corte Constitucional ha solicitado al Gobierno un informe sobre las políticas públicas que se han adoptado para la protección de las comunidades étnicas en el departamento del Chocó y plantea un sin fin de preguntas sobre la actuación en la zona en respuesta a la sentencia de 2004.

Condiciones “indignas” de los desplazados

En cualquier caso, la Corte reseña que ha observado “con preocupación” las condiciones “indignas” de varias comunidades, grupos y familias étnicas que se desplazaron forzadamente de sus territorios y se asentaron provisionalmente en el distrito de Buenaventura (Valle), Santa Genoveva de Docordó (Litoral del San Juan-Chocó) y en albergues comunitarios sobre el río San Juan. “Las familias visitadas coincidieron tanto en la desatención por parte de la Unidad para las Víctimas y los entes territoriales, como la precariedad de los albergues temporales, el incumplimiento reiterado en la entrega de la ayuda humanitaria y su falta de adecuación cultural y geográfica”.

Los impactos ambientales, territoriales y comunitarios también son abordados en la resolución de la Corte. Explica que los pueblos indígenas y afrodescendientes visitados plantearon la afección del desarrollo de proyectos económicos ilícitos y lícitos en sus territorios (minería ilegal, cultivos ilícitos, tala incontrolada, infraestructuras inacabadas). Para esta población tales actividades “no solo han destruido las selvas donde tradicionalmente habitan y disminuido el caudal de los ríos y afluentes, sino que ha impedido el retorno de la población y la sostenibilidad de los procesos que se adelantaron en ese sentido”.

La situación actual

Según publica Contagio Radio, en base a los registros realizados por la Cruz Roja Colombiana y la Personería de Píe de Pato, en la localidad hay ahora 340 personas refugiadas en la casa de Acción Social del municipio del Alto Baudó, entre estas personas se encuentran 84 niños, 93 niñas, 3 mujeres en embarazo, 17 mujeres lactantes y 14 adultos mayores. De la emergencia humanitaria también daba cuenta El Colombiano de Medellín tras hablar con varios a líderes llegado a Pie de Pató. Uno de los desplazados aseguraba que “los hemos visto por Platanares, sentados junto al río. Están muy bien uniformados y muy armados. Si usted no los mira bien, puede confundirlos con los soldados”.

El Defensor del Pueblo, Luis Enrique Murillo, ha reconocido que la situación actual en el Baudó se ha agravado más “por el contexto de disputa territorial que sostienen las AGC con el Eln, que se pelean el territorio y la gente. Los Gaitanistas han avanzado mucho y ganado terreno en la zona y eso ha costado muchos muertos”. En declaraciones a El Colombiano aseguraba que la capacidad de respuesta de las autoridades municipales ante la emergencia humanitaria es poca. Por esta razón se ha solicitado ayuda de la Gobernación y a entidades de apoyo internacional para que brinden algún tipo de protección y aporten insumos de emergencia como objetos de aseo personal, colchonetas, pañales para niños y alimentos no perecederos.

La navegabilidad del río ha estado suspendida ante el temor a la presencia paramilitar pero se reabrió el lunes. El general Mauricio Moreno Rodríguez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en el Chocó, ha informado de que las autoridades militares hicieron presencia en el Alto Baudó con las autoridades civiles.

Alerta de Acnur para todo el Pacífico

También la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha alertado sobre los desplazamientos forzados en El Pacífico e insistido en que sigue siendo una de las zonas mas afectadas por este fenómeno en el país.  Según información dada por autoridades locales a ese organismo internacional, 913 familias han sido desplazadas en lo que va del año 2017 con un total de 3.549 personas. En 2016, fueron desplazadas 11.363 personas de 3.068 núcleos familiares. La agencia cita entre las áreas más afectadas a la zona rural de Buenaventura y el Bajo Calima, en el Valle del Cauca; el litoral del San Juan, Lloró, Alto Baudó, Domingodó, en el Chocó; Timbiquí, en el Cauca; así como Santa Bárbara de Iscuandé y la comunidad de El Pital, en el municipio de Tumaco, Nariño.

Por esta razón, insta a las autoridades “a fortalecer las medidas de atención, asistencia, prevención y protección dentro de los territorios afectados. Urge, así mismo, poner en marcha los planes de contingencia elaborados en el marco de los Comités de Justicia Transicional, así como la respuesta de otras instituciones nacionales”.