De la paz a la «anarquía criminal»
Hay páginas de papel que duelen. Es el caso de las 142 páginas en las que la Fundación Paz y Reconciliación y La Iniciativa, Unión para la Paz traza un dibujo preciso de la situación del país respecto a la implementación de los acuerdos de paz firmados entre las FARC y el Gobierno. El segundo informe de estas organizaciones destaca que lo único que realmente está funcionando es el componente militar de este acuerdo (el cese al fuego bilateral y la entrega de armas). Lo demás (amnistía, reintegración, reforma rural, control territorial, institucionalidad, y un largo etcétera) está empantanado.
Descargar el Segundo informe completo
“El proceso de implementación ha estado marcado por dificultades; el Estado colombiano ha incumplido en diferentes materias, no ha podido terminar las zonas donde las unidades guerrilleras se han concentrado para la dejación de armas. Por otro lado, existe una oposición política liderada por el expresidente [Álvaro] Uribe, que pareciera que prefiere que las FARC sigan en armas y que nada de la implementación funcione, sobre todo la justicia transicional. Pero lo que sí ha funcionado ha sido el componente militar de ambas partes. Los homicidios se han reducido drásticamente, los secuestros están muy cerca de desaparecer y el horroroso pabellón del hospital militar para afectados por minas antipersonal, que recibía centenares de heridos, está a punto de cerrar, pues hace meses no ingresa nadie”.
La reducción de la violencia armada relacionada con el choque entre las FARC y el Estado es evidente y positiva; sin embargo, se ha dejado el paso libre a otros tipos de violencias: “Aunque es innegable la reducción de acciones violentas, homicidios y desplazamientos en varias zonas del país donde antes la confrontación armada marcaba la vida diaria, a ocho meses de la firma del acuerdo, el panorama no es muy alentador. La salida de las FARC de los territorios ha dejado un ‘vacío de Poder’ allí donde el grupo guerrillero fungía como autoridad militar, social, política y económica”. El estudio pormenorizado se atreve a categorizar las ‘ocupaciones’ territoriales en los territorios postfarc: zonas con ocupación o expansión del ELN, con ocupación o expansión de Grupos Armados Organizados herederos del paramilitarismo, de presencia de expresiones de “disidencias” de las FARC, de anarquía criminal y, de forma casi anecdótica, zonas en proceso de consolidación estatal. El informe explica que “la salida de las FARC del escenario bélico de las regiones no generó cambios trascendentales en las dinámicas de la ilegalidad. Al contrario, parece que la salida de las Farc generó una especie de auge de la anarquía criminal y de Grupos Armados Organizados que cometen una serie de violaciones a los DDHH”.
Acuerdos hechos trizas
Si la “anarquía criminal” y el avance de los Grupos Armados Organizados en los territorios desocupados por las FARC quita el sueño a Paz y Reconciliación, hay otros elementos del acuerdo que activan el semáforo rojo de la Fundación. En especial, la falta de avances en la aplicación de la Ley de Amnistías, la falta de diseño de una estrategia de justicia para las zonas postfarc, la persecución a líderes sociales (uno asesinado cada cuatro días y uno amenazado, cada dos), los avances mínimos en procesos de reintegración de los guerrilleros, y la situación de inseguridad de los ex guerrilleros y sus familias (ya han sido asesinados 5).
El informe también expresa su preocupación porque el 90% de los acuerdos –el que no se refiere a los actores armados sino a reformas que afectan a toda la sociedad- no avanza debido a la falta de voluntad política. “La próxima legislatura será determinante para que se aprueben leyes que están en trámite como las de innovación agropecuaria, adecuación de tierras y CTEP [Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz]. Sin embargo, la cercanía de las elecciones y las posiciones aparentemente ambiguas de partidos como Cambio Radical y el Conservador sobre lo que queda por aprobar suponen un riesgo para la implementación normativa”.
Lo avanzado hasta este momento en la implementación normativa de los acuerdos se podría resumir así: “El gobierno nacional ha tramitado 15 proyectos de ley y el Presidente de la República ha emitido 64 decretos con fuerza de ley sobre distinto temas de los acuerdos de paz. De los 15 proyectos de ley o actos legislativos, dos se han retirado y seis se han aprobado: la ley de amnistía, la jurisdicción especial para la paz (JEP), voceros de las FARC en el Congreso, seguridad y estabilidad jurídica del Acuerdo Final, reincorporación política y estatuto de la oposición. En este momento se encuentran en trámite los proyectos de innovación agropecuaria, adecuación de tierras, sistema general de regalías, reforma política y electoral, circunscripciones especiales transitorias de paz, Unidad Nacional de Protección, administración de justicia y monopolio de las armas por parte del Estado”.
El informe alerta de que “la próxima legislatura, última de los actuales senadores, estará marcada por el desarrollo de las campañas electorales en las que la reelección o el apoyo a copartidarios ha ocupado tradicionalmente gran parte del tiempo de los senadores, otro elemento que retrasa el trámite de las leyes vía fast track. Bajo esta perspectiva de escasa disposición política y cercanía del evento electoral es difícil que proyectos como el de reforma política que modifica las reglas de juego de la competencia electoral, incluso desde 2018, prosperen en el Congreso”.
Los analistas abordan con detalle los aspectos legales de la reforma rural integral o de la implementación de la ley de Amnistía y llaman la atención al país sobre el desánimo que cunde entre parte de la sociedad civil que habita los territorios en disputa y entre los guerrilleros; “los atrasos [en la ley de amnistía] han causado un impacto importante en la militancia guerrillera, ya que se habla de traición del gobierno y de inseguridad jurídica”.
Los territorios donde la guerra habitó los últimos 50 años son los más vulnerables y las organizaciones que suscriben el informe recuerdan que “para hacer frente a los procesos de reconfiguración de la criminalidad, es necesario que la institucionalidad y las promesas del acuerdo de paz puedan ser territorializadas y su implementación sirva como escudo a los esfuerzos de expansión de las organizaciones criminales. Se debe recordar que la agenda del proceso de paz no tiene como único eje el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de los excombatientes. El acuerdo es mucho más que eso, es la oportunidad para transformar las condiciones de exclusión y olvido del campo colombiano, abrir espacios de apertura democrática y construir relatos que contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Los avances en estos tres elementos permitirán mitigar la expansión de las organizaciones criminales y resignificará la construcción del Estado desde el nivel local”.
