Crímenes de Estado,
las víctimas olvidadas
El falso positivo
Los disparos hicieron que Clara Inés Bocanegra Campos se sobresaltara. Era la mañana del 24 de enero de 2008 en la vereda Mesetas del municipio de San Antonio, Tolima.
Ese día Clara Inés estaba enferma y se encontraba acostada en la cama pasando su malestar esperando que Israel González, su esposo, terminara de preparar el desayuno. Desde la habitación ella escuchaba como él cantaba.
Pasó un rato en el que no lo volvió a escuchar y luego oyó el traqueteo de un arma cerca de su finca. Asustada, Clara Inés llamó a Israel pero este no le contestó, así que decidió levantarse de la cama. Salió de la pieza y los buscó en la cocina pero no estaba, entonces, fue hasta el patio de la casa y no lo vio por ningún lado.
Estando allí sonaron más disparos. Parada desde el patio pudo ver que en una montaña cercana estaban tres hombres vestidos de camuflado. Atemorizada entró nuevamente a la casa y se encerró en su habitación.
Clara Inés seguía esperando a que Israel apareciera. Al ver que no llegaba fue hasta la casa de su hija Ángela y entre las dos lo buscaron infructuosamente alrededor de la finca. Preguntaron a los vecinos pero nadie lo había visto esa mañana, lo que sí les comentaron fue sobre la presencia del Ejército en la zona.
Mientras seguían con la búsqueda se encontraron en el camino a dos soldados al tiempo que vieron cómo un helicóptero aterrizaba en el sector. A Israel parecía que la tierra se lo hubiera tragado, así que Clara Inés y su hija a pesar de la angustia por la extraña desaparición no les quedó más remedio que regresar a la casa a esperar. Se fue el día e Israel no apareció.
“A las 22:00 horas inició la búsqueda y provocación en el área general de la vereda, teniéndose enfrentamiento armado el 24 de enero de 2008 a las 7:15 (am) horas con los subversivos de la cuadrilla XXI de las Farc, durante un tiempo aproximadamente de 15 minutos, donde resultó muerto en combate un hombre que además, portaba un arma corta, una granada y un radio de comunicación”, esa era la información consignada en el informe que los militares del pelotón fugaz #3 del batallón de infantería No. 17 General Domingo Caicedo hicieron tras realizar la operación ‘Francia’, misión táctica No. 024/BR6-BICAI S3- OP-375.
Después de un día de búsqueda Israel apareció como N.N en el batallón Caicedo, no llevaba su habitual ropa con la que salía a arar la tierra sino que estaba vestido con prendas de uso privativo de las fuerzas militares.
Los disparos que rompieron la calma de Clara Inés esa mañana mientras se encontraba enferma en su cama fueron los que impactaron en el cuerpo de su esposo y le quitaron la vida. Sin saberlo, los soldados que encontró en el camino eran quizás los que habían disparado contra Israel. En un abrir y cerrar de ojos el hombre que ese día le preparaba el desayuno pasó a ser un guerrillero experto en explosivos según el Ejército.
Era 2008, el año en el que 19 jóvenes habían desaparecido de Soacha y luego aparecido en distintos lugares como dados de baja en combate. Fue el año en el que se destapó el macabro escándalo conocido como los “falsos positivos”, una serie de crímenes de Estado ejecutados por las brigadas del Ejército de Colombia que se convirtieron en una práctica habitual entre 2002 y 2009, cobrando la vida de más de 3.000 personas.
A las víctimas las vestían de camuflado, les colocaban armas y presentaban como guerrilleros dados de baja en operaciones militares, algo que para Human Rights Watch es “uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas”, según el informe de la ONG El rol de los altos mandos en falsos positivos. (Descargar el informe completo)
Israel González era un líder de azadón y machete al cinto, labriego de las nobles causas, cultivador del sueño de un país justo para los campesinos, eso en una zona roja, en una zona de influencia guerrillera, bajo la lupa de la estrategia de lucha contrainsurgente implementada en Colombia desde principios de 1960, equivalía a que ser guerrillero.
La estrategia oculta
Después de casi seis décadas, en Colombia el nombre de William P. Yarborough no tiene mayor relevancia, sin embargo, en la historia del conflicto armado del país ese nombre es clave.
El general visitó Colombia en 1962 junto a un grupo de militares estadounidenses. Para ese momento, Yarborough se desempeñaba como director de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg y luego de la visita recomendó a Colombia “seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión”, así, los consejos del general le abrían paso a la implementación de la estrategia paramilitar en connivencia con el Estado.
El miedo al comunismo hizo que en el país se emprendiera una cruzada en contra de todos aquellos que se declararan en oposición al Estado, una persecución que se tradujo en crímenes cometidos por “agentes directos y agentes indirectos del Estado”, como explica el padre jesuita Javier Giraldo, miembro del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).
Cuando el padre Giraldo habla de “agentes indirectos” se refiere a los grupos paramilitares que desde la década del 60 han operado bajo la mirada y el silencio cómplice de la institucionalidad. Según Giraldo, el mayor apoyo que pueden haber recibido “es no perseguirlos, no judicializarlos”, por eso para él deben ser considerados como “agentes indirectos del Estado”.
Lista de crímenes
La falta de acción en contra del paramilitarismo permitió que estos cometieran, entre otras violaciones a los derechos humanos, 8.903 asesinatos selectivos, 1.196 masacres con 7.160 muertos, 13.562 desapariciones forzadas, 1.530 víctimas de sevicia y tortura, 344 casos de violencia sexual, crímenes perpetrados entre 1958 y 2012, según lo documentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
La estrategia de lucha antisubversiva, en el marco del programa Alianza para el Progreso implementado en Latinoamérica por Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo, hizo que los fusiles del Estado apuntaran contra los movimientos sociales, dirigentes de izquierda y activistas de derechos humanos.
«Parte del proceso de crímenes de Estado es negar la autoría de los crímenes, negar la existencia de las víctimas, negar la perpetración de millones de hechos»
El CNMH logró identificar que en más de medio siglo de conflicto armado los crímenes ejecutados por el Estado a través de la fuerza pública dejaron 2.399 asesinatos selectivos, 870 muertos en 158 masacres, 57 casos de tortura y sevicia, 2.368 desapariciones forzadas, entre otros.
Esas víctimas han sido producto de una sistematicidad y de un modus operandi que puso en la mira a los movimientos sociales, líderes sociales, militantes de izquierda, defensores de derechos humanos y en general “personas que insisten, que quieren, que se ponen en contra de su modelo político”, explica Fabián Laverde, defensor de derechos humanos e integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Los olvidados
La tarde del 27 de septiembre de 2016, cuando las FARC y el Gobierno firmaron en Cartagena el Acuerdo Final de Paz, se habló de las víctimas pero no de todas. Como si unas importaran más que otras, ese día se hizo memoria para rescatar del olvido a todas aquellas a quienes el grupo insurgente había despojado de su humanidad; las secuestradas, las asesinadas.
Durante el histórico día, los medios se cargaron de hacer recordar los hechos del Club El Nogal, a los diputados del Valle, a los militares prisioneros por más de 10 años en la selva, los pueblos destruidos en ataques guerrilleros y un rosario más de los actos cometidos por las FARC en 52 años de lucha guerrillera.
Contrastaba que en la geografía de la guerra de más de 50 años en Colombia se eliminaban del mapa a esas víctimas a quienes la violencia sociopolítica, ejecutada de manera directa por la fuerza pública o por el paramilitarismo, les había arrebatado la vida.
No hubo especiales, ni entrevistas a familiares, ni pantallas de televisión para traer a la memoria a Manuel Cepeda Vargas, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, José Antequera, a los más de 3.000 militantes de la Unión Patriótica (UP) asesinados, a los jóvenes de Soacha desaparecidos y asesinados por el Ejército y presentados como falsos positivos, o a aquellos que el Ejército desapareció en la retoma del Palacio de Justicia.
Eran las mismas historias que por años han sido silenciadas, invisibilizadas, que no han caído en el olvido porque sus familiares y organizaciones de víctimas se han empeñado en buscar por décadas, en una lucha incesante, un poco de justicia que alivie el dolor.
Son miles los que siguen clamando justicia, esa que en muchos casos aún no ha llegado y que en otros ha tardado décadas para encontrar algo de verdad. Después de al menos tres décadas acompañado a las víctimas, el padre Javier Giraldo ha perdido la fe en la justicia colombiana porque, con suficientes razones, considera que la tenemos aquí, “es una justicia demasiado manipulada, demasiado corrupta, donde los hechos que se logran esclarecer se cuentan en los dedos de la mano”.
Mantener a esas víctimas en el anonimato en el lado oscuro de la guerra, ha sido parte integral de la estrategia que el Estado, recurriendo a la impunidad, a la mentira, a la distorsión de los acontecimientos para impedir el acceso a la verdad histórica porque “parte del proceso de crímenes de Estado es negar la autoría de los crímenes, negar la existencia de las víctimas, negar la perpetración de millones de hechos, que conforman en algunos casos genocidios”, así lo considera el senador Iván Cepeda, a quien en 1994 el Ejército le asesinó a su padre, Manuel Cepeda Vargas, quien se desempeñaba como senador de la UP. Ese asesinato fue considerado en el 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un crimen de Estado.
Una oportunidad para la verdad
Por la puerta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que hace parte del sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, deberán pasar todos aquellos que en el conflicto armado hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad.
En el banquillo de los acusados no solo deberán sentarse los excombatientes de las FARC, también lo tendrán que hacer paramilitares, civiles, militares y aquellos integrantes de las instituciones del Estado involucrados en delitos tipificados en el derecho internacional.
La JEP, explica el senador Iván Cepeda, va a revisar las responsabilidades de los diferentes actores del conflicto dando prioridad al “derecho a la verdad de las víctimas en términos de no juzgar esos hechos como hechos individuales sino entenderlos como parte de lógicas y estrategias criminales que ha desarrollado estado colombiano en diversas etapas”.
Según los acuerdos alcanzados entre las FARC y el Gobierno, las víctimas están en el centro de ellos. Eso significa que por primera vez en Colombia hay una oportunidad para “reconocer a todas las víctimas del conflicto”, como lo plantea el punto cinco del Acuerdo Final de Paz.
En este contexto, el relato de todas las víctimas, sus versiones, su voz, será escuchada y deberá tener un lugar privilegiado que posibilite iluminar todos los lugares y así alcanzar la verdad que en medio siglo de conflicto armado el Estado colombiano les ha negado.
