Iglesia y política: linchamiento mediático al arzobispo de Cali

Ha sido tema de debate  la “participación del Arzobispo de Cali en política”, debido a que, sin hacer apología partidista de ninguna orientación, criticó la manipulación que ejercen algunos medios de comunicación en el contexto electoral. Esto generó que un medio regional se diera por aludido, señalara que “es lo más grave que hemos visto en mucho tiempo en Cali”, e invitara al “arzobispo de Cali a que deje sus hábitos si quiere dedicarse a la política”. Hecho noticioso al que le hicieron eco los medios nacionales.

Al respecto, es pertinente analizar que la relación entre religión y política es un hecho inevitable en tanto que las religiones son instituciones que congregan de manera regular a poblaciones y generan discursos que impactan en dichas feligresías para su actuación en la sociedad, lo cual es eminentemente una acción política, porque cohesiona a un colectivo alrededor de propósitos  movilizadores.

En Colombia es una práctica inveterada la íntima relación entre la Iglesia católica y el ejercicio del poder del Estado, cuya  raíz está en la acción colonial del sistema de Patronato Regio, que fundía los dos poderes (Eclesiástico  e Imperial de la corona española), hasta el punto de llegar a tener un arzobispo y virrey, Caballero y Góngora, en Santafé de Bogotá.

Tal vínculo de Iglesia y política se puso de manifiesto a lo largo del siglo XIX, ya fuera para ser perseguida por las corrientes liberales ante el ataque de eclesiásticos o para concederle prebendas cuando el control lo asumía el conservatismo.  Esta última práctica se mantuvo a lo largo del siglo XX cuando a la Iglesia se le entregó control y poderes político-administrativos sobre vastos territorios que eran considerados habitados por poblaciones de “infieles” que debían ser incorporadas al proyecto de Estado-Nación.  Dicho pacto produjo la alianza de la Iglesia Católica con el establecimiento sin importar si el gobierno fuese de conservadores o liberales.

Posteriormente, finalizando los años 60’, surge un movimiento crítico al interior de la Iglesia católica conocido como “Iglesia de los Pobres”, que promovía la creación de Comunidades Eclesiales de Base y desarrolló un pensamiento latinoamericano expresado en la Teología de la Liberación, que basa su actuación en la relación entre fe y política, en cuanto interpretan el Evangelio y la Biblia en su conjunto en clave de superación de las injusticias y las opresiones mediante acciones liberadoras, lo cual implica una crítica al establecimiento  y por ende a la misma jerarquía eclesiástica articulada a ese poder, lo que se conoce como “modelo de cristiandad”. A este movimiento de “cristianismo liberador” se le ha perseguido con la estigmatización de ser promotores de subversión y revolución.

Con la Constitución Política de 1991 se declaró la separación plena entre Iglesia y Estado, se proclamó un Estado laico, dando paso a la consolidación de la libertad religiosa y a la no intromisión de la religión en las definiciones de lo público, esto es, en las leyes y actos administrativos.  No obstante, luego de 28 años de esta definición constitucional, el país ha sido espectador de la participación más activa de la religión en política, con la gran diferencia de la ampliación del espectro, pues se acabó la hegemonía católica al abrirse el espacio a muchas otras denominaciones religiosas, quienes, incluso, han constituido partidos políticos propios.

Otra expresión de relación entre religión y política se dio alrededor del plebiscito de 2016 sobre el acuerdo de paz. El discurso religioso de un amplio sector de las iglesias no católicas se fundamentó en difundir falsa información para presentar artificios inexistentes frente al Acuerdo de Paz, como la supuesta “ideología de género”, haciendo una abierta opción política ultraconservadora y en contra de un proyecto de país democrático. Escenario en el que la Iglesia católica se dividió en su accionar político, algunos promovieron dicho discurso engañoso, otros entraron a apostarle a la pedagogía de paz y promover un voto responsable y desde sus altas directivas mantuvieron una aparente neutralidad de espalda a la necesidad del país de “dar el primer paso”.

Por todo lo anterior, las injurias que se expresaron contra el Arzobispo de Cali, sustentadas en que se “estaba metiendo en política”, no tienen validez, pues los discursos religiosos siempre serán políticos, no necesariamente partidistas, así como también lo es el silencio complaciente ante las injusticias. Es evidente que cuando se apoya a las élites en el poder son bienvenidos, pero cuando las cuestionan con argumentos sólidos  son rechazadas y vilipendiadas.

Los directivos religiosos no son funcionarios públicos y pueden opinar en política porque tienen los mismos derechos constitucionales para ejercer su ciudadanía. El asunto es si estamos o no de acuerdo con sus opiniones, pero no se puede recurrir al falso argumento de la no intromisión en política para acallarlos.

Lo realmente reprochable de los medios de comunicación fue que desconocieron el contexto en el que el Arzobispo realizó estos pronunciamientos, es decir “la jornada por la vida y por la paz del Pacífico y Suroccidente” promovida por la Iglesia Católica de la región, organizaciones sociales y étnico territoriales que se movilizaron para exigir el respeto a la vida de las comunidades y sus líderes, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y gestos concretos de paz por parte de los actores armados, entre otros temas.

En su afán de generar un linchamiento mediático hacia el Arzobispo de Cali muchos medios de comunicación una vez más se parcializaron, le dieron voz solo a quienes lo atacaron y faltaron al rigor informativo de contrastar fuentes, contrario a lo esperado también despertó una amplia solidaridad hacia la Arzobispo Monsalve porque se le reconoce como hombre constructor de paz.

• Antropólogo, teólogo y doctor en Antropología. Exdirectivo de la UNICLARETIANA. Acompañante por más de 25 años a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en el Pacífico. En la actualidad Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y miembro del Comité Coordinador de la Coordinación Regional del Pacífico.