El estado (colonial) sí llegó a Bojayá

Hay un mito fundacional de algunos colectivos en Colombia: la presencia del estado debería traer bienestar, derechos, seguridad e, incluso, futuro. Hay pruebas suficientes en Ciudad Bolívar, en el Cauca, en el Valle o en Magdalena para afirmar que eso no es así. Pero este artículo va por otro lado.

En el Chocó se suele denunciar la “ausencia del Estado”.  De hecho, leo un columna que se titula así: el ‘Estado nunca llegó a Bojayá’. El mito suele estar aderezado de palabras como ‘olvido’, ‘abandono’…

Yo defiendo que el Estado colombiano siempre ha hecho presencia en el Chocó, así como en el resto del país, pero su presencia ha sido colonial. Es decir, la República, controlada por un puñado de familias (de sangre y políticas) blancas (o blanqueadas, que para los hechos es lo mismo) que han gobernado el país desde barrios concretos de Bogotá, Medellín o Cali (podríamos sumar otros barrios similares de otras ciudades) ha continuado el modelo colonial dejado por los españoles una vez que las tropas realistas fueron derrotadas.

Ese sistema ha combinado varias estrategias:

• Gamonalismo. Es un modelo de ejercicio del poder a través de lo que el peruano Manuel González Prada denominaba como la trinidad embrutecedora: sacerdote, terrateniente y abogado. También podríamos definirlo como el complejo sistema por el que el Estado central controla el territorio a través de gamonales (señores territoriales que acumulan un excesivo poder económico y administrativo) que, mediante el despojo y la violencia controlan grandes porciones del país a cambio de ser testaferros del poder blanco bogotano. Cuando no hay gamonales, se fabrican con esmero a la sombra de una sotana. Por eso el Estado colombiano entregó a las misiones católicas la “civilización” de aquellas zonas en las que no había gamonales o los que había no eran de confianza. Lo sustentó, primero, en la Ley 89 de 1890, resultado del concordato entre el estado de Colombia y el Vaticano de 1877, que abrió la puerta al control territorial y social de la Iglesia católica para extender la frontera colonial que la Bogotá criolla no podía asumir. Después, el Convenio de Misiones de 1902, que le entrega a las órdenes religiosas dos tercera partes del territorio nacional, incluido el Chocó. Ese convenio fue ‘renovado’ en 1953 y estuvo vigente hasta 1974.
• Extractivismo: el aparato militar y económico del Estado siempre ha tenido presencia en el Chocó pero con un objetivo similar al de los colonizadores españoles que guerrearon con los embera: explotar los minerales y la madera de este rico departamento. Al igual que en la Colonia, la clave de esta presencia es el terra nullius, principio jurídico muy conveniente para conquistadores varios, que define que aquellas tierras ‘vacías’, ‘sin propietarios’, son explotables para beneficio de la colonia. Así vio siempre el Estado al Chocó y el equilibrio colonial se mantuvo sin muchos sobresaltos desde la captura y desmembramiento del líder embera Quirubidá, en 1687, hasta que las comunidades negras e indígenas se organizaron al albur de la Constitución de 1991 para reclamar la titulación de las tierras colectivas. El Estado se ‘despistó’ y el 96% de las tierras chocoanas quedó bajo este tipo de titulación… Cuando se empezaron a registrar los primeros Títulos de Comunidades Negras comenzó el salvaje asalto militar y paramilitar a Riosucio y a las cuencas del Cacarica o del Murindó.
• Vaciamiento: desde que, a finales de 1996, comenzó la ‘segunda conquista’ del Chocó, el Estado se ha esforzado por ‘vaciar’ de gente estas ‘terra nullius’ que sí tienen propietarios. Si no están, es más fácil explotarlas, sin necesidad de tener un título de propiedad que en estos territorios de colonia no son tan necesarios. A diciembre de 2017, Quibdó ya registraba la recepción de 94.175 personas desplazadas forzadas, lo que equivaldría al 20% de toda la población chocoana. Si alguien fuera capaz de sumar a esa cifra la de los chocoanos y chocoanas que se han desplazado a Antioquia, Bogotá o al Eje Cafetero podríamos estar hablando de que la mitad de las personas del Departamento han sido forzadas a abandonar sus lugares de origen. El vaciamiento no cesa y la violencia empuja a salir o mata por confinamiento. En 2019 aumentaron los casos de comunidades confinadas un 44% respecto a 2018, según Naciones Unidas, que también recuerda que sólo entre enero y agosto de 2019, el 36% de toda la población que habita el Chocó fue víctima de algún hecho violento relacionado con el conflicto armado.
• Militarización: la respuesta del Estado a los problemas del Chocó ha sido doble. Por una parte, se acusa a los propios chocoanos de malos gestores, de corruptos y se muestra a la población como gente infantilizada sin capacidad de gestionar sus territorios y necesitados de expertos de afuera. Es decir, igual que la Colonia trataba a todos sus ‘súbditos’. La segunda, muy relacionada con la primera, es la militarización. Es decir, ante la imposibilidad de controlar a poblaciones tan ‘salvajes’ y poco ‘civilizadas’, mejor pongamos orden. Eso sí, un orden selectivo. La Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que comenzó en 2004 con 2.500 hombres, suma hoy diez veces más (25.000), pero parece incapaz de controlar, por ejemplo, a los 200 o 300 paramilitares que aterrorizan a las comunidades del río Bojayá. La Armada y el Ejército están y son visibles, pero más para la población que para los grupos armados.
• Cosificación: Las personas son cosas, estadísticas, residuos, pero no seres humanos. Bojayá y sus comunidades son un buen ejemplo de ello, pero también otros municipios del Chocó (¡o del país!). No hay empleo, no se les permite cultivar o pescar (los enfrentamientos y la presencia de los armados se combinan con la falta de mercados y la dificultad de los transportes), no hay inversión para dar seguridad humana (Pogue lleva lustros pidiendo el traslado de la comunidad por el altísimo riesgo de derrumbes), el sistema de salud es inexistente (donde “no hay” personas no hacen falta médicos) y todo aquel que piense y hable (es decir los liderazgos) es manejado como un fallo del sistema, una anomalía a extirpar o a amedrentar.

El Estado siempre ha estado en el Chocó y en Quibdó existen todos los síntomas externos del mismo: juzgados, universidades, Unidad de Víctimas o Defensoría del Pueblo, Fiscalía o INPEC, Policía o algo parecido a un hospital, pero todo, todo, tiene el terrible enfoque colonial que perpetúa la desigualdad, deshumaniza a las personas colonizadas y despoja al territorio de sus riquezas y bondades mientras queden disponibles para la angurria nacional y multinacional. Hasta que no cambie esa estructura colonial del poder bogotano la presencia del Estado no será una bendición, sino la maldición que conocen tan bien en Caimanero, en La Loma, en Pogue, en Quibdó o en Riosucio.

**Paco Gómez Nadal es periodista y ensayista. Coordina Colombia Plural.