Salud Hernández o cómo culpabilizar a las comunidades de la inacción del Estado

Que Salud Hernández utiliza las mismas gafas que las élites más conservadoras de Colombia no es noticia -es de las personas más retuiteadas por Álvaro Uribe-. La periodista, que presume de fustigar a las oligarquías, es la viva voz del Ejército y de un sector del uribismo y su última columna sobre las comunidades del río Bojayá así lo demuestra.

Según la opinadora, que ha vilipendiado a media Colombia y a quien nadie le recuerda ya su prólogo del libro hagio-autográfico de Carlos Castaño, la responsabilidad de garantizar la seguridad del río Bojayá no es de las Fuerzas Militares, no de la inmensa y costosa Fuerza de Tarea Conjunta Titán, sino de los propios pobladores. En el texto titulado ‘A un flamante senador’ –en referencia al ex comandante de las FARC Benkos-, Hernández asegura: “Aunque el Ejército incremente su presencia, no será fácil pacificar la región. Requieren de la colaboración de los indígenas, pero si los embera cooperan con los uniformados, los pueden asesinar cualquiera de los dos bandos”.

Más allá del uso del término ‘pacificar’ -el preferido del ex general Rito Alejo del Río, el ‘pacificador de Urabá homenajeado por el uribismo-, Hernández anima a colaborar a Benkos (Israel Zúñiga), el que, “para comenzar, podría ayudar al Ejército a señalar los trayectos que seguro utilizan las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y el ELN para moverse frescos por el extenso municipio de Bojayá”. Claro, es normal que Fuerza de Tarea Conjunta no tenga es información porque los miembros de la Armada apostados cerca de la confluencia entre el Bojayá y el Atrato están demasiado ocupados pidiendo la cédula a los civiles que son víctimas de esta guerra en la que las Fuerzas Militares son identificadas por la gente como un actor armado más.

La periodista pide soluciones a los habitantes que, por supuesto, son ignorantes: “Pregunté a diferentes líderes qué puede hacer el Estado para protegerlos, y no supieron qué decir”. Por si faltaba algo, son ellos, “los líderes” los que deben decidir sin dan permiso o no al Ejército para entrar a sus comunidades –algo tan falso como peligroso de afirmar-: “Imposible permitir la presencia permanente del Ejército en sus territorios y si solo están de paso, los grupos se limitan a esperar que se vayan para regresar”.

Lo que Salud Hernández propone es un acuerdo nacional para poder bombardear sin miedo a ‘meter la pata’ con eso de los derechos humanos: “Duque y la cúpula castrense deberán decidir si merece la pena actuar con contundencia asumiendo el riesgo de que haya niños entre las posibles bajas y, en caso de seguir adelante, cómo protegerán judicialmente al oficial que imparta las órdenes. Sería necesario alcanzar un consenso nacional porque es de hipócritas poner el grito en el cielo y exigir la actuación de las FFMM, y después acusarles de asesinos si mueren menores en la misión”.

En fin, que a la columnista no le parece que haya nada que hacer en Bojayá excepto bombardear; es decir, pacificar. No cuestiona que policía y ejército estén justo donde no hay grupos armados, ni critica la eficiencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, no se escandaliza porque los soldados hayan introducido la droga en el nuevo Bellavista o que, por primera vez, se registren casos de prostitución con chicas menores de edad porque hay uniformados que lo pagan. Tampoco se pregunta por qué el Ejército llegó a Pogue a principios de año cuando ya no había paramilitares y no se le ocurrió desplazarse unos kilómetros a La Loma o a Caimanero, donde probablemente sí se hubieran encontrado con las tropas paramilitares. Para ella, que hace un totum revolutum intencional en su texto, el temilla de la connivencia militar-paramilitar se resuelve así: “El Gobierno debe empezar por seleccionar bien a sus mandos medios en el terreno para evitar alianzas criminales con las AGC. Para nadie es un secreto que sin manzanas podridas entre los uniformados, jueces y fiscales, nunca florecería el narcotráfico”.

La carga de la prueba que debería recaer en el Estado, Salud Hernández la deposita –eso sí, con mucha empatía- en las comunidades. Ya se sabe… esos indígenas y líderes que no permiten la presencia del Ejército o que no ayudan a la heroica tropa por miedo a los actores en conflicto. A veces uno no sabe si las columnas de Hernández pecan de bogotanismo-españolismo ilustrado o de intencional malicia.

Bueno es recordarle que las comunidades y sus líderes fueron las que pidieron la intervención del Estado en 2002 ante la inminencia de los choques entre las FARC y los paramilitares de las AUC y no encontraron respuesta; las comunidades y sus líderes –como los periodistas que estábamos allí- fueron testigas de cómo las Fuerzas Militares intervinieron en Bellavista sólo para facilitar la huida de los hombres de El Alemán; las comunidades y sus líderes son las que han gestionado los actos de perdón de las FARC o la identificación correcta y la devolución de los restos de las víctimas de la masacre de Bojayá 17 años después ante la negligencia del Estado; las comunidades y sus líderes son las que llevan meses pidiendo otra vez la intervención del estado ante la pasividad activa de las Fuerzas Militares en el territorio; la comunidad y sus líderes, junto a la Iglesia católica, organismos internacionales y ONGS, son las que han ido una y otra vez a Quito, primero, y a La Habana, después, para exigirle al ELN un acuerdo humanitario que permitiera la vida en Bojayá y en el resto del Chocó…

Lo último que se puede pedir a indígenas y afros del río Bojayá es que hagan de guías o de informantes –que es lo que sugiere Salud Hernández- cuando su país, sus instituciones y algunos de sus periodistas no mueven ni un dedo para ayudarles.

Lo cierto es que leído el titular, es evidente que lo de Bojayá sólo le sirve a la autora para darle candela a Benkos y así seguir su cruzada en contra de los acuerdos de paz suscritos con las FARC. No se pregunta por qué el Estado no ocupó el inmenso territorio abandonado por Benkos y los suyos en cumplimiento del acuerdo de paz, no acusa al Ejército de dejación de funciones ni al Gobierno Nacional de abandono de sus conciudadanos. Eso sería pedir demasiado. Es mejor seguir culpabilizando a las víctimas de su propia situación.