Los algo más de 2.700 habitantes (DANE, proyección 2026) del hermoso municipio de Chamezá (Casanare) no dejan de ser atacados, victimizados. Después de vivir en los años 80 bajo el gobierno ilegal de las FARC, de asistir y poner víctimas en el enfrentamiento entre esa guerrilla y la del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de sufrir la violenta militarización del territorio, y de perder a decenas de vecinos y vecinas que fueron desaparecidos forzadamente o ejecutados extrajudicialmente durante la arremetida de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) a principios de los 2000, ahora ven como los pocos actos de memoria que formaban parte de la reparación simbólica debida, también son borrados.
En 2025, el mural «Nuestras montañas guardan nuestra historia», uno de los tres realizados por la comunidad junto al colectivo Berigerarte y conel apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), fue borrado en su totalidad y cubierto con pintura blanca por la administración municipal. Ahora, y tras una advertencia el pasado 6 de agosto de 2026, se han borrado los otros dos murales — “Recuerdo” y «Nuestros desaparecidos»— porque la alcaldía argumenta que se veían “muy feos” y que no hay recursos para mantenerlos. En la foto principal de esta nota se pueden observar las tres paredes intervenidas con pintura blanca hasta eliminar los murales.
Ahora, según denuncian los colectivos de víctimas se quiere terminar de borrar una memoria que, además, forma parte de las medidas de reparación colectiva a Chamezá como sujeto colectivo ya que, tal y como indica la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), se registran al menos 47 personas desaparecidas forzadas. “Asimismo, existen decisiones de reparación donde el Estado debe pedir perdón y garantizar monumentos y espacios para mantener viva la memoria. Borrar estos murales perpetua la estigmatización que históricamente sufrieron nuestros familiares”.
En un comunicado hecho público esta semana, colectivos como Equitas, Fundación Nicolás Neira, Colectivo Popular Carlos A. Pedraza Salcedo., Caso 82 Colectivo y la Campaña contra la Brutalidad Policial, han señalado que el intento de borrar la memoria de Chamezá se enmarca en un contexto de “incremento de prácticas de censura, negacionismo y memoricidio que amenazan los procesos de memoria histórica y reparación simbólica en distintas regiones del país”.
Fue en 2016 cuando nació la iniciativa de memoria «Memorias en CreAcción para la no repetición«, financiada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y desarrollada conjuntamente entre familiares de víctimas de desaparición forzada, el Colectivo BeligerArte, un grupo de estudiantes del I.E.José Antonio Galán.
Según describía en 2016 el Centro Nacional de Memoria Histórica, “en el Día de la vida y la paz en Chámeza, y el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, 20 familias se reunieron para la recuperación de la identidad y la memoria de sus seres queridos. Para ellos, el reconocimiento de la historia reciente debe aportar en la comprensión del conflicto, y de la desaparición forzada como un hecho que no solo afecta a las víctimas y sus familiares, sino al conjunto de la población”. Y es que, tal y como se indica en el libro Memoria de la sal que nos dio la vida (CNMH, 2020), “en la dimensión colectiva el daño generado [en Chamezá] ha sido generacional. La mayoría de las personas que para la época eran líderes sociales en sus veredas desaparecieron. Se perdió en un alto porcentaje la memoria histórica de los adultos que conocían lo sucedido en la década de los cincuenta. Se desvirtuó y señaló de forma negativa el trabajo comunitario, razón por la cual durante años no hubo nuevos líderes en la comunidad”.
Del proceso de 2016 surgieron tres murales ubicados en el coliseo de la Institución Educativa José Antonio Galán, los cuales albergaban los rostros, nombres, símbolos y expresiones artísticas construidas por la propia comunidad para honrar a sus seres queridos. Según describe la propia comunidad, el mural «Recuerdo» estaba centrado en la palabra más repetida por las familias y los niños durante los talleres; el conocido como “Nuestras montañas guardan nuestra historia” se refiere a un paisaje de Chámeza que refleja la naturaleza y la identidad campesina de sus seres queridos desaparecidos; y el tercer mural —“Nuestros desaparecidos”— incluía los rostros dibujados de las personas desaparecidas, acompañados por un corazón central como símbolo de amor y resistencia.
Pese a que las familias expresaron previamente y de manera formal —hicieron un derecho de petición el pasado 19 de agosto— su preocupación por la preservación de estas obras, la Alcaldía Municipal de Chámeza procedió a borrar en su totalidad los murales, “sin abrir un espacio previo de diálogo, concertación o evaluación de alternativas”.
Las organizaciones que han firmado el llamado de solidaridad con las víctimas de este municipio de Casanare aseguran que “lo ocurrido en Chámeza no es un hecho aislado. Nos preocupa profundamente cómo el clima político actual y los nuevos giros discursivos en distintas instituciones del orden municipal, departamental y nacional han propiciado una paulatina invisibilización, censura y cuestionamiento a los símbolos de memoria en el espacio público e institucional. El borrado de muros, la desfinanciación de iniciativas artísticas de base y la desestimación del dolor de las familias constituyen formas de violencia simbólica y memoricidio. Cuando una administración borra una obra artística construida por las víctimas, no solo cubre pintura sobre pared, intenta borrar la memoria de los territorios y silenciar parte de la historia”.
Chamezá, uno de los pocos municipios de Casanare que no vive ni se beneficia de la extracción de petróleo fue considerado por las guerrillas como un emplazamiento estratégico y los años de presencia de estas significó una fuerte estigmatización de la población civil que luego fue durísimamente golpeada por el paramilitarismo. Como reconoce el CNMH, “el período más violento para los chamezanos y chamezanas, entre los años 2000 y 2004, con la incursión en firme de los paramilitares de las ACC” que, según todas las pruebas, contaron con la complicidad de las Fuerzas Militares. De hecho, una sentencia del 18 de noviembre de 2024 del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal estableció la responsabilidad de la Nación por estos violentos hechos y de ahí las medidas de reparación, entre las que estaban los murales.
