Cuando la gente se apropia de la paz
Matildito era un señor que navegaba por el Atrato de caserío en caserío vendiendo ropa. Lo bajaron de la panga en San Miguel, entre Buchadó y Vigía del Fuerte, y lo ajusticiaron a pesar de que la gente del pueblo salió a defenderlo. Todo esto lo vio Alexis Cuesta, veterano directivo de la COCOMACIA que ahora recuerda cómo en ese noviembre de 2003, hace ya 16 años, fueron las comunidades las que se enfrentaron a los grupos armados para romper el bloqueo impuesto sobre el río Atrato. “Alumbraban con una linterna desde la orilla y uno sabía que tenía que arrimar el bote para la requisa, porque ahí estaban ellos”, recuerda Alexis. Los paramilitares imponían restricciones a la cantidad de comida que la gente podía transportar por el río, la guerrilla hacía retenes y requisas. A veces secuestraban algún pasajero. A veces lo mataban y lo echaban al río. Todos disparaban contra las embarcaciones que se atrevían a pasar de largo.
El Consejo Comunitario Mayor del Atrato (COCOMACIA), la Asociación de Consejos y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) y la Organización Regional Indígena Emberá – Wounaan (OREWA), tres organizaciones de la región apoyadas por la diócesis de Quibdó, impulsaron una caravana de 300 personas que bajó por el río desafiando los retenes de paramilitares y guerrilleros. La iniciativa se llamó “Atrateando: caravana por un buen trato en el río Atrato”, el propósito era destaponar el río y conseguir que se activaran de nuevo las rutas de navegación comercial que conectaban al Chocó con Turbo y Cartagena.
La caravana del “Atrateando” tuvo recibimientos masivos en Turbo y Riosucio, fue acompañada por miembros de las organizaciones y la cooperación internacional. Hubo caravanas similares en el San Juan y el Baudó. Luego la COCOMACIA comenzó a hacer el viaje rutinario cada semana en su propia embarcación cobrando sólo el costo de la gasolina para que la gente perdiera el miedo. Muy pronto “pegadas” de la lancha de la COCOMACIA fueron saliendo otras embarcaciones. “Cuando ya iban diez o doce pangas, la de nosotros no volvió a salir, así destaponamos el río” recuerda Alexis Cuesta.
La experiencia del “Atrateando” fue recordada en el marco del taller de la Agenda Eclesial de Paz del Suroccidente realizado en Tadó, Chocó, la última semana de octubre. Estos talleres, convocados desde las diócesis del suroccidente colombiano buscan impulsar una agenda de acciones y movilizaciones para rodear los acuerdos de La Habana, así como generar propuestas desde los territorios que contribuyan a la construcción de paz en el país. En Tadó había representantes de organizaciones sociales y comunitarias de las subregiones de los ríos San Juan, Atrato y del Urabá.
“Atrateando” es apenas otra más entre una larga lista de iniciativas y acciones con las que las comunidades del Pacífico han sorteado la confrontación apostándole a ese concepto tan desconocido en Bogotá que es la paz territorial. “Acá nadie tiene la palabra mágica de decir ‘la paz es así’, pero entre todos la vamos a construir. La paz no es un asunto de una campaña electoral. No la podemos construir con una sola mirada”, sostiene el antropólogo y líder social Jesús Alfonso Flórez, uno de los impulsores de la Agenda de Paz quién además ha sido acompañante de las organizaciones étnicas del Pacífico desde hace tres décadas.
Cualquiera acá podría contar la experiencia de las Comunidades de Paz, que resistieron con valentía (y muchas veces con no pocos desenlaces trágicos) el despojo de tierras en la región del Bajo Atrato y el Urabá, o la iniciativa del Acuerdo Humanitario Ya, que viajó hasta la mesa de negociaciones de Quito para exigirle al Estado y al Ejército de Liberación Nacional que desescalaran el conflicto en el Chocó, o el pacto de convivencia entre indígenas y afros en el kilómetro 18 de la vía Quibdó – Medellín que evitó una disputa por tierras, o el más reciente de todos: el acuerdo de paz para entre grupos armados para frenar los asesinatos y la violencia en Tumaco, logrado hace menos de un año con la mediación de la iglesia católica y varios líderes sociales del Puerto.
Jesús Flórez cree que estas comunidades, que llevan décadas sufriendo la guerra, también fueron pioneras cuando emprendieron estrategias novedosas y no violentas de resistir a los actores armados. “Tenemos un gran acuerdo de paz pero no se ha aterrizado en los territorios”, concluye. Y es aquí, en las regiones más apartadas y olvidadas, es donde está la clave para desentrabar la famosa paz con enfoque territorial, pero para eso hay que escuchar a las comunidades. Él mismo Jesús Flórez fue mediador de una de estas iniciativas pioneras: el pacto por la vida en la región del río Andágueda, que detuvo la matanza al interior de la comunidad de embera katíos a comienzos de los noventa en resguardo Tahamí del Alto Andágueda entre Risaralda, Antioquia y Chocó.
“Queremos crear conciencia en la sociedad civil, en todas las organizaciones e instituciones para que acompañen la implementación del acuerdo de paz y contribuyan a la construcción de paz territorial, para buscar una salida al conflicto armado”, puntualiza el sacerdote Jesús Albeiro Parra, un conocido líder social del Chocó quien también impulsa la Agenda de Paz. “En los medios de comunicación sólo salen cosas negativas: narcotráfico, asesinatos, secuestros, reclutamiento de niños, y resulta que en el Pacífico y en el Suroccidente hay muchas iniciativas de paz”, agrega Parra, “estamos precisamente en un primer encuentro para definir unos lineamientos de pactos de convivencia y diálogos sociales en los territorios”.
Precisamente durante el taller en Tadó, las diferentes delegaciones avanzaron en la elaboración de tres grandes pactos territoriales de convivencia que buscan resolver conflictos locales vigentes como la tala de madera o la minería mecanizada a gran escala, allí se incluyeron actores como empresarios, corporaciones públicas, y las mismas comunidades, que deben liderar estos procesos.
La gran expectativa es que los pactos locales que se van a construir en toda la región del Pacífico durante los próximos meses se conviertan en un insumo importante para lograr un gran acuerdo que permita resolver las causas estructurales del conflicto armado, contribuyendo a otras iniciativas como la Comisión Interétnica de la Verdad, que se propuso esclarecer los hechos del conflicto y proponer estrategias para resolver la violencia con un enfoque étnico.
En el cierre del evento, Marcial Gamboa, un misionero claretiano que ha trabajado en Tumaco y el río Atrato exclamó frente a los demás asistentes: “Hoy somos más, tenemos más diálogo, pero menos capacidad de dialogar. Cuando vamos a tocar un tema (con el gobierno) nos dicen ‘no, eso no se puede tocar’, entonces no sé hasta cuando vamos a aguantar las organizaciones, cuando otros nos la están montando en el territorio”. Quizá Marcial Gamboa también le estaba hablando al oído al gobierno, quizá estaba impugnado dos siglos de centralismo cerril que se niega a mirar hacia las regiones, que se obstina en no escuchar a las comunidades étnicas.
