El Gobierno de Colombia castiga y aterroriza con la vieja práctica de la detención-desaparición
No hay buenas noticias en materia de derechos humanos en Colombia. Quien está obligado a salvaguardarlos –el Estado- parece ser su principal violador. Los reportes de organizaciones de derechos humanos nacionales así lo demuestran, los informes que comienzan a aparecer de las organizaciones internacionales así lo ratifican.
El último es el de Human Rights Everywhere (HREV), el colectivo que develó la dimensión brutal del delito de desaparición forzada en Colombia con la Cartografía que hizo pública en 2019. Ahora, en el marco de las protestas del Paro Nacional, confiesa que cartografiar la desaparición de manifestantes es tarea “imposible”, pero sí puede apuntar “hilos” de análisis sobre lo que está pasando. Y, según los investigadores del Equipo Desaparición Forzada de HREV, lo que ocurre es que el Gobierno ha optado por la ‘vieja’ práctica de la detención-desaparición para “castigar y aterrorizar” a los manifestantes.
El Estado, a través de la Fiscalía, reconoció el pasado 10 de mayo que había 168 casos de desapariciones que habían provocado la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), sin embargo, no hay información transparente sobre las investigaciones. La opacidad oficial hace que “no sea fácil determinar el número de personas desaparecidas en el contexto de las protestas que comenzaron el 28 de abril de 2021, pero sí está confirmado que la mayoría de las que sí ha aparecido habían permanecido privadas de libertad por parte de autoridades estatales sin tener acceso a asistencia legal y sin información para sus familiares. Es decir, durante horas o días han sido detenidos-desaparecidos”.
Y este es el corazón del informe de HREV: da igual cuánto tiempo se esté en situación de detención-desaparición (sin información sobre el paradero) ni si la persona aparece viva porque el hecho es que las autoridades han utilizado un delito de lesa humanidad para infundir miedo y para castigar a los “revoltosos”. Además, los pocos informes disponibles sobre detenciones y conducciones muestran un abuso del artículo 155 del Código Nacional de Policía. Ese artículo habla del “traslado por protección” y un número importante de personas privadas de libertad lo han sido bajo este precepto. “Este artículo es muy claro sobre los casos en los que aplica y determina que, además, hay que trasladar a la persona a instalaciones municipales de protección, no de detención”, explica Fidel Mingorance, uno de los miembros del Equipo Desaparición Forzada de HREV. En su informe, la organización considera que este artículo 155 se está utilizando como disculpa legal para “detenciones ilegales”.
El otro elemento fundamental de este “informe de urgencia” es el marco jurídico interamericano que marca los estándares de la actuación del estado en un contexto de protestas sociales. Estos estándares, publicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019, dejan claro cómo y hasta dónde pueden actuar las fuerzas de seguridad. Una vez revisados por los analistas, la conclusión es clara: “el Estado colombiano ha vulnerado la inmensa mayoría de indicaciones y de jurisprudencia relacionada durante las protestas que comenzaron el 28 de abril de 2021”. Además, considera HREV que “hay suficientes evidencias sobre la vulneración de los derechos humanos por parte de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, pero también de connivencia u omisión en el caso de daños y violaciones ocasionados por terceros civiles (sean estos atribuibles a paramilitares o a ciudadanos con algún grado de organización, como se evidenció en la ciudad de Cali)”.
La organización destaca que se han podido evitar desapariciones forzadas con resultado de tortura o muerte gracias a la disputa narrativa que se ha dado en redes sociales. “Tanto las organizaciones de derechos humanos, como los familiares de las víctimas, han logrado disputarle el relato al estado y han visibilizado nacional e internacionalmente que sí se estaban produciendo desapariciones forzadas durante la represión policial de las protestas”, destaca Erik Arellana Bautista.
HREV también denuncia en su informe el uso de fuerzas militares en el control de multitudes –algo expresamente contraindicado en el marco interamericano-, la inacción y la opacidad de la Fiscalía y la Procuraduría en estos casos de desaparición forzada, y los discursos de diversas autoridades del Estado que han buscado estigmatizar a las personas que protestaban. “Llamamos la atención sobre los discursos de diferentes autoridades estatales (Presidente, vicepresidenta, ministro de Defensa, embajador de Colombia ante la OEA, entre otros) que han estigmatizado a las personas que participan en las protestas identificándolas como ‘vándalos’ y ‘terroristas’ lo que genera un ambiente propicio a los abusos policiales o de terceros”.
