El Pacífico ya construye su verdad

Antes de convertirse en amos y señores de Buenaventura, los paramilitares cercaron la ciudad con una andanada de incursiones y matanzas en las rutas estratégicas que rodean el puerto. Éver Veloza, alias HH, otrora comandante del Bloque Calima de las Autodefensas que operó en el Valle del Cauca, relató a los jueces de Justicia y Paz (la jurisdicción especial emanada del proceso de desmovilización-reconversión paramilitar impulsado por Álvaro Uribe en 2005) cómo sus hombres partieron en camiones desde Tuluá hasta Buenaventura el 11 de mayo del 2000. Cruzaron sin problemas varios retenes militares del Ejército y la Infantería de Marina, hasta llegar al paraje rural de Sabaletas, donde, lista en mano, asesinaron a trece pobladores y provocaron el desplazamiento de  3.200 campesinos. A esta incursión le siguieron en los meses y años posteriores matanzas atroces como la del río Naya, por la cual fue condenado el Estado Colombiano en 2008, o la del Bajo Calima. Mientras Buenaventura se sumía en dos décadas terribles que alcanzaron las tasas de homicidios y desplazamiento más altas del país, los empresarios portuarios acrecentaron su caudal y ampliaron sus negocios. El dinero jamás paró de correr por el puerto, que se fue llenando de megaproyectos en los mismos lugares donde antes había corrido la sangre.

¿En qué oficinas se dieron las órdenes y trazaron las estrategias? ¿Quién pagó para que los paramilitares nunca abandonaran la ciudad después de la desmovilización? ¿Cómo benefició la violencia a los grandes empresarios y multinacionales que tenían intereses en el puerto? Son algunas de las preguntas que quiere responder la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP). Este es tan sólo uno de los diez casos macro que la Comisión ha priorizado en la región, casos que abarcan todo el litoral desde Tumaco hasta el Urabá chocoano con el propósito de desentrañar las lógicas del conflicto en el Pacífico siguiendo una clave étnica y territorial. “La narración del conflicto se ha hecho desde las ciudades, ha habido una ausencia en la participación de los pueblos étnicos. Y como el conflicto traslapa en gran parte también los territorios étnicos, va a ser muy importante que en esta narrativa participen también las comunidades afectadas”, asegura Patricia Tobón Yagarí, miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que hará un empalme con la CIVP y utilizará sus insumos para la elaboración del informe final. “El Pacífico tiene una geografía, una naturaleza y una configuración histórica y cultural diferenciada”, prosigue Tobón, “eso explica por qué este territorio ha sido tan golpeado por el conflicto armado. Es un asunto que tiene que ver con la exclusión, con el racismo”.

Aquello explica, además, por qué medio centenar de organizaciones étnicas, apoyadas por las cuatro diócesis de la iglesia católica del litoral, se han dado a la tarea de conformar una comisión autónoma a la Comisión de la Verdad, que quiere “una voz propia, una apuesta enraizada y enmarcada en el territorio, el territorio es la base fundamental sobre la cual nosotros vivimos, soñamos y nos recreamos, pero fue violentado”. Así lo resume Orlando Pantoja, líder de los Consejos Comunitarios Afrocolombianos de la Costa Caucana, quien apunta que el objetivo no es suplantar ni reemplazar la tarea de la Comisión de la Verdad, sino ampliarla. “El tema es de complementariedad, tenemos claro que no es posible que una Comisión como la oficial logre en tiempo récord de tres años, y ya lleva uno, incluir todos estos elementos cuando tienen que cubrir todo el escenario del país”.

Aunque se trata de dos procesos que se complementan en su independencia, la Comisión Interétnica tiene unas particularidades que la diferencian de la Comisión de la Verdad. La CIVP buscará un relato narrado en clave étnica, que revele cómo las lógicas del conflicto afectaron gravemente la vida de las comunidades pero también de sus territorios. “No me parece que sean paralelos, son procesos muy necesarios los dos con diferentes niveles de profundidad”. Eso le planta a Colombia Plural el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, durante el evento de lanzamiento de la CIVP realizado en Quibdó el 21 y 22 de mayo con la participación de líderes sociales de todo el litoral. Durante el evento se firmó un memorando de entendimiento y colaboración entre ambas comisiones. “Creo que la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico es una división de profundidad, las mismas cosas de nuestra Comisión pero vistas desde una hondura más grande, donde la hondura espiritual por la presencia de la iglesia [católica] es muy significativa, y esa presencia fortalece todo el trabajo de la Comisión en el Pacífico. Me encantaría que se pudiera hacer un libro de la Comisión Interétnica. A su vez, nosotros vamos a enriquecernos con todo esto para lo que nos toca decir a nosotros”, explica Francisco de Roux.

La CIVP, que empezó a gestarse como idea tras el mandato de varios Consejos Comunitarios y organizaciones indígenas chocoanas en 2014, está pensada para durar más años que la comisión oficial, presupuestada apenas para un lapso de tres años. Además, la CIVP cuenta con el capital invaluable que representa la presencia, trayectoria y el conocimiento que las organizaciones tienen en sus regiones, lo que se constituye en un crisol de oportunidades pero también de amenazas, toda vez que el Pacífico se ha convertido en escenario de la reconfiguración del conflicto con nuevos (y viejos) actores tras el desarme de las FARC. El 21 de mayo, durante el lanzamiento de la CIVP en Quibdó, Jesús Alfonso Flórez, uno de los promotores de la iniciativa afirmó que “el postconflicto en estricto sentido no está existiendo”. Esto significa un problema fundamental, aún sin resolución a la vista: garantizar el funcionamiento de una Comisión para esclarecer los hechos de la guerra en unos territorios donde ésta no ha cesado. “¿Cómo hablar de verdad y convivencia, si no tenemos las garantías de la no repetición?”, preguntó durante el lanzamiento Mary Cruz, lideresa del Consejo Comunitario del río Yurumanguí. “Para nosotros es un verdadero desafío apostarle a la CIVP, porque los territorios nuestros aún siguen siendo escenario de violación constante de los Derechos Humanos. El conflicto armado ha sufrido una mutación, yo soy de un territorio colectivo ancestral y nos toca convivir con cuatro actores armados, incluyendo la Infantería de Marina, ¿cómo vamos a decir la verdad si siguen lastimando la vida nuestra, que es el territorio?”.

La CIVP será la primera comisión del continente que intentará una narrativa exclusivamente indígena y afro, independiente del Estado

Una lectura del conflicto armado en el Pacífico indica que las lógicas de la confrontación profundizaron el colonialismo interno, por eso el acento étnico cobra especial relevancia. En el Pacífico hay una “frágil institucionalidad”, según lo entiende Patricia Tobón Yagarí, lo que permite que “en los territorios étnicos las sociedades no étnicas consideren que se puede hacer de todo, y eso tiene que ver con una relación de fondo con los territorios étnicos: el racismo estructural”.  En el mundo hay precedentes de comisiones en las que el enfoque étnico fue decisivo, como ocurrió con los conflictos armados de la antigua Yugoslavia y de algunos países africanos. Si bien Latinoamérica tenía antecedentes de conflictos en Perú y Guatemala, cuyas Comisiones de la Verdad desarrollaron capítulos o apartados sobre discriminación étnica en sus informes, la CIVP será la primera comisión del continente que intentará una narrativa exclusivamente indígena y afro, independiente del Estado, ya que funcionará con recursos de cooperación internacional. Estará conformada por once comisionados que representan a los pueblos ancestrales del Pacífico, afrocolombianos, katíos, emberas, chamís, siapiraras, wounaan, tule y awa, además, habrá una representante por las mujeres indígenas. Para ello se han priorizado diez casos de estudio colectivos con temáticas transversales, uno por cada subregión del Pacífico, buscando una narrativa global de toda la región. Cada caso toma el factor de daño predominante de la zona. Por eso, en Buenaventura la CIVP se centrará en el impacto de los megaproyectos mientras que en el Bajo Atrato el foco será el despojo territorial y en el río San Juan la devastación a causa de la minería, eso por citar tres ejemplos significativos.

“Para nosotros la comisión era y es una esperanza”, concluyó Orlando Castillo, miembro del Espacio Humanitario de Puente Nayero en Buenaventura. “Vemos esto como la oportunidad de conocer los responsables, quienes estuvieron detrás del conflicto. Lo importante para nosotros es saber la verdad. Y la verdad implica que la podamos construir desde lo que fueron las víctimas, en este caso las víctimas fuimos nosotros, por lo tanto la Comisión Interétnica representa la oportunidad para que nosotros como pueblos negros, como pueblos indígenas, como pueblos campesinos, podamos construir esa verdad”.