El expolio de la Orinoquiá y
el exterminio de sus gentes

Lo que ha ocurrido –y ocurre- en la Orinoquía colombiana se puede resumir así: “El aprovechamiento privado del territorio por parte de actores legales e ilegales, sumado a una política pública que ha permitido legalizar el despojo y que entregará, con la Ley Zidres [las polémicas Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social], grandes extensiones de tierras a inversores capitalistas convocados a participar del desarrollo de la altillanura”. Y para lograrlo todo vale: desde la historia de violencia paramilitar y abandono estatal, hasta el cambio del mapa del territorio nacional.

El informe Despojar y desplazar: estrategia para el desarrollo de la Orinoquía, firmado por nueve organizaciones aliadas en la Mesa Copartes de Misereor-Llanos Orientales, muestra una realidad brutal que, en nombre del “desarrollo” está entregando vastas extensiones de terrenos a la explotación sin matices.

De hecho, el gobierno, en su Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 Todos por un nuevo país (Ley 1753 de 2015), “modificó, por recomendación
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el mapa del territorio nacional, atendiendo principalmente a criterios de mercado, que en últimas benefician a los que controlan el territorio y sus rentas. La Orinoquía queda ahora enmarcada en la megaregión de Los Llanos donde se da explotación petrolera (Arauca, Casanare y Meta), monocultivos asociados a la industria de los agrocombustibles (Meta y Vichada), cultivos industriales de maíz, arroz, soya y de forestales (Meta, Casanare, Vichada y Guaviare), y proyectos asociados al Pago por Servicios Ambientales, ecoturismo y minería en Vaupés y Guainía.

Descargar el informe completo sobre la Orinoquía

El informe, centrado en Casanare, Meta, Vichada y Guaviare, constata que tras décadas de conflicto armado, masacres (19 documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica entre 1980 y 2013), desplazamientos masivos (sólo en el Meta, el tercer departamento del país con mayor número de tierras despojadas o abandonadas, 126 mil personas desplazadas entre 1997 y 2010) y acaparamiento, la situación perdura con una situación de dominación territorial de facto por parte de grupos armados ilegales. “Hoy persisten en la región grupos neo-paramilitares armados y bandas criminales como los Puntilleros, quienes fortalecieron su presencia y se han consolidado en las rutas de exportación de cocaína hacia Venezuela; adicionalmente el ‘Clan del Golfo’ se encuentra principalmente en Mapiripán. A estos grupos se suman las llamadas ‘disidencias”.

Las formas de legalizar el despojo

Las organizaciones denuncian los mecanismos utilizados para el despojo y el hecho de “que, en muchos casos, contaron con la participación y colaboración de funcionarios públicos que se prestaron a realizar diversos tipos de operaciones para ‘legalizar’ o justificar legalmente el despojo de la tierra a sus legítimos propietarios”. Esos mecanismos han pasado, y pasan, por la presión a la población para que les transfirieran la propiedad, con escrituras públicas de compraventa a terceras personas por valores que no fueron cancelados; presión armada para ir a las Notarías, entregar las escrituras y planos de las fincas; firmar escrituras en blanco; poner como testaferros a personas que no tuvieran vínculos con el grupo armado ilegal para efectuar el registro, o “lograr permisos de ventas por parte del Comité Municipal de Protección a la Población Desplazada firmadas por el Alcalde a favor del comprador donde se señalaba que había cesado la situación de violencia”.

La situación no es nueva, sino que permanece. El flujo de inversiones privadas a la región “estuvo antecedida de diferentes intervenciones militares y acciones armadas de grupos paramilitares, quienes han consolidado su dominio territorial. En ese proceso, en los años ochenta, asesinaron y desaparecieron a 3.000 líderes del movimiento político de la Unión Patriótica, perpetraron innumerables masacres como la ocurrida en el municipio de Mapiripán (Meta). Tales masacres fueron cometidas por los paramilitares en complicidad con las fuerzas armadas, lo cual generó desplazamiento forzado, despojo y vaciamiento territorial, ya que la estrategia paramilitar tenía como uno de sus fines garantizar el control territorial para dar paso a los proyectos de tipo empresarial”.

El desarrollo prometido

No han cambiado muchos las cosas, sólo se modifican los nombres de los actores y las estrategias oficiales. La última es el Plan Maestro de la Orinoquía (PMO), de 2016. Dentro de ese plan se catalogan las posibilidades de “desarrollo” de la región de Los Llanos y también se listan los posibles obstáculos para dicho “progreso”. Entre las “restricciones” las autoridades nombran a los Resguardos indígenas, “los cuales sumados alcanzan los 17,6 millones de hectáreas” y las Zonas de Reserva Natural, otros 5 millones de hectáreas. “Lejos de reconocerles su importancia como cultura y respetar su desarrollo, se les clasifica como un obstáculo”, insisten los expertos en el informe.

La zona queda a expensas, entonces, de “la agroindustria de monocultivos para agrocombustibles y la producción de cereales, proyectos forestales, ganadería extensiva, emprendimientos minero-energéticos, así como cultivos de uso ilícito. Actividades todas desarrolladas bajo una visión extractivista para satisfacer la demanda internacional de materias primas”.

Este modelo de desarrollo junto a muchas de las políticas públicas destinadas a estos departamentos “ha desatado una nueva oleada de despojos”, no sólo de pueblos indígenas, sino también de campesinos y colonos.

A pesar de ellos, la población civil organizada lucha por recuperar lo usurpado, que es mucho. Prueba de ello es que en el proceso de Restitución de tierras (Ley 1448 de 2011), en el departamento del Meta se han radicado 5.000 solicitudes de víctimas del conflicto que buscan que les devuelvan sus propiedades; 1.684 en Guaviare; 720 en, y 679 en Casanare.

El informe incluye una serie de recomendaciones al Gobierno Nacional, a la comunidad internacional y a las organizaciones sociales que buscan evitar que territorios que cambiaron de manos de forma irregular puedan estar incluidos en proyectos Zidres, impulsar el derecho de consulta previa, salvaguardar el ambiente, proteger a las comunidades étnicas, fomentar el retorno de las personas desplazadas, controlar el accionar de las multinacionales y, como eje fundamental, aplicar los acuerdos de paz de La Habana con rigurosidad, tanto en lo que tiene que ver con la reforma rural integral como con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición.