Irregularidades en las licencias de fracking en el Cesar
Los vecinos de San Martín, en el Cesar, llevan meses alertando de las irregularidades tras los trabajos de exploración mediante fracturación hidráulica (fracking) en sus territorios. Ahora la Contraloría General de la república viene a respaldar algunos de sus argumentos y ha emitido dos incidencias disciplinarias contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y lo ha remitido a la Procuraduría General de la Nacional.
Las negligencias de la ANLA a las que alude la Contraloría se refieren a las actividades del contrato de explotación y producción de yacimientos no convencionales de las empresas Conocophilllis y Cine Oil & Gas S.A en San Martín, donde se quiere utilizar el fracking para extraer gas y petróleo; y un yacimiento no convencional asociado al carbón de la empresa Drummond en Chiriguaná y la Jagua de Ibirico, también en el Cesar.
En el primer caso, el pozo Picoplata 1 que ha sido objeto de insistentes movilizaciones ciudadanas y de duras intervenciones del Esmad contra los vecinos, la Contraloría cree que existió una desatención de las funciones de la Autoridad Ambiental porque no exigió a los titulares del contrato la modificación de la licencia que ya tenían para yacimientos convencionales cuando se trataba de nuevo contrato de yacimientos No convencionales. A su juicio “la ANLA no atendió cabalmente su objeto al permitir que la empresa Conocophillips continuara con un trámite que legalmente no es posible, buscando la aprobación de un plan de manejo ambiental para iniciar labores en el pozo Picoplata 1”. Y en este sentido, advierte de que esa omisión potencia “el riesgo de afectación sobre los recursos naturales y el medio ambiente de la región donde se ubica” ese bloque de actuación y en especial el área de influencia del pozo Picoplata 1. Riesgo que está relacionado, afirma, con los “impactos ambientales negativos que la actividad de fracturamiento hidráulico puede generar” y que no están incluidos en un Estudio de Impacto Ambiental.
Esta incidencia disciplinaria de la Controlaría es consecuencia de las denuncias presentadas por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalcp) junto a la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), el ingeniero de Petróleos Oscar Vanegas y el apoyo de la Unión Sindical Obrera USO.
La segunda incidencia deriva de una denuncia ciudadana y se refiere a las irregularidades cometidas por la ANLA en la aprobación de una licencia ambiental para la producción de ese yacimiento no convencional de gas asociado al carbón concedida a la empresa Drummond. Una licencia, recrimina la Contraloría, que se dio sin que estuvieran aprobados los términos de referencia para el licenciamiento de la producción de yacimientos no convencionales.
A juicio de Ccalcp el primer ponunciamiento de la Contraloría muestra «solo algunas de las varias ilegalidades e irregulares que de manera reiterada» ha denunciado el colectivo de abogados sobre el actuar de la empresa «bajo el actuar cómplice, negligente y permisivo de autoridades públicas». En su opinión, todo ello deja en evidencia «la improvisación y gran falta de preparación técnica y legal que se tiene en el país para introducir e imponer la dañina técnica del Fracking empleada para la extracción de yacimientos no convencionales, la cual, ante sus solos comprobados efectos perjudiciales debe ser prohibida».
Por ello, piden al Estado que continúen las investigaciones y se adopten las medidas y sanciones oportunas y que «se investiguen, cesen y se sancionen las recientes graves violaciones a los Derechos Humanos» perpetradas en contra de la comunidad de San Martin y los defensores y defensoras de DD HH «cometidas por parte de ordenes tanto de la empresa Conocophilips, la Alcaldía y el grupo asesor de Minas e Hidrocarburos de la Procuraduría, que han derivado en represiones y atropellos de toda índole por parte de la Fuerza Pública».
Debate en el Congreso
La situación del fracking en el Cesar también se ha debatido este miércoles en el Congreso durante el debate de control político sobre seguridad en el Cesar. En este contexto, el congresista Alirio Uribe Muñoz denunció que la Policía de este departamento protege a las multinacionales que operan en la región, entre ellas ConocoPhillips, “en lugar de resguardar a las comunidades que se movilizan para que el Gobierno Nacional escuche sus reclamaciones en defensa del agua, el territorio y los ecosistemas ante la nociva práctica del fracking”. De 14 peticiones para ser escuchadas por el Ministerio del Interior, no ha sido resuelta ninguna, según Uribe Muñoz, que se pregunta «por qué no les escuchan y sí militarizan la zona y les reprimen cuando protestan contra una acción “manifiestamente ilegal» de ConocoPhillips. Ante la sesión comparecieron representantes de Cordatec y de USO.
En su intervención negó que los vecinos de San Martín hubieran quemado una tractomula durante el paro cívico de la semana pasada, hecho que utilizó la Esmad para justificar su dura intervención. El congresista mostró una foto en la que se ve la tractomula ardiendo por detrás de la policía y al jefe de trasportes de la ConocoPhilips riéndose mientras se hace una foto junto a ella. “¿Quién está quemando las tractomulas para justificar que se atropelle a las comunidades de San Martín que solo piden que se proteja el agua?”, pregunto Alirio Uribe.
— Alirio Uribe Muñoz (@AlirioUribeMuoz) 2 de noviembre de 2016
La fractura hidráulica es un sistema que consiste en extraer gas y petróleo del subsuelo y las rocas mediante la inyección a fuerte presión de agua con químicos. Diversos países ya han prohibido este sistema o han aprobado moratorias hasta que se aclaren sus posibles riesgos para la salud y el medio ambiente.
