La fractura del fracking en Colombia
Las protestas contra el fracking de los vecinos de San Martín (Cesar) -duramente repelidas por el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios)- no son las primeras y no serán las últimas. Son el humo de una hoguera que, advierten los colectivos medioambientales y de juristas, está creciendo. Fuego que se aviva en un contexto de apuesta por los hidrocarburos como pilar de la economía y con un marco regulatorio sobre los yacimientos no convencionales “laxo”, dicen unos juristas, a favor de los intereses corporativos, apuntan otros. La falta de informes sobre las consecuencias ambientales y sobre la salud pública propios del fracking en Colombia es otra de las denuncias más extendidas. Los ambientalistas advierten especialmente de los daños sobre los recursos hídricos de Colombia. El próximo 2 de diciembre, San Martín del Cesar celebra una audiencia pública del Congreso con la participación de congresistas, expertos, el Gobierno y las comunidades.
Pero, ¿qué es el fracking y cómo impacta en el territorio? El fracking, o extracción de gas y petróleo mediante fractura hidráulica, consiste en inyectar en el subsuelo agua a presión con diversos componentes químicos para hacer ‘estallar’ las roca y la tierra y liberar así los hidrocarburos que hay en su interior. Esta técnica permite el acceso a bolsas de petróleo y gas a las que anteriormente no era posible llegar, es lo que se llama gas de esquito o lutitas. Son los conocidos como yacimientos no convencionales. Esta técnica necesita de entre 9 y 26 millones de litros de agua por pozo y año, explica Camilo Prieto, portavoz del Movimiento Ambientalista Colombiano, que advierte sobre los costes que implica para el agua en superficie ya que solo puede reutilizarse un 15% de ese agua. El resto queda contaminado por los químicos con los que se mezcla: “inservible, no se puede potabilizar” y no hay tecnología para evitarlo. Además, las empresas -señala- no están obligadas a revelar el contenido de los químicos con los que se mezcla el agua. A ello se une el hecho de que Colombia carece de un mapa hidrogeológico y apenas se conoce el 30% de los recursos subterráneos. “¿Cómo vamos a reglamentar el fracking sin el mapa?”, se pregunta Prieto, quien además recuerda que los estudios en los que se basa la “débil” normativa colombiana sobre yacimientos no convencionales corresponden al fracking en Estados Unidos y no tienen en cuenta las características propias del país.
A estas cuestiones dentro del terreno de la “certidumbre”, explica Prieto, se unen las relacionadas con las incertidumbres, como son los efectos sobre la salud pública. No hay informes pero sí existen estudios que apuntan a posibles daños por lo que el Movimiento Ambientalista pide que se aplique el “principio de precaución”.
Tatiana Roa, coordinadora de Censat-Agua Viva, apunta un factor más para el rechazo al fracking: la ocupación territorial. Explica que este sistema funciona con pozos de corta vida y a medida que se agotan hay que perforar más. “Y lo que se ve en Estados Unidos es que hay zonas donde prácticamente no hay sino pozos petroleros. Aquí [en Colombia], mal o bien, el petróleo ha convivido con la actividad agrícola… pero las nuevas técnicas de extracción van a tener una competencia territorial, no sólo por el agua, y van a provocar desplazamientos y una industrialización del paisaje”.
Fidel Mingorance
El Ministerio de Ambiente estima que en Colombia los yacimientos no convencionales están entre los 1.500 y los 2.400 metros de profundidad, mientras que los acuíferos aprovechables para consumo humano se encuentran entre los 300-500 metros, es decir, según las autoridades ambientales, “la estimulación hidráulica ocurre a más de 1.000 metros por debajo de los acuíferos”. En este sentido insisten en que, “incluso si hubiera acuíferos aprovechables a mayores profundidades, la regulación establece unas distancias mínimas del fondo de los mismos a los cuales no se permite hacer estimulación [fracking]”. Reconoce el Ministerio que en Estados Unidos y Canadá se han detectado algunos casos de contaminación pero que siempre fue por fallas en la integridad de los pozos por lo que “con un apropiado diseño y construcción de los pozos, verificación en su integridad y monitoreo permanente de la misma se previene la potencial contaminación de los acuíferos”.
Permisos y bloques
Según los datos que publica la Autoridad Nacional de Hidrocarburos en su ‘mapa de tierras’ en Colombia hay 43 bloques clasificados como ‘yacimientos no convencionales de hidrocarburos’ que podrían ser explotados a partir de técnicas de fractura hidráulica o fracking. De esos 43 bloques, tan solo hay licitados 7 que se encuentran en exploración, hay uno en reserva, y ninguno en producción/explotación. Todos ellos están en manos de cinco empresas: Ecopetrol; Exxon Mobil, Parex, Conocophillips y CNE-Oil. Aun así los datos no siempre coinciden. El Movimiento Ambientalista Colombiano tiene constancia de 22 bloques autorizados (a mayo de 2016) y seis contratos suscritos.
El informe Políticas Públicas, impactos y resistencias al fracking de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking (ALFF) señala que en 2016 se suscribieron ocho contratos que están en etapa exploratoria. El más avanzado es el de San Martín del Cesar que, además, es el primero en el que un contrato de explotación convencional se convierte en no convencional. Un trámite plagado de denuncias de irregularidades y sobre el que la Contraloría ya se ha pronunciado emitiendo dos incidencias disciplinarias contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que se han remitido a la Procuraduría General de la Nación. Los bloques para yacimientos no convencionales están localizados en Cesar; en el Valle Medio del Río Magdalena, en los departamentos de Tolima, Santander, Norte de Santander; y en Boyacá y en Cundinamarca, cerca del páramo de Chingaza. El Magdalena Medio, donde los recursos hídricos son muy importantes, aglutina los proyectos más pesados. Hay que tener en cuenta que en el caso del fracking el proceso de exploración ya implica una acción directa e invasiva sobre el terreno.
Según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerios de Medio Ambiente, únicamente hay un permiso de exploración denominado La Loma, en el Cesar, que afecta a los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Chiriguana, Becerril y Agustin Codazzi. El permiso a Drummond Ltd es para ‘Exploración de Hidrocarburos Convencionales (gas y petróleo) y Gas Metano asociado a Carbón denominado La Loma’.
Tatiana Roa expresa la especial preocupación por el Magdalena Medio porque es la zona con más proyección de reservas y económicamente la más rentable porque los yacimientos son más superficiales. Además, habla de dos proyectos parados: en Chiquinquirá (Boyacá), porque no fue exitoso, y otro en Guasca (Cundinamarca), donde “no sabemos si no fue exitoso o por la bajada de los precios está suspendido”.
Una apuesta política y una ley a medida
Colombia es el cuarto mayor productor de petróleo de América Latina con un horizonte de reservas de apenas seis años. Aun así, el Gobierno define este sector como uno de los pilares de su economía, y de ahí la necesidad de aumentar sus reservas. El camino trazado por el Ejecutivo son los yacimientos no convencionales, el fracking. El informe de la ALFF denuncia que el Ejecutivo colombiano “ha venido construyendo un escenario para facilitar” la exploración y explotación de estos recursos. Y no solo incluyendolo en su Plan nacional de Desarrollo 2014-2018 sino adecuando su legislación. Una legislación que, no solo a juicio de la ALFF sino también para el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), es “laxa, confusa e irregular y está generando incertidumbre”. Camilo Prieto advierte que el desarrollo del fracking no se ha disparado hasta ahora porque su rentabilidad es muy baja, dado el alto coste por barril producido.
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Un ejemplo que ponen desde el CCALPC es cómo en 2014 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos flexibilizó los términos requeridos, es decir: cómo este tipo de proyectos demandan muchos recursos y tienen más costes, entonces seamos flexibles, “se mira el bolsillo, el interés particular sobre el general”. Con este acuerdo lo que se permitió fue que las empresas que tenían contratos para yacimientos convencionales pudieran suscribir los no convencionales en términos más favorables. Es el caso de San Martín, donde la empresa ha querido actuar sobre el yacimiento no convencional con el permiso que ya tenía para el convencional, justo lo que la Contraloría está cuestionando ahora. El colectivo de juristas también advierte de que no hay una verdadera separación de funciones ni fiscalización de la actividad entre la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la de Hidrocarburos. “No hay una autoridad ambiental que regule la situación de los yacimientos no convencionales en Colombia”. “Desde 2008 se promueve una normativa que favorece regalías para crudos no convencionales bajo el argumento de que esa extracción es más costosa para la empresas, sí, pero también [es más costosa] ambiental y socialmente. Las únicas beneficiadas son las empresas extractivas”, apostilla Tatiana Roa, quien también critica el “secretismo” con el que se manejan todos los proyectos.
El Ministerio de Ambiente insiste en que la regulación expedida junto al de Minas “se articula entre sí y está formulada de manera que tanto desde el punto de vista técnico como ambiental y social complementan para la prevención y mitigación de los riesgos asociados a la actividad, en especial en materia de protección del agua subterránea”. Esa normativa se refiere, explican, a protección del agua subterránea, fuentes hídricas superficiales y protección del suelo y del aire.
Once senadores de cuatro partidos diferentes, en una carta de apoyo a los vecinos de San Martín, exigían al Gobierno la aplicación del principio de precaución -es la empresa la que debe garantizar y probar que no hay riesgos- y criticaban la “débil y laxa” regulación y “la insuficiente información” sobre la actividad en Colombia y sus afecciones a los acuíferos y riesgos sísmicos.
Como ejemplo de esto, la senadora Claudia López se mostró “totalmente en contra” del fracking, por los estudios que alertan de que es “una practica peligrosa” y por los ejemplos de prohibición en otros países. A su juicio, “Colombia en lo mínimo debería actuar con responsabilidad y aplicar el principio de precaución del medio ambiente para evitar un grave problema a futuro”. La senadora también critica las abusivas acciones del Gobierno por evitar cualquier tipo de movilización en contra del fracking y que no haya mostrado “un mínimo interés por solucionar las inconformidades que tienen los sanmartinenses frente a este modelo energético, cuando se les solicitó la instalación de una mesa interinstitucional”. Claudia López también reclama una legislación adecuada para esta práctica e informes rigurosos y opina que la fracturación hidráulica no es una salida económica viable porque “los riesgos sociales, económicos y para la salud son muy altos y, por el contrario, los medios para mitigar o prevenir los efectos negativos de este método no cuentan con evidencia cierta sobre su eficacia, eso nos saldría carísimo”.
En este mismo sentido, la ALFF afirma que en Colombia el licenciamiento ambiental es “particularmente inestable y en constante debilitamiento”. Desde el año 1994 el marco regulatorio ha tenido por lo menos 21 modificaciones, tanto en sus procedimientos como en sus plazos y las reformas “se han caracterizado por ser parte de un proceso progresivo de flexibilización y debilitamiento de las obligaciones y estándares ambientales”.
El casino del fracking está abierto
“Colombia va a tener que adoptar el fracking (…) para salir de la dependencia de los yacimientos convencionales”, decía en mayo de 2015 el presidente de la ANH; “No podemos darnos el lujo de no hacer fracking”, afirmaba el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. En la Ronda Colombia 2014, que ofreció un total de 98 bloques para explotación de hidrocarburos, 19 fueron ofrecidos para hacer fracking de petróleo y gas de esquistos o lutitas. En este evento, el viceministro de Minas y Energía, Orlando Cabrales, afirmó que el “sector de hidrocarburos debe seguir apalancando el desarrollo del país”. El Plan nacional de Desarrollo 2014-2018 estableció facilidades a los inversionistas a través de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico, las licencias ambientales exprés, y las áreas estratégicas mineras, critica ALFF.
Un ejemplo de la apuesta por los hidrocarburos es el anuncio de Ecopetrol del pasado 22 de noviembre. Su plan de negocios para el 2017 contempla inversiones por alrededor de 3.500 millones de dólares y duplica el presupuesto destinado este año para exploración y producción. En exploración se pasará de perforar 10 pozos en 2016 a 16 pozos en 2017, “con el objetivo de hallar más reservas de hidrocarburos”, indicó la firma en un comunicado. La perforación de convencionales se elevará de 150 en 2016 a más de 500 en 2017.
El informe de la Alianza cree que el gobierno colombiano adoptó decisiones de política pública y un marco normativo para los hidrocarburos no convencionales “sin contar con una línea de base consolidada sobre los potenciales impactos ambientales y sociales de estos”. Un aspecto en el que coinciden con el CCALCP. Ambos describen, y critican, cómo los insumos regulatorios partieron de los informes de expertos internacionales de empresas petroleras y visitas de campo a Canadá y Estados Unidos pero no se contó con una línea de base exhaustiva de las implicaciones en Colombia cuando su clima, biodiversidad, suelos, acuíferos, institucionalidad o hidrografía son muy diferentes de los países del norte.
Tanto el Gobierno como las petroleras insisten en que el país está preparado para aplicar el fracking de forma correcta, afirmación con la que no están de acuerdo las organizaciones ambientales que insisten en el riesgo para los acuíferos en un país donde el 75% de los recursos hídricos se encuentran en las fuentes subterráneas. Los movimientos ambientalistas y de ciudadanos inciden en las aguas subterráneas y los residuos residuos tóxicos y sustancias radioactivas que llegarían a ellas y que pueden ocasionar cáncer o el gas metano que puede generar que el agua se vuelva inflamable.
Todo ello ha motivado ya numerosas protestas en San Martín, Guasca, Barrancabermeja y Puerto Wilches y el Movimiento Ambientalista Colombiano tiene recogidas 11.873 firmas a través de change.org para exigir al Gobierno una moratoria para el fracking que permita la realización de estudios concluyentes en Colombia, certezas jurídicas y reglamentación, calcular los niveles de agua que se requieren para aplicar el fracking en el país y tener en cuenta los estudios mundiales sobre el fracking donde ha sido suspendido o prohibido. Este año, 8.000 personas se manifestaron contra el fracking en San Martín, protesta de la que surgió la Alianza Colombiana contra el Fracking, de la que también forman parte agrupaciones de trabajadores petroleros. De momento se pide una moratoria de esta técnica, aunque la idea final es su prohibición.
El capítulo de Colombia del informe de ALFF fue realizado por expertos la Asociación Ambiente y Sociedad Colombia; la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia
