La Gobernación del Cesar rectifica y pacta un nuevo espacio para el Centro de Memoria
La presión pública ha hecho efecto y la Gobernación del Cesar, contundente hasta hace unos días en su decisión de expulsar el Centro de Memoria del Conflicto (CMC) de su sede en la Biblioteca Departamental, donde ocupaba un espacio en la Sala Patrimonial desde 2012, ha dado marcha atrás. En una reunión celebrada este viernes 27 entre el asesor de Paz de la Gobernación, Carlos Javier Toro, y el representante de la Mesa Departamental de víctimas, Nicolás Baute, en representación del Departamento y la Fundación Centro de Memoria del Conflicto del Cesar, las autoridades departamentales se han comprometido verbalmente a ceder un espacio para este centro en el Archivo Departamental e, incluso, a hacer algunos aportes para garantizar la viabilidad del Centro.
El nuevo espacio y sus equipamientos, según la Gobernación, estará listo en dos meses y así debería quedar reflejado en un acta de compromiso que se firmará este lunes 30. En un comunicado público, el CMC aclara que “aún no se ha firmado o establecido en algún documento el respaldo que se brindará al proceso. Se programó un nuevo encuentro para el día lunes 30 de enero, en el cual se definirán los compromisos de la Gobernación del Cesar con el CMC. Así mismo, el Asesor de Paz manifestó que el Centro de Memoria del Conflicto seguirá funcionando en las instalaciones de la Biblioteca hasta que se materialice la adecuación del nuevo espacio y el posible traslado de los materiales y documentos del CMC”. “Estamos contentos porque se ha demostrado que la sociedad civil unida tiene la capacidad de defender sus espacios”, manifestaba contento a Colombia Plural uno de los miembros de la Fundación.
El CMC había recibido a mediados de enero una comunicación urgiéndole a abandonar el espacio en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúqez antes del 31 de enero. Eso ya no ocurrirá.
Ahora, cuando se solucione la ubicación de este archivo en el Cesar, la discusión se centrará sobre el modelo de gestión del CMC. La Fundación, creada como tal en 2016 para poder tener una personería jurídica con la que firmar convenios y garantizar el futuro del trabajo de Memoria en el Cesar, apuesta por entender estos archivos como bienes comunes, más allá de la dicotomía entre público y privado. Y esa idea de la memoria como procomún establecería un espacio común de gestión, compartido entre la ciudadanía y las administraciones públicas, pero garantizando la autonomía de las primeras ya que el bien común –la memoria- es patrimonio colectivo.
Los archivos del común
David Bollier define los comunes, o el procomún, como un “sistema social para la gestión sostenible de los recursos, que protege los valores compartidos por una comunidad y su identidad” y ese sistema es una “autoorganización a través de la cual las comunidades gestionan esos recursos con escasa o nula participación del Estado y del Mercado”. La Memoria y los archivos de memoria, como el CMC entrarían en esa categoría en el que el Estado tiene la obligación de ayudar a su sostenimiento económico “garantizando el máximo de transparencia, participación y gestión”.
En los debates sobre los “archivos del común” que se han dado en la Red de Conceptualismos del Sur y en la Fundación de los Comunes, Carlos Prieto del Campo ha insistido en que este tipo de archivos “como bien común, necesitan modelos de gestión que deben hacer posible simultáneamente (1) la construcción de ejercicios de memoria descentralizados, abiertos, plurales y democráticos, producto de las iniciativas de los sujetos implicados en esa necesidad de conservación de la misma; y (2) la conservación y retroalimentación de esta de modo que tanto su crecimiento, accesibilidad, condiciones de uso y calidad de acceso sean plurales, democráticas y universales”.
