La Gobernación del Cesar no quiere al Centro de Memoria del Conflicto
En pleno proceso de implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, cuando las víctimas y la memoria deberían ser el centro de casi todas las acciones de construcción de paz… la Gobernación del Cesar ha decidido que no hay sitio en ese departamento para la verdad. La Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, en Valledupar, quiere desalojar al Centro de Memoria del Conflicto (CMC) que allí funciona desde 2012. “En aquel entonces la Gobernación dijo que sólo podía apoyar el esfuerzo con el espacio y, desde entonces, nosotros hemos mantenido el archivo y las actividades de forma voluntaria”, explica Orlando Carreño Robles, investigador de la Fundación Centro de Memoria del Conflicto del Cesar. La verdad sobre el conflicto, como explica Carreño, quema en el Cesar y sospechan que esta es la razón de fondo de esta decisión administrativa.
No sobran lugares de memoria en Colombia. Sólo hay 19 que tengan una sede física y el CMC es uno de ellos. Quizá por eso, la Red Colombiana de Lugares de Memoria ha enviado una enérgica carta firmada por 28 instituciones o procesos vinculados a la red en la que manifiestan su “rechazo a la decisión del Gobernador del Cesar [Franco Ovalle, del Partido de la U] de cerrar este espacio de memoria. La memoria es un derecho de los pueblos que el Estado debe garantizar y nunca cerrar, clausurar o negar. Es un deber del Estado garantizar la memoria de los pueblos”. El CMC está a cargo de la secretaría técnica de la Red Colombiana de Lugares de Memoria.
Decisión tomada
El Gobernador ha informado a la Fundación del CMC que la decisión está tomada y que no hay vuelta atrás. Fue una asesora de la directora de la Biblioteca Departamental, María Victoria Zeledón (con la que Colombia Plural ha intentado hablar sin éxito), la que entregó la carta de desalojo este 17 de enero dando un plazo máximo hasta el 30 de ese mismo mes. “No vamos a desalojar”, explica Orlando Carreño, “porque si lo hacemos es acabar el lugar de memoria porque… ¿quién va a pagar un alquiler, a asumir los costos?”. Orlando hace memoria y recuerda como la Gobernación nunca aceptó financiar un puesto de trabajo para que una persona se encargara de dinamizar y coordinar el CMC, así que ha sido a punta de voluntarismo que se ha logrado acumular 520 documentos que recogen la memoria del conflicto en uno de los departamentos más golpeados por la guerra. Así han logrado, además, recopilar y documentar 50 iniciativas de memoria desarrolladas por comunidades víctimas del conflicto; armar un inventario de 3.232 noticias de prensa del conflicto armado (1996 y 2007); realizar dos procesos de reconstrucción de memoria histórica en los corregimientos de Las Minas de Hiracal (Pueblo Bello) y de Santa Cecilia (Astrea); apoyar la creación del área de memoria del conflicto en el Centro Municipal de Memoria de Becerril, la creación de la red para el impulso de iniciativas de memoria en el departamento del Magdalena, el desarrollo del Encuentro Región Caribe de Iniciativas de Memoria Histórica del Conflicto armado, y ha impulsado las iniciativas Cantando Quiero Decirte y Periódico de Ayer.
Esta “hoja de vida” no ha servido a las autoridades departamentales. “La directora entró hace un año y nos insistió en que el centro debía estar abierto todo el tiempo, pero no teníamos capacidad. Es cierto que el primer semestre fue irregular, pero de junio a diciembre logramos tenerlo abierto permanentemente con dos pasantes de la Universidad Tecnológica del Cesar y un investigador. Pero nunca le hemos gustado y siempre ha dicho que ella necesitaba el espacio”, explica el investigador del CMC.
Orlando y la Fundación creen que la animadversión que el CMC ha sentido desde su inicio con las autoridades departamentales tiene que ver con que “la verdad es un tema que genera muchos problemas en el Cesar”. “Reconocer las responsabilidades [en el conflicto] por parte de la sociedad vallenata es un tema que levanta muchos resquemores. La lógica es que mejor no hablar, no recordar”.
La perversa alianza entre élites, funcionarios y violentos
La situación de guerra en el Cesar ha sido tan intensa que ha merecido un libro monográfico por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica que, en 2016, presentó La Maldita Tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento del Cesar, un profundo “retrato de la manera en la que operó el ‘sistema’ de captura de rentas en el Cesar por parte de paramilitares en complicidad con políticos y empresarios, que muestra la dimensión del daño causado no solo a las comunidades que padecieron la violencia, sino también al sistema político y social”.
Los relatores del informe recuerdan que “a diferencia de otras regiones de Colombia, la economía de este departamento, con una tradición feudal y agraria, despegó de manera tardía en la década de los sesenta y lo hizo gracias al gran potencial de sus tierras. Primero dependieron del café, del contrabando y de la ganadería. Luego vinieron el algodón, la marihuana y la palma. Por último, apareció el carbón, uno de los grandes generadores de riqueza en el país”. Esa bonanza de riqueza concentrada fue posible porque “sectores del Estado, que deberían velar por los derechos de todos, privilegiaron los intereses de unas élites políticas y económicas, que han bloqueado la solución al conflicto armado y agrario, lo que terminó siendo uno de los principales combustibles de la violencia que aún no termina”.
Esas mismas élites, que siguen controlando el aparato político del departamento, son las que no gustan del CMC. Franco Ovalle, fiel a Germán Vargas Lleras y actual gobernador, cuenta, según La Silla Vacía contó en las elecciones con la maquinaria de la familia Gnecco, en la que se incluyen 20 de los 25 alcaldes del Cesar, un senador y los cuatro representantes de ese departamento. Los Gnecco, según detalla La Silla Vacía, “es una de las familias más cuestionadas del departamento, algunos de cuyos miembros también han sido vinculados a las mafias y cuyo líder tenía el sueño mafioso, paramilitar y parapolítico de fundar el ‘Magdalena grande’”.
