La nación Wayuú prepara manifestaciones tras 840 días sin soluciones por parte del Estado y El Cerrejón

Las continuas amenazas, intimidaciones, secuestros y asesinatos, han seguido ocurriendo en el departamento de la Guajira y en varias zonas de Colombia en contra de líderes sociales y activistas que protegen el derecho al agua y a la vida en los territorios invadidos por el extractivismo minero, y en donde las comunidades han sido víctimas de la expropiación de tierras por parte del Estado y las multinacionales. Pero no solo han sido amenazas de actores incógnitos. En los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre del 2018, la Nación Wayuu denunció atropellos e intentos de arresto arbitrarios por parte de la Policía Nacional de Colombia a miembros del movimiento, atentando contra su dignidad, su vida y su buen nombre.

La situación de los líderes en Colombia es preocupante, tal como lo señaló Michael Forst, relator de la ONU, quien considera tras su visita a Colombia en diciembre de 2018, que: “La situación de líderes, es la más dramática que he visto”.

No sólo han sido incontables las intimidaciones a los miembros del movimiento, sino que además, en febrero del 2019 la Nación Wayuu denunció el incendio de la enramada de Katsaliamana, sitio de reuniones de las autoridades tradicionales, el cual tiene, no sólo un carácter espiritual, sino que además constituye por la misma razón el símbolo de resistencia del movimiento, ya que es allí desde donde los miembros han consolidado el proceso de reunión y fortalecimiento para exigir sus derechos y que por lo tanto representa un serio atentado contra la palabra y contra las tradiciones ancestrales, fundamentales en la solución de conflictos para la etnia.

El próximo 7 de abril del 2019 se cumplen 840 días de resistencia de la Gran Nación Wayuú, en el territorio ancestral de Katsaliamana, en la Guajira Colombia, durante los que han venido denunciando la violación sistemática a sus derechos fundamentales como pueblo indígena en cuanto a territorio, autonomía y, principalmente, el derecho al agua, cuya vulneración ha originado la crisis humanitaria que se viene evidenciando en el departamento desde el año 2014.

Organismos como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, diversas fundaciones y ONG, activistas o periodistas han hecho evidente la crisis de este pueblo, que cuenta con medidas cautelares por parte de la CIDH desde el 2015 y el reconocimiento por parte de la Corte Constitucional, que determinó en la Sentencia T302 de 2017 el Estado de Cosas Inconstitucionales en la región, causado fundamentalmente por la falta de acceso al agua, tal como lo expresa en el apartado 6.3. “El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas”.

En otro apartado, la Corte Constitucional señala que “Las comunidades wayuu, en especial las ubicadas en la Alta Guajira, sufren una vulneración grave y persistente de su derecho al agua, en especial en relación con las dimensiones de disponibilidad y accesibilidad. En efecto un número importante de comunidades no cuenta con fuentes de agua potable y quienes cuentan tienen dificultades importantes para acceder a ellas. La ausencia de agua potable incide de manera decisiva en los problemas de desnutrición de los niños y niñas wayuu. Sin agua potable dispobible, accesible y de calidad, ningún esfuerzo de alimentación o de atención en salud podrá solucionar la crisis de muertes de niños y niñas en la Guajira”.

La Corte ordenó además a Corpoguajira a “realizar un estudio independiente para determinar si la relación de la ausencia del agua con la minería es causal, y en qué lugares del Departamento”.

La misma sentencia ordena al Estado colombiano una serie de medidas para superar con urgencia la crisis, de las cuales ni siquiera la más básica y fundamental se ha cumplido: “crear un sistema que permita mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional”. Lo único que se ha hecho desde la emisión de la sentencia, en el 2017, han sido visitas de seguimiento, audiencias que se van en palabras, en donde todo queda en discursos y promesas, y en donde las instituciones del Estado no asumen la responsabilidad en ejercer el liderazgo en la puesta en marcha de las medidas, ya que son ellas quienes cuentan con el conocimiento y experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos de esta magnitud, delegando esta responsabilidad a las comunidades, dejándoles tareas imposibles de cumplir, tales como la realización de proyectos y propuestas y su entrega a las entidades del Estado, cuando las comunidades no cuentan con los conocimientos técnicos para manejar el lenguaje institucional. Y así se va diluyendo la responsabilidad, y todo sigue igual. Las comunidades sin agua, sin posibilidades de mantener sus métodos tradicionales de subsistencia, ya que no pueden plantar ni criar chivos, y dependientes de la ayuda humanitaria cuando llega, viendo impotentes cómo sus niños siguen muriendo acrecentando la dramática y escalofriante cifra que se acerca a los 5.000 muertos en los últimos 8 años y a los 37.000 reportados en estado de desnutrición en el mismo lapso en manos de un sistema de salud y un ICBF que no cumple con los requisitos de Consulta Previa y que no respeta sus tradiciones de curación y de pertinencia cultural.

Un tema fundamental en este escenario es la represa de El Cercado. Denuncias de periodistas aseguran que el agua de la represa es utilizada por la minería, y ya la Procuraduría, al pedir declarar el estado de cosas inconstitucionales en la Guajira, señaló que “en relación con el tema del acceso al agua, el Ministerio Público advirtió que no se evidencian avances significativos para lograr el suministro del líquido vital. En este sentido, solicitó revisar el tema de la represa de El Cercado, fuente de abastecimiento de la comunidad por solo cumplir uno de los fines para los cuales fue construida y revisar la responsabilidad que tiene el Cerrejón en los problemas de suministro de agua a la región”. A pesar de todo, la represa continúa sin ser abierta.

Pero esto no para aquí. El Cerrejón, la empresa conformada por multinacionales extranjeras que explotan carbón en la región hace más de 40 años, y quienes han sido parte fundamental en la crisis de acuerdo con la sentencia T704, en donde se le ordena a esta empresa reparar los daños económicos, ambientales, culturales y sociales a la región, tampoco ha cumplido con sus promesas. Ya ha pasado un año desde la primera mesa de concertación y a la fecha no se ha implementado un plan de acción con cronogramas, responsabilidades y presupuestos, en el cual la empresa se comprometa realmente con las comunidades.

Y por si esto no fuera poco, las comunidades se enfrentan a una nueva amenaza: la instalación de parque eólicos que ponen en peligro sus territorios, y que alterarían aún más sus medios tradicionales de subsistencia, tejidos sociales, económicos, y sobre todo, la autonomía sobre su cultura y tradición.

Por todas estas razones, la Nación Wayuu, junto con organizaciones como el Comité Cívico para la dignidad de la Guajira, Sintracarbón, la CUT y miembros de otros movimientos de mucha fuerza en la zona, programan el próximo 27 de abril y 1 de mayo una serie de manifestaciones cuyo principal propósito es exigir el retorno del agua a las comunidades, así como el cumplimiento de las sentencias antes mencionadas.

El movimiento también manifiesta su apoyo incondicional a la Minga que viene desarrollándose en el país desde hace más de 25 días por motivos similares a los que enfrenta la comunidad wayuu, en el norte de Colombia. Ya el pasado 24 de marzo hicieron una manifestación en solidaridad con la Minga, bloqueando por cuatro horas la troncal del Caribe.

El presidente de la Nación Wayuu, José Silva, mencionó además el apoyo de activistas a nivel internacional que, comprometidos con la causa, en este momento están buscando conexiones con ONG para que de manera internacional se conozca el incumplimiento de la sentencia T 302, que declara el Estado de Cosas inconstitucionales en la Guajira, y de la ST 704 que exige al Cerrejón reparar los daños sociales, económicos y culturales que ha dejado la actividad minera tras 40 años de explotación.