La sociedad civil lleva a Chiquita Brands ante la Corte Penal Internacional

El informe presentado ante la fiscalía de la instancia internacional reclama que se investigue el rol de 14 empleados y directivos de la bananera en la comisión de crímenes de lesa humanidad a través de la la financiación de paramilitares.

En 2007, la bananera Chiquita Brands Internacional fue condenada por la justicia de Estados Unidos a una multa de 25 millones de dólares por la financiación de paramilitares en Colombia. La compañía confesó haber entregado 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que mataron, violaron y desaparecieron a decenas de civiles. Pero hasta la fecha ningún ejecutivo ha rendido cuentas por ello. En Colombia se han iniciado varias investigaciones sin resultados, a pesar de que en febrero de este mismo año la Fiscalía declaró delito de lesa humanidad la financiación voluntaria de las empresas bananeras a grupos paramilitares de extrema derecha.

Ahora, una coalición de organizaciones de derechos humanos lleva el caso de Chiquita Brands ante la Corte Penal Internacional (CPI) y su informe incluye un apéndice sellado y confidencial que identifica a catorce altos empleados, directivos y miembros de la junta directiva -“los sospechosos de la Chiquita”-, que serían quienes, de acuerdo con la coalición, deben ser el foco de atención de la Fiscalía de la CPI. Lo que se pretende es que se investigue el rol de esos ejecutivos en la contribución a crímenes de lesa humanidad. Este informe también se ha entregado a la Fiscalía General de Colombia. Si la CPI acepta investigar el caso, será la primera vez que actúa en contra de ejecutivos corporativos por facilitar tales crímenes.

Descargar aquí el Informe Completo sobre Chiquita Brands

La coalición, de la que forman parte el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, actúa en nombre de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, una población en resistencia ubicada en el Urabá Antioqueño donde actúa la bananera y que ha sufrido de forma intensa y directa la violencia paramilitar.

“Los ejecutivos que supervisaron el financiamiento de paramilitares no deben poder sentarse tranquilamente en sus casas en los Estados Unidos como si no hubieran hecho nada malo,” dijo un miembro de la Comunidad de Paz, quien presentó una carta a la CPI sobre cómo la violencia paramilitar les afectó personalmente -“Hace demasiado tiempo que familias de todas partes de Colombia esperan justicia”-, al tiempo que enumeró varios casos de agresiones, asesinatos y matanzas en su comunidad.

Para realizar el informe presentado ante la CPI, la coalición de grupos locales e internacionales de derechos humanos utilizó documentos internos de la Chiquita en los que rastrea la forma y los montos entregados por los ejecutivos a los paramilitares entre 1997 y 2004. El informe afirma que “por años”, al menos desde 2002 a 2004, los ejecutivos “supervisaron y autorizaron” pagos a los bloques Norte, Élmer Cárdenas y Bananero de las AUC, y que estos tres bloques “perpetraron directamente crímenes atroces en las regiones bananeras colombianas de Antioquia y Chocó (concretamente, en la región de Urabá) y el Magdalena”. El documento indica que los “Sospechosos de Chiquita” son altos empleados antiguos o actuales, oficiales de alto rango, empleados y miembros de la Junta Directiva de Chiquita y de su filial colombiana Banadex, y que continuaron con los pagos a pesar de que el Departamento de Estado de EEUU les informó de que las AUC habían sido declaradas como grupo terrorista y de que sus asesores legales les advirtieron de que esos pagos eran ilegales y no podían continuar.

Por ello, la coalición, que ha presentado hoy en rueda de prensa la denuncia ante la CPI, critica que la bananera en vez de salir del país siguiera adelante con su “lucrativo negocio” mientras pagaba a los paramilitares por una supuesta “seguridad” en las regiones bananeras. Para el año 2003, la empresa subsidiaria de Chiquita en Colombia -Banadex- era la más rentable en todo el mundo para la transnacional. “Para ese entonces, era notorio que los paramilitares colombianos atacaban a civiles, entre ellos a trabajadores bananeros y líderes sociales”, advierte el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Según el documento, “durante años, estos pagos fueron transferidos y registrados en un elaborado sistema contable establecido por la directiva de Chiquita para mantener el carácter confidencial de estos pagos; la naturaleza repetitiva de los pagos, así como el mecanismo contable utilizado, aportan más pruebas de que las transferencias no eran errores, sino contribuciones intencionales a las AUC”.

En 2007, en el Acuerdo de Declaración de Culpabilidad de la Chiquita, el fiscal afirmó que “lo que hace moralmente tan repugnante la conducta [de Chiquita] es que la empresa continuó mes tras mes, año tras año, pagando a los mismos terroristas… Chiquita estaba pagando el dinero para comprar las balas que acabaron con los colombianos inocentes de las fincas [de la bananera]”.

Como corporación, Chiquita ya fue declarada culpable en un tribunal federal estadounidense en 2007 por la financiación paramilitar, pero no ha habido investigación penal en contra de los ejecutivos que supervisaron e implementaron el esquema de pagos. Chiquita trató de disfrazar esos pagos como extorsiones. Aunque el litigio civil contra los ejecutivos de Chiquita continúa en curso en los tribunales estadounidenses, “no se ve un horizonte para un procesamiento penal en Estados Unidos”.

Por ello, la coalición pide que la CPI amplíe su examen preliminar en Colombia para incluir concretamente a los ejecutivos de Chiquita, explicó Dimitris Christopoulos, presidente de la FIDH, para quien “el peso de la evidencia es suficiente para que la Fiscalía de la CPI actúe en caso de que la justicia colombiana no sea capaz de hacerlo.” Si las autoridades colombianas no avanzan con este caso, esta comunicación solicita que el Fiscal pida autorización formal de la Sala de Cuestiones Preliminares para abrir una investigación contra los ejecutivos de Chiquita.

Sebastián Escobar, integrante del Cajar, resaltó las investigaciones “sin resultados” abiertas en Colombia y la “falta de voluntad política” para extraditar a los posibles responsables. A ello sumó las “dificultades e incapacidad” del Estado para investigar a los 14 sospechosos. Por un lado, porque lograr la extradición desde Estados Unidos -nunca se ha extraditado a Colombia a ningún ciudadano norteamericano- “es muy difícil” y, por otro, por la imposibilidad de obtener declaraciones de los paramilitares colombianos extraditados a EE UU, que además están saliendo de prisión por haber cumplido parte de la pena y obteniendo permisos de residencia allí. Escobar también denunció la impunidad que puede haber sobre estos crímenes con la nueva Justicia Especial de Paz, por la dificultad de probar que la financiación de paramilitares por parte de las bananeras está relacionado con el conflicto armado, porque el acto legislativo de la JEP excluyó de esta instancia a los civiles implicados indirectamente en el conflicto -los terceros- , y porque en Colombia la financiación paramilitar se juzga como un delito agravado de concierto para delinquir, que tampoco está en el ámbito de la JEP.

La coalición urge a la Oficina del Fiscal a seguir de cerca el proceso colombiano para asegurarse de que cumpla con los estándares del derecho penal internacional, particularmente sobre la responsabilidad del sector privado en el financiamiento al paramilitarismo y su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Y pide que continúe monitoreando de cerca los procesos judiciales relevantes y la JEP, “ y que no permita que continúe la impunidad de los Sospechosos de Chiquita”.

“En momentos de transición hacia la paz, los actores corporativos logran eludir frecuentemente su responsabilidad por graves e indignantes conductas”, indicó el profesor Tyler Giannini, un director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la facultad de derecho de la Universidad de Harvard. “El enjuiciamiento de los oficiales de Chiquita por sus pagos a paramilitares transmitiría un poderoso mensaje: que la impunidad de actores corporativos ya no puede seguir siendo ‘business as usual’, como de costumbre”. En noviembre CPI publicará un informe y se sabrá si incluye responsabilidad ejecutivos de Chiquita en financiación paramilitares.