La sociedad civil trabaja para que Quito no sea La Habana
La sociedad civil colombiana hizo en Quito lo que Gobierno y Ejército de Liberación Nacional (ELN) no fueron capaces: dialogar y apuntar caminos hacia una paz positiva. Si el jueves 27 de octubre se suspendió en el último momento la instalación de la mesa de negociación, el viernes 28 organizaciones colombianas y ecuatorianas se reunieron en la Universidad Andina de Quito para fijar posiciones y sacar aprendizajes de la precaria participación de la sociedad civil en las negociaciones de La Habana entre Gobierno y FARC-EP.
Ver lo que ocurrió el jueves 28: La sociedad civil sí llegó a la mesa de Quito
En Cuba se forzó y se limitó la participación social. Richard Moreno, miembro de la Comisión Étnica para la Paz y coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, explicó en este foro cómo hasta marzo de 2016 no se abrió la puerta a los pueblos étnicos en La Habana y cuando se les permitió participar fue con muchas limitaciones y reduciendo sus propuestas de “50 páginas a 3 páginas en un plazo de cuatro horas”. En esta ocasión, en el proceso con el ELN, la Comisión Étnica también reclama su lugar: “Los pueblos étnicos no necesitan de intermediarios. Aquí [en la mesa de negociación con el ELN] también queremos dejar reflejadas las aspiraciones de los grupos étnicos, que serán representados por los propios grupos étnicos. Tejemos solidaridad [con otros] pero nos auto representamos”, Richard Moreno.
Quizá por eso, Juan Carlos Houghton, de la Mesa Social para la Paz, planteó que “hay que asegurarse de que la participación [de la sociedad civil] sea decisoria, pero aquí hay graves diferencias con el Gobierno”. “Ellos quieren recoger ideas como insumos para que luego las partes decidan”.Houghton apostó por la creación legal de una “Comisión Nacional del Diálogo para la Paz, representativa de la sociedad, de todos los sectores populares y de la oligarquía” porque, de hecho, uno de los primeros pasos será “acordar el mecanismo de participación entre la sociedad popular y la sociedad oligárquica”.
Aprender para no repetir. Carlos Rosero, del Proceso de Comunidades Negras, insistió en que “hay que diseñar el camino de la participación, teniendo en cuenta que no se puede tener un único instrumento de participación, para no repetir la experiencia de la mesa de diálogos con las FARC-EP”. Respecto a esa tensión con las élites del país a las que se refería Houghton, Rosero cree que “se puede dialogar con los empresarios, pero desde los derechos de los pueblos. Lo que ganemos en esta negociación es para poder enfrentar el modelo económico y para que este modelo no desbarate del todo a los pueblos”. En resumen: “Hay que identificar lo que se quiere ganar, para también saber qué es lo que no queremos perder”.
Y hay que hacerlo venciendo la desconfianza de los colombianos, acostumbrados a una participación muy limitada. Por eso, el miembro de la Mesa Social señalaba en el foro que “el asunto de toque es que hay una duda sistemática de la gente organizada es que la participación no tiene ninguna utilidad”. Para ello, la Mesa propone aprovechar este proceso para practicar la democracia participativa y “pensar en un mecanismo permanente de deliberación, no reducir la participación a eventos y a exclusivamente a la coyuntura de la Mesa de Quito”.
Marylen Serna, también de la Mesa Social, anunció que el 3 de noviembre, en Bogotá, se presentará a esta Mesa Social de Paz como un espacio de confluencia de las diferentes expresiones para construir paz no sólo con los actores dentro de Colombia, sino también con las representaciones del exilio político y económico. Todo ello, manteniendo un alto nivel de movilización en la calle para empujar el proceso de paz. “No podemos dejar la movilización, pues ha sido nuestro baluarte, casi el único mecanismo para que el Estado escuche”.
En el foro participaron otros portavoces de movimientos sociales y se destacó la necesidad de “reconectar” a las víctimas que están fuera del país con el proceso de paz. Algo así como pasar de la paz territorial a la paz extraterritorial. El senador Alirio Uribe recordó que de según los estudios disponibles hay unos 8 millones de colombianos y colombianas fuera del país y que de ellos casi 700.000 (un 8,1%) son víctimas del conflicto.