Pastor Alape: “Los partidarios del No se han debilitado”

Las FARC-EP quieren convencer a los “abstencionistas” de que la paz no es asunto de guerrilleros y militares y exigen al Gobierno que clarifique los asesinatos de líderes sociales.

En estos días, excepto algunos sectores partidarios del ‘No’, Colombia practica la mesura dialéctica. Cada palabra es interpretada y, por ello, cada declaración debe evitar echar gasolina a una coyuntura volátil y riesgosa. Quizá por ello el comandante Pastor Alape, miembro del Secretariado de las FARC-EP y parte del equipo negociador en La Habana, sabe que la información hay que racionarla hasta que se puedan hacer públicos los “ajustes” al acuerdo de paz que fue frenado en el plebiscito del 2 de octubre. Lo que sí aprovecha es para decir que una vez reabierta la mesa también hay espacio para incorporar parte de los “pendientes” de la agenda política y social de los sectores del ‘Sí’ que se quedaron por fuera del primer pacto, y para insistir en que el Centro Democrático y otros seguidores del ‘No’ lo que hacen es abonar la campaña electoral de 2018. “Hay que ser descarado y soberbio”, le dice Alape a Álvaro Uribe, para hablar de propietarios de buena fe al referirse a “despojadores violentos de las tierras de los campesinos”. Quizá por ello, el comandante, que responde a un cuestionario de Colombia Plural por vía electrónica, cree que se ajustan los acuerdos para responder a las gentes que se manifiestan en las calles y para convencer a los abstencionistas de que la paz “no es una cosa de guerrilleros y militares”.

Es más, para Alape la paz se nutrirá con la posible incorporación de los paramilitares: “El respaldo de los líderes del paramilitarismo” es importante “porque los compromete a contar la verdad e identificar a los responsables estatales y no estatales” en el conflicto. Mientras, le pide al Gobierno que clarifique los asesinatos y la persecución a los líderes y lideresas de movimientos sociales y de derechos humanos.

 

—¿Cómo le explicamos a las víctimas, que votaron mayoritariamente por el ‘Sí’, lo que está pasando ahora?

—Lo primero es que este país necesita reformas profundas hacia la democracia, de inclusión social sobre la base promover una cultura de tolerancia y reconciliación para desmontar el odio. Además, se requiere movilizar los anhelos de paz de las mayorías que no participaron con el voto en el plebiscito porque consideraban que era validar las políticas antipopulares del actual gobierno. A esas mayorías, que conforman la franja de abstencionista, hay que explicarles que el momento es trascendental para transformar la historia de Colombia y requiere su participación activa, porque la paz es para toda la nación, no solo para guerrilleros y militares.

—Ustedes siempre han dicho que bajaron mucho su pliego de exigencias para poder llegar a un acuerdo de paz ¿les van a obligar ahora a renunciar a más elementos para sacar adelante el proceso?

—La columna vertebral del acuerdo firmado el 26 de septiembre en Cartagena por el presidente de la República y el [máximo] comandante de las FARC-EP debe mantenerse. Lo acordado, no es lo que deseábamos, pero fue lo mejor que pudimos construir para resolver las causas que han originado y alimentado el conflicto social y armado en Colombia. En la elaboración de los ajustes para el nuevo acuerdo tenemos en cuenta, no solo las observaciones de los diversos sectores del No que ganaron por un margen tan estrecho, sino también a los sectores del Sí que, además de apoyar con su voto el Acuerdo de Paz, aspiraban a mayores avances en derechos y democracia. También estamos recogiendo las iniciativas de los que no votaron.

—La fuerza que han tomado los partidarios del ‘No’…¿vuelve a poner a las élites tradicionales del país en situación de boicotear la construcción de la paz?

—Los partidarios del No, no han tomado fuerza, por el contrario se han debilitado, muchos de ellos han manifestado que se equivocaron al votar No.

Lo que ha quedado claro en esta coyuntura es que los potentados que han alcanzado sus privilegios imponiendo la violencia y la impunidad se aferran a sus privilegios por encima del dolor y la muerte, del despojo de tierras, el desplazamiento y el aniquilamiento de alternativas políticas comprometidas con las transformaciones que reclaman las mayorías nacionales.

—Varios líderes paramilitares han mostrado su apoyo al proceso con las FARC ¿Qué tipo de espacios habría que articular para que ellos se incorporen a un proceso de desarme y se avance en una paz completa?

—El acuerdo deja rutas para posibles negociaciones con estas organizaciones criminales  dentro del marco del sometimiento o acogimiento a la justicia. Es importante el respaldo de los líderes del paramilitarismo porque los compromete a contar la verdad e identificar a los responsables estatales y no estatales que han participado en el conflicto.

Pastor Alape

Foto: Nelson Cárdenas

—¿Y qué opinan del papel que están jugando las iglesias evangélicas en la política colombiana? ¿Hemos cambiado a los obispos por los pastores?

—Hay sectores con preocupaciones sanas y justas, pero también hay sectores, minoritarios, que se dejaron manipular. Porque, debemos ser sinceros, hubo muchos sectores religiosos que apoyaron los acuerdos de paz de La Habana con su voto, pero que los sectores que han tomado los resultados del plebiscito para iniciar desde ya la campaña electoral de 2018 han manipulado mediáticamente a las comunidades basadas en la fe, comunidades a quienes los medios de comunicación no les han brindado posibilidades de explicar sus posiciones.

¿No se podría afirmar que ya se están implementado parte de los acuerdos cuando vemos concentrarse a los guerrilleros, se sigue con el protocolo de entrega de menores, etcétera?

—La primer medida que se tomó fue mantener el cese al fuego bilateral e indefinido como base central para avanzar hacia la paz. Lo que se está ejecutando ahora es el preagrupamiento de la guerrilla por el tiempo que se decida pasar a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

La salida de los de los menores de campamentos de las FARC-EP se mantiene, porque es un acuerdo en el marco de las medidas dirigidas a desescalar el conflicto y de confianza de la ciudadanía y se continuará inmediatamente se aclare el tiempo para iniciar el programa integral especial de reintegración integral e inclusión social de niños, niñas y adolescentes que salen de los campamentos de las FARC-EP y se resuelva las condiciones de los encuentros familiares con el primer grupo de adolescentes que salió y se encuentran en el lugar transitorio de acogida.

¿Qué piensa cuando Uribe habla de propietarios o poseedores honestos de la tierra en zonas donde se produjo actuar paramilitar y hubo desplazamientos forzados?

—Se requiere demasiado descaro y soberbia para atreverse a definir como tenedores de buena fe, a los despojadores violentos de las tierras de los campesinos.

—¿La Jurisdicción especial de paz (JEP) es una línea roja en esta fase de diálogo?

—La justicia es columna vertebral para afianzar una paz estable y duradera. No se pueden abrir nuevos espacios a la impunidad. La JEP permite que todos los que participaron de forma directa o indirecta en el conflicto respondan por los delitos cometidos.

—La primera ley que se iba a aprobar en el Congreso era la de amnistía y ustedes dijeron que eso no era negociable ¿Qué va a pasar con esa ley?

—Ningún proceso de paz en el mundo se ha cerrado sin entrar en vigencia una amplia amnistía y Colombia no es la excepción. La amnistía es un acto consustancial a la solución política de los conflictos armados.

—¿Cómo se han tomado los presos políticos este nuevo “aplazamiento” a su libertad?

—Con inmensa preocupación por la metodología tan desnutrida utilizada por el gobierno para promocionar los acuerdos y por la falta de proyección clara y certera para defender el acuerdo después del plebiscito y ponerse a promover a los enemigos de la paz que utilizando mentiras confundieron a un buen número de votantes por el ‘No’. Pero también los prisioneros tienen un elevado optimismo en la paz y en la dirección de las FARC-EP en el trabajo de ajustes para el nuevo acuerdo definitivo.

—En los últimos días han sido asesinados varios líderes territoriales y ha habido choques entre el ESMAD y pueblos que luchan contra megaproyectos ¿Es posible que la ‘paz’, en abstracto, invisibilice una realidad de violación de derechos individuales y colectivos?

—Los asesinatos y la persecución que siguen padeciendo líderes y líderesas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, del movimiento social y popular, así como expresiones políticas de oposición deben ser clarificadas por parte del Estado. La construcción de la paz arranca con acciones concretas del gobierno para evitar nuevas víctimas. Hay que tener en cuenta que la paz abre es la garantía de que todos los sectores victimizados puedan denunciar, demandar y exigir investigaciones y acciones de justicia por parte de los órganos competentes contra los responsables de  las acciones violentas, de exclusión y estigmatización de que sean objeto por parte del Estado o cualquier otro factor de violencia.

—Muchos sectores hablan de que Santos no puede presentarse en Oslo el 10 de diciembre sin el proceso en marcha ¿Es ese el plazo con el que se trabaja?

Trabajamos intensamente en los ajustes necesarios para que el país tenga un acuerdo de paz definitivo lo más pronto posible, es nuestro empeño y en eso hemos coincidido con el gobierno, porque necesitamos responder con certeza a las miles de personas que en las movilizaciones de todo el país vienen manifestando su apoyo al acuerdo de paz.