¿Han pactado las FARC en contra de la comunidad LGBTI?

Un supuesto acuerdo entre los negociadores de las FARC y un sector del lobby cristiano tiene en alerta a las organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual.

La delegación de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en La Habana se mantiene callada. Y hay demasiada gente esperando a que hable. El sábado, Semana develó un supuesto acuerdo de cinco puntos entre esa delegación y la senadora cristiana Viviane Morales y su esposo, el pastor evangélico Carlos Alonso Lucio (autodenominado “líder cristiano”). Cinco puntos que, redactados con una calculada ambigüedad -o “trampas interpretativas”, como las denomina el abogado Mauricio Albarracín– sacarían a la comunidad LGBTI de los acuerdos de paz, consagrarían el concepto de familia defendido por los cristianos (el heteropatriarcal) limitando los derechos familiares de las y los homosexuales y transexuales, y daría un poderoso estatus político a estas congregaciones en la implementación de los acuerdos.

El documento, hecho público por la senadora, no está firmado y no ha sido confirmado por las FARC. Tampoco denegado. Colombia Plural ha preguntado directamente a varias personas que forman parte de la delegación de la guerrilla en La Habana sobre el mismo y, hasta el momento, el silencio sigue siendo la respuesta. Sobre las 22h del sábado, cuando ya Semana había difundido el supuesto acuerdo, el comandante Iván Márquez escribía en su cuenta de twitter: “Hemos escuchado y seguimos haciéndolo propuestas constructivas de diversos sectores de cristianos. Todas ellas serán estudiadas por la Mesa”. Nada más.

El activista LGBTI, abogado e investigador de Dejusticia Mauricio Albarracín alerta sobre “las trampas interpretativas” que contienen los puntos dos y tres de este supuesto acuerdo ilegítimo, porque “Morales y Lucio, no pueden pactar nada con las FARC-EP”. Albarracín, escandalizado con la posibilidad de que este acuerdo sea real y llegue a alterar los acuerdos de paz, ha pedido al Gobierno y a las FARC que “defiendan la Constitución y que no echen atrás 25 años de lucha honesta, democrática y tranquila de las personas LGBTI”.

El comunicado de Viviane Morales, destinado “al pueblo cristiano y a quienes profesan una fe religiosa”, informa de que las FARC-EP llevarían a la mesa con el Gobierno los cinco puntos que, de forma resumida, contienen: (1) reducir el enfoque de género a la mujer como víctima del conflicto armado; (2) entender la familia sólo como la heterosexual y para ello apelan al artículo 42 de la Constitución desconociendo la jurisprudencia posterior: “Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”; (3) defender la autonomía de los centros educativos y de las familias (de esas familias) para formar a sus hijos según sus “principios y valores”, es decir, prohibir la educación en el respeto a la diversidad; (4) incorporar en el acuerdo a las víctimas por razones de fe, y (5) convertir a las congregaciones cristianas en actores políticos en la implementación y seguimiento de los acuerdos.

 

Este acuerdo iría de frente en contra lo de lo acordado en la subcomisión de género de La Habana y que fue incorporado como enfoque transversal a los acuerdos. En ellos se reconocía la diversidad sexual y se introducía a la comunidad LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexo) como población víctima sujeto del proceso de paz. Nancy Prada, coordinadora del informe Aniquilar la Diferencia del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre los efectos del conflicto en los LGBTI, se muestra cauta. “Estamos esperando confirmación” de que este acuerdo está respaldado por las FARC-EP.

Yimmi Chamorro con Victoria Sandino, a la que ignora en su post sobre la reunión.

Yimmi Chamorro con Victoria Sandino, a la que ignora en su post sobre la reunión.

Lo que sí están difundiendo las FARC -mientras insisten en su “vigilia por la paz” y su apelación a #LaFeenlaPaz- son imágenes de diferentes encuentros con sectores cristianos. El sábado le tocó el turno al pastor Carlos Acosta y al senador Yimmi Chamorro, que en su cuenta en Facebook también se refiere a la reunión “abierta, franca, constructiva y propositiva con Jesús Santrich, Pastor Alape, Ricardo Téllez y Pablo Catatumbo” y olvida a la comandanta Victoria Sandino, que lideró la subcomisión de género.

Nancy Prada se pregunta si es solo la sensación de la propia congresista Viviane  Morales o su voluntad, y no un acuerdo. Pero advierte de que, si este acuerdo se concreta, si noticias así salen a la opinión pública, “esa aniquilación simbólica” de la comunidad LGBTI en los acuerdos puede provocar más persecución, un recrudecimiento de la violencia en los territorios y la “legitimización de posiciones homofóbicas de quienes quieren ‘limpiar’ su presencia en los territorios”. Esta filósofa, activista y magíster en Estudios de Género, admite que con la introducción de la comunidad LGBTI en los debates de La Habana la violencia contra ellos “ha estado frenada”, pero gestos como este, como ya ocurrió con las marchas cristianas, hacen que “los homófobos vuelvan a sentirse legitimados”.

Si esto [unos acuerdos de paz que incorporen la visión cristiana] sale, no es paz; porque implica que no existe la posibilidad de paz para un sector de la sociedad. Para estas víctimas no hay paz”, concluye Nacy Prada.

Diana Duque, de la red Estudios de Género en América Latina, reaccionaba con indignación a este posible acuerdo: “Me parece indigno y preocupante que unos acuerdos que llevaron años en elaborarse y con participación de diferentes organizaciones representantes de la sociedad civil ahora sean manoseados por organizaciones inquisitorias a puerta cerrada. No es un proceso en igualdad de condiciones… si ellos querían participar debieron hacerlo mientras se estaban discutiendo los acuerdos y en la mesa en igualdad de condiciones con el resto de organizaciones. Dejar que estos personajes manoseen los acuerdos y los manipulen a su antojo es irrespetuoso y abusivo”.

Las posibles consecuencias

Hay dos puntos de este presunto acuerdo que preocupan especialmente al abogado Mauricio Albarracín, exdirector de Colombia Diversa e investigador en Dejusticia. El punto 2 y el 3, porque “usan la libertad religiosa para discriminar” y porque “perpetúan una concepto de familia excluyente negando la existencia de las personas LGBTI y su protección legal”. Además, insiste, “avanzan en la discriminación usando como estrategia dentro de la democracia los derechos constitucionales, usan la Constitución contra sí misma”.

Albarracín, que en twitter ha exigido al presidente y a las FARC-EP que se pronuncien sobre este supuesto acuerdo, advierte en un videocomunicado de sus trampas interpretativas. Porque lleva a una “interpretación discriminatoria” de la familia que la Corte Constitucional ya ha dicho que es excluyente, en la que las parejas del mismo sexo no tienen derechos ni económicos ni sociales. “Nos quieren volver a una situación sin participación constitucional” al eliminar el derecho al matrimonio, la adopción o el reconocimiento de los hijos entre personas del mismo sexo.

El punto tres parece “inofensivo” dice el abogado, que advierte de lo “extraño” que resulta que quieran introducir una cláusula de “armonización” relacionada con la libertad de conciencia, religión y derecho de los padres de la educación de sus hijos, cuando la no victimización y la no estigmatización ya es una obligación constitucional. “El propósito no es armonizar, lo que quieren es usar la libertad de conciencia, religión y los derechos de los padres como una espada contra las minorías sexuales”.

PDFComunidado de la Mesa Multipartidista de Mujeres sobre el enfoque de género del Acuerdo Final de Paz