Por Julián Arias
Media mañana en Puerto Berrío, el sol picante, el viento quieto.
A primera vista el pueblo tiene la imagen de un lugar próspero y seguro, una planicie de unos diez kilómetros cuadrados con las calles limpias y pavimentadas, por donde transitan, aparentemente tranquilos, sus más de 37.000 habitantes. Esta imagen solo resistió el tiempo que tardé en recorrer el lugar y llegar hasta una ferretería ubicada a cuatro calles del parque principal. En la entrada al local, dos escoltas, gruesos, sudorosos, intentan ocultar la empuñadura de sus armas estirando cada tanto la tela de sus camisas. Dentro, sentado en un escritorio, un hombre al que por seguridad llamaremos José, presidente de una asociación de víctimas de la región.
«Acá todos vivimos con miedo», me dice mientras buscamos asiento detrás del mostrador. Hace tres meses un joven de unos 14 años sorprendió a José mientras acomodaba unos artículos en una estantería de madera ubicada al fondo del local, apoyó una pistola en el mostrador, lo llamó por su nombre y apellido y le dijo: «Se va o lo matamos, gonorrea». José duró tres meses viviendo en Barrancabermeja, a ciento veintiocho kilómetros de Berrío. Hoy es un jueves de julio de 2025 y hace tres días que José regresó al pueblo. Hace dos días, dos jóvenes ingresaron al negocio, mostraron sus pistolas y le dijeron, otra vez: «Se tiene que ir de acá, no lo queremos ver más en Berrío». Ahora entiendo la insistencia para que nos sentemos mirando hacia la puerta de entrada y el gesto de terror en la cara de José cada vez que asoma un desconocido a comprar cualquier artículo. «En este momento tengo miedo, volví amedrentado, volví callado, volví humillado, pero no me vuelvo a ir ni por el putas».
José dice que las amenazas a su vida se deben a las extorsiones que realizan las bandas criminales a todos los comerciantes del pueblo y que él se niega a pagar —en días pasados le exigieron diez millones de pesos mensuales (unos 3.300 dólares)— y a su liderazgo social. «Trabajo con derechos humanos por reivindicar nuestros derechos y los de la gente, por eso hemos sido amenazados, estigmatizados, desplazados, torturados, asesinados». Su familia lleva años en los movimientos sociales de la región. Por esta razón, explica, asesinaron a su abuela y a su tío a finales de los noventa, y a su papá, un primo y un sobrino el 9 de junio de 2000, en un atentado en el que José quedó gravemente herido. Un par de meses después, una de sus hermanas fue secuestrada y desaparecida. Ya han pasado más de veinte años desde que asesinaron a sus familiares, pero la violencia no se va de Puerto Berrío. «Acá ahora hay es neoparamilitares. Después de la desmovilización en 2006 de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia], más o menos en 2010 aparecieron las bandas en los barrios. Luego llegaron más grupos que intentaron hacerse con el control. Hasta que apareció el Clan del Golfo, que no es otra cosa que los mismos desmovilizados de 2006, los que no entregaron las armas o los que se volvieron a armar. Ellos se adueñaron de todo y tienen a manera de contrato a las bandas delincuenciales de la zona, manejan la droga, el armamento, un señor alias Machacado es el ‘comandante’ y ejerce control con una familia de políticos de Berrío. Acá hay una connivencia entre las bandas, la policía y los políticos. Acá hay fronteras invisibles, los jóvenes no se pueden mover por los barrios porque los matan. Para entrar a algún barrio hay que pedir permiso, en cada esquina hay un muchacho con un radio mirando quién entra y quién sale y la Policía lo sabe».
José es un tipo corpulento, cuarenta y siete años, el habla acelerada, las historias llenas de violencia.
En el año 2005, seis hombres con armas largas lo sacaron de su casa en el centro de Puerto Berrío, lo obligaron a subir a una camioneta y lo llevaron para Suan, a más de quinientos kilómetros al norte del pueblo siguiendo el río Magdalena, cerca de la costa Caribe. Allí, paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia lo amarraron a un poste de cemento y lo torturaron. José dice que recapituló toda su vida mientras recibía los golpes, la orden era matarlo. Luego, el recuerdo se le presenta impreciso, como sumergido en las aguas turbias del Magdalena. Solo recuerda que, cuando la desesperanza lo tenía de rodillas, llegó el ‘comandante’ del grupo paramilitar que resultó ser un amigo suyo de la infancia. El comandante ordenó que lo soltaran y lo dejaran ir.
Aunque el ‘comandante’ y todo su bloque se desmovilizaron en 2006, los violentos nunca dejaron la región, unos se fueron y otros llegaron, se mataron entre ellos, se asociaron, y reaparecieron en la vida de José 17 años después con el mismo guion: el 24 de agosto de 2022, hombres encapuchados y armados lo sacaron de su finca ubicada a dos kilómetros de Berrío y lo trasladaron hasta el corregimiento Minas de Vapor. Mientras caminaban por una zona enmontada, se toparon con un pelotón del Ejército. En medio de la confusión y en un descuido de los secuestradores, José aprovechó para salir corriendo hasta la carretera que conecta a Berrío con Medellín, donde, por casualidad, encontró a una patrulla de la Policía que lo recogió y lo llevó hasta su casa. Al día siguiente incendiaron la finca de José y el negocio en el centro del pueblo. «De ahí siguieron las amenazas, las intimidaciones. La vida así es muy difícil porque no hay libertad. Nosotros no podemos salir al parque, no podemos salir a un baile, nosotros cerramos el local y mi hijo menor se va y se guarda en la casa con miedo porque amenazan es a la familia. Mis amigos vienen y me saludan acá, pero les da miedo andar con uno, dicen: “Usted está muy caliente, lo van a matar”».
La muerte y la violencia nunca han estado alejadas de la vida de José. Su infancia, empezando los años ochenta, coincidió con la época en la que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se movían por el Magdalena Medio extorsionando y secuestrando a empresarios de la región. Las familias que impulsaron el paramilitarismo relatan que fueron estas acciones las que provocaron una famosa reunión que se realizó en Puerto Boyacá, una ciudad a la orilla del río Magdalena, a noventa kilómetros de Puerto Berrío, conocida durante mucho tiempo como la “Capital Antisubversiva de Colombia”. En ese lugar, se juntaron policías, políticos, ganaderos y comerciantes para formar grupos paramilitares y combatir a la guerrilla. Luego, atraídos por este valle abundante y estratégico, llegaron los narcotraficantes que compraron grandes haciendas ganaderas y que encontraron en las autodefensas un socio inmejorable. Los narcos pusieron armas, transporte y dinero para la guerra.
La Comisión de la Verdad, una entidad creada en 2016 luego de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC para establecer las causas del conflicto armado en Colombia, dijo que el paramilitarismo hizo del río Magdalena un contenedor de cuerpos desmembrados y señalaba a Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y La Dorada, en la región del Magdalena Medio, como algunos de los municipios que sufrieron la época más sangrienta del conflicto. La Comisión detalla que Colombia registró 450.664 víctimas en treinta años, 27% a manos de la guerrilla y 45% de los paramilitares. De los más de 200.000 civiles asesinados por el paramilitarismo en todo el país, 11.623 fueron en esta región, donde la mitad de sus habitantes han sufrido las consecuencias de una guerra que no se va.
Durante esos años de violencia, algunos pescadores, areneros y vecinos de la ribera desafiaban las prohibiciones y sacaban los muertos que arrastraba el río Magdalena. «Antes la gente los sacaba y los adoptaba, ahora cogen un palo y los empujan, por orden de los paramilitares no los pueden sacar. Ahora volvieron las torturas, los descuartizan, les mochan las cabezas y los tiran al río. Al señor Dairo Isaza lo desaparecieron [el 12 de febrero de 2025], líder de oposición amigo de nosotros, por decir que estaban secuestrando a la gente y por tanta corrupción en la alcaldía. Cuando hay desaparecidos la gente se va en canoas por Murillo hasta Barrancabermeja o Mompox, generalmente no los encuentran porque el río va largo. Muchas veces se ven los cuerpos bajando con los chulos encima».
***
José lleva la mitad de su vida denunciando la violencia de la región. Aunque en un país como Colombia denunciar la muerte ajena es lo mismo que sentenciar la propia, él insiste en pedir respuestas a las autoridades. Desde enero de este año viene exponiendo las actuaciones criminales del Clan del Golfo y sus vínculos con algunos miembros de la Fuerza Pública, políticos y funcionarios de la Alcaldía. Como resultado de esas denuncias, a principios de mayo, a su teléfono llegó un mensaje del Clan del Golfo declarándolo objetivo militar y el 21 de ese mismo mes, el jefe de sicarios de ese grupo, alias “Chuqui”, se presentó tranquilamente en su casa, cerca del centro del pueblo.
Cansado de los hostigamientos, el 16 de junio, envió una carta al Departamento de Policía del Magdalena Medio y a la Personería del municipio preguntando por las acciones para proteger la vida de los líderes sociales y para frenar la violencia en la zona. Cinco días más tarde, luego de las elecciones presidenciales, un hombre lo alcanzó mientras caminaba hacia la iglesia, sin ningún interés por ocultar su cara o por bajar la voz, el tipo lo amenazó y le advirtió que matarían a todos los miembros del Pacto Histórico —coalición de centro-izquierda qué ganó la presidencia de Colombia en 2022 y que la perdió en 2026—, que en el pueblo no querían guerrilleros. Aquí, defender los Derechos Humanos o pertenecer a un partido de izquierda o protestar en contra del Estado incluye cargar con un falso y peligroso estigma: el de guerrillero.
A finales de junio, José recibió la respuesta a su carta. En pocas palabras, las autoridades reconocieron la presencia del Clan del Golfo en la zona y el incremento de la violencia, evidenciado en los cinco homicidios que se presentaron en menos de un mes, entre el 20 de mayo y el 16 de junio de 2026. También, señalaron que existen reportes y denuncias de desapariciones forzadas, amenazas, extorsiones e intimidaciones contra comerciantes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero que hay un compromiso de las autoridades para proteger a todas las personas residentes en Colombia.
Nueve días después de la respuesta, el 5 de julio, José encontró su finca saqueada, el agua fue cortada, destruyeron los cultivos y los cercos, y dejaron un papel en la entrada que decía: “Fuera guerrillero hp”. Alarmados por el aumento de las amenazas, José y su familia, una vez más, dejaron su casa y salieron desplazados de Puerto Berrío.
La última denuncia de José y de la asociación de víctimas la hicieron desde una ciudad lejos del pueblo y tiene que ver con las personas de Puerto Berrío que, según ellos, han sido desaparecidas forzadas en los últimos dieciocho meses: Luis Fernando Llano Welque, Dairo Isaza, Fabio Serna, Humberto Londoño, William Taborda, Edwin Esneyder Mayo, Juan Felipe García Suaza, Andrés Rodríguez Serrano.
***
En el pueblo hay grandes ferreterías y supermercados, decenas de tiendas de ropa, muchas cafeterías y cantinas, hay un puente de hierro y asfalto de seiscientos treinta metros de largo sobre el río Magdalena y una vía férrea que atraviesa el puente y conecta con la costa Caribe ─ hasta principios de los años noventa el tren también recorría los ciento setenta y dos kilómetros desde Berrío hasta Medellín─, hay una brigada del Ejército (la XIV) y un departamento de Policía, hay casi que una banda criminal por cada barrio: están Los del Oasis, Los Porteños, Los de Puerto Olaya, Los del Divino Niño, Los R15, Los de la Ochenta… Y, también, hay un cementerio con cientos de cuerpos que fueron enterrados sin nombre en fosas comunes.
El cementerio La Dolorosa fue construido en 1958. Luego de atravesar una reja grande de hierro con forma de arco, hay tres cosas que llaman la atención: a la derecha, un letrero pintado en una pared que dice: “Favor no borrar, pintar o cambiar los datos de los N.N. Fiscalía General de la Nación”. Por años algunos habitantes de Puerto Berrío adoptaron los cuerpos que bajaban por el río y que fueron enterrados como N.N., les pusieron nombres, en muchas ocasiones los de sus familiares desaparecidos, y les pagaron misas y les compraron osarios y les pidieron favores.
Luego, a lado y lado de la entrada principal, decenas de lápidas con las fotografías de hombres jóvenes, muchos de ellos asesinados en el pueblo en años recientes: José, quince años; Alejandro, veinte años; Luis Miguel, veinte años; Sebastián, veintidós años… La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) informó hace unos meses que, de los doscientos homicidios ocurridos en el Magdalena Medio en 2024, más del cincuenta por ciento corresponden a jóvenes entre dieciocho y veintiocho años.
Por último, delante de un ataúd rodeado de personas, un tipo flaco, cincuenta y pocos, pantalón negro, camisa roja, sombrero blanco, la voz roñosa, pretende acompañar una canción de banda mexicana que suena en un parlante también roñoso. Una botella de aguardiente se pasea por las manos de los dolientes hasta llegar al cantante que interrumpe su interpretación e intenta empujar un sorbo, pero una mujer mayor vestida de gris se acerca y le quita la botella y el micrófono y hace una señal para que levanten el ataúd hasta la bóveda. Los gemidos aumentan. La canción sigue sonando ronca. Dos hombres jóvenes, veintipocos, borrachos, se cuelgan del cajón. Una mujer de menos de veinte años se echa al piso a llorar. Una señora de cuarenta y tantos se sienta en una banca de cemento, pálida, ojerosa, ahogada. Los dos jóvenes intentan abrir el cajón que se tambalea y cae de un lado. El parlante suena más fuerte, más gangoso. Los gritos aumentan. La botella de aguardiente regresa a las manos del cantante que se abastece con dos grandes sorbos. La mujer mayor vestida de gris toma por un lado el ataúd, un montón de manos la siguen, levantan el cajón y lo empujan con afán adentro de la bóveda. El sepulturero apura el palustre, en segundos tiene los ladrillos montados tapando el hueco. Los gemidos van disminuyendo. Una niña de unos doce años camina tranquila hasta el parlante y lo apaga; enseguida, se escucha un estallido que, me dicen, es de una papeleta de pólvora. El tumulto se reparte por el cementerio, la mujer mayor vestida de gris y la niña de doce caminan hasta la entrada y se sientan al lado de tres hombres y una mujer que hablan animadamente.
En el cementerio La Dolorosa es habitual encontrar, los fines de semana, en las bancas enfrente de las bóvedas, a grupos de vecinos que se juntan después de visitar a sus muertos. Los niños juegan despreocupados al lado de las tumbas mientras los más grandes se ponen al día de las novedades del pueblo. Al escucharlos conversar, en las voces de algunos no se advierte ese dejo triste que queda tras contemplar la muerte violenta; otros, por el contrario, tienen la voz y el rostro invadidos por la tristeza, son los familiares de los asesinados o de los desaparecidos forzados: hijas, hermanos, tías, esposas, madres que se acostumbraron a recibir, como saco de boxeo, un porrazo detrás del otro. «Yo no me he muerto porque mi Dios quiere algo grande conmigo, Dios tiene algo grande para mí, o me tiene para sufrir, no sé», me dice una señora a la que llamaremos Ligia sentada en una de las bancas dentro del cementerio.
Ligia tiene sesenta y ocho años, los ojos cansados, la voz cascada. Cuando tenía dieciséis, recuerda, hasta su casa en Anorí, un municipio antioqueño ubicado a doscientos veinte kilómetros al occidente de Puerto Berrío, todos los días muy temprano llegaba un ‘comandante’ guerrillero que, mientras compraba las arepas que vendía su mamá, la acosaba asegurándole que pronto sería su mujer. “Dónde está mi muñeca hermosa”, decía. Ligia se escondía, dejaba de ayudar en el asador y se entraba para su casa a tratar de esquivar, entre los cuadernos del colegio y sus preocupaciones de adolescente, el rostro y el asco que le producía el guerrillero. Hasta que una tarde, cuando regresaba del colegio, cerca al matadero de Anorí, «ese guerrillero me violó. Con mucho miedo llegué a mi casa, con la ropa toda rota, ensangrentada, no sé cómo boté esa ropa y empaqué tres chiros. Al otro día me le saqué cinco pesos a mi mamá y me monté en un bus, me vine para acá, llegué a las ocho». Esa noche el pueblo estaba a oscuras. En el parque principal, Ligia conoció a un muchachito de la calle que la acompañó hasta una residencia donde pudo pagar un cuarto. A la mañana siguiente, sin dinero y con el sabor de la comida de su mamá en la boca, caminó hasta la orilla del río donde consiguió, además de un pedazo de pan, un trabajo como mesera en el que duró poco más de un año y donde conoció al que sería el papá de sus hijos. «Un ‘viejo’ de cuarenta y cinco años, me fui a vivir con ese viejo, yo con dieciocho años». El ‘viejo’ compró una finca cerca de Berrío donde sembraron comida, criaron gallinas, marranos y vacas y levantaron a tres hijos, dos mujeres y un hombre. Diez o doce años estuvieron trabajando, hasta que un día cualquiera de octubre de 1983 los paramilitares llegaron hasta la finca y se llevaron al ‘viejo’. En una hacienda ganadera ocupada por el Ejército lo acusaron de colaborador de la guerrilla. Quince días después, lo dejaron tirado en la entrada de su casa con una herida en la espalda, una bala le había atravesado un riñón. Ligia lo llevó al hospital y allí murió unos días más tarde. En el informe médico decía que el fallecimiento del viejo se debió a un problema en un riñón, por esa razón el Estado nunca investigó su muerte. Ligia quedó sola en la finca con sus hijos. «Cuando llegó esa manada hijueputa y nos sacaron de la casa, nos sacaron que daba miedo, nos dijeron que teníamos que salir, teníamos que desocupar, eso era un ejército de paramilitares, aporrearon a los trabajadores de la finca, eso fue una cosa horrible».
Una noche, a principios de noviembre de 1983, Ligia llegó hasta la casa de una amiga suya en el barrio Grecia de Puerto Berrío, arrastrando dos costales con lo poco que había podido sacar de su casa y con sus tres hijos. «Ahí empezamos a sobrevivir, mucha gente nos ayudaba. Trabajaba de todo, lo único que me faltó en este pueblo fue ser puta. Qué no he hecho yo en la hijuepuerca vida». Pasaron unos años, los hijos crecían y como la situación no mejoraba, Ligia decidió enviar a su hijo mayor [cuyo nombre también es protegido por deseo expreso de su madre. El miedo no caduca en estas tierras] para Medellín a vivir en la casa de un familiar para que terminara el bachillerato. En la madrugada del 27 de noviembre de 1987, el hijo viajaba acompañado de dos compañeros del colegio hacia Puerto Berrío para pasar unos días de las vacaciones de fin de año junto a su mamá y a sus dos hermanas menores. Faltando unos kilómetros para llegar al pueblo, en un retén de la guerrilla de las FARC, a los tres jóvenes los obligaron a bajar del bus y a entrar en el monte.
Asegura Ligia que buscó a su hijo por cielo y tierra, que caminó días enteros recorriendo todas las haciendas ganaderas que rodean a Berrío, en donde encontró, en igual número, a guerrilleros, paramilitares y militares. Dice que no la mataron porque siempre se hacía la perdida y que en una de esas fincas vio a un grupo de muchachos secuestrados en el pueblo y reclutados por las Autodefensas, pero nunca encontró a su hijo. Un año más tarde, uno de los compañeros logró escapar, llegó hasta la casa de Ligia y le contó: el hijo había intentado huir seis meses después del secuestro, el carcelero lo descubrió y le disparó en un pie. A punta de golpes lo obligaron a unirse a la guerrilla y al hijo no le quedó otra opción; aunque el mismo día que recibió el fusil, le pegó un tiro a un guerrillero. Horas después lo fusilaron.
***
Sofocada por el sol del mediodía, Ligia busca la sombra en uno de los árboles que hay en la entrada al cementerio y posa su mirada, como lo haría un pescador despreocupado que avanza por el río buscando la comida diaria y encuentra un torso humano descompuesto o un rostro desfigurado, en una Toyota que se detiene justo en la calle de enfrente. «Ahí está, esa es la camioneta del tipo que desapareció a Luis».
Su vida cambió después de saber que su hijo había muerto, sus hijas se fueron de la casa y ella, aunque dolorida, se dedicó a trabajar y se convirtió en una líder social que trabaja por las víctimas de la violencia. Trabajando en Barrancabermeja conoció a un joven de veinte años que vivía en la calle y a quién por petición de Ligia llamaremos Luis. Algunas personas en Puerto Berrío adoptaron a los muertos que bajaron por el río como una forma de llenar el hueco que dejaron sus propios desaparecidos; Ligia reemplazó a su hijo con un joven con un trastorno mental abandonado por su familia. «El médico una vez me dijo que Luis tenía el cerebro de un niño. Él era psiquiátrico, por eso cambiaba tanto de ánimo. El día que amanecía con su depresión se encerraba y no iba a trabajar. Cuando yo lo conocí, no me importó nada, solo pensé, mi hijo se desapareció, voy a adoptar a este, que tal sirva para algo, mi Dios es grande». Ese día, le compró ropa, comida, se lo llevó a vivir a su casa, le consiguió trabajo y lo trató como a su propio hijo. Pero diez años después, cuando Ligia vivía con algo de tranquilidad, otra vez regresó la violencia que dejó de ser casualidad y que asalta repentina como un martillo asestando golpes de esos que matan en vida, porrazos que machacan una y otra vez para que no se pierda el hábito del dolor, para que no se pierda la costumbre a perder. El 15 de mayo de 2025, Luis fue desaparecido.
Eran las siete de la noche cuando Luis recibió una llamada de una mujer que le pidió que saliera a comprar una medicina para su hijo enfermo, por alguna razón o, quizá, por su condición de salud, era una de las pocas personas que tenían permitido moverse en el barrio entrada la noche. Ligia le pidió que no saliera. «Me dijo: “Reina yo te quiero tanto, que yo sé que me voy a ir, pero yo te voy a seguir cuidando”. Y yo pensé a este pendejo que le pasa, se embobó o qué. “Usted sabe que algún día me tengo que ir y va a ser hoy”. Yo le dije que no, ni por el hijueputas».
Fueron muchos los que aseguraron haber visto el cuerpo de Luis descolgando por el río Magdalena. A las 6 de la mañana del 17 de mayo Ligia recibió la primera llamada, le aseguraban que un cuerpo con la misma descripción había acabado de pasar por Puerto Murillo. Ligia llegó a Murillo a la una de la tarde. Lo vieron más tarde pasar por Barrancabermeja y reapareció en un video publicado en Facebook ese mismo día por la tarde. En el video se veía un cuerpo flotando por el río Magdalena en un caserío a 170 kilómetros de Puerto Berrío. Al lado del video, una nota que decía: «El cuerpo del joven Luis fue visto esta mañana alrededor de las 10:00 a. m., pasando por el corregimiento de Badillo, jurisdicción de Puerto Wilches, Santander. Se informa que continúa río abajo…». Apenas entrada la mañana siguiente lo vieron en Mompox. Cuatro días después lo vieron otra vez en Barrancabermeja y una semana más tarde de nuevo en Murillo. Ligia siempre llegó, pero nunca encontró a su hijo. Con rabia y miedo, dice, estuvo muchos días recorriendo el río.
Unos días después de su regreso a Berrío empezó a buscar respuestas. En el barrio encontró a un joven integrante de una banda que le aseguró que el asesinato había costado 500.000 pesos (160 dólares). Ligia le ofreció un millón para que le contara toda la historia. «A él lo mataron por una verdad, él le dijo a alguien algo que no le gustó, pero que esa persona sabe qué hizo, la muerte de Dairo Isaza, otro líder desaparecido. Dairo era un líder lo mismo que yo. Un día él iba caminando por el centro, lo cogieron y se lo llevaron. ¿Sabe quién estaba sentado esperándolo?». La pregunta retórica apunta directamente al hombre de la camioneta parqueada enfrente del cementerio. «Lo cogieron y lo golpearon. Dairo le dijo a él, así me mate, usted es un ladrón, usted está acabando con la alcaldía. Al otro día Dairo fue y me dijo a mí, vea Ligia, me pegaron, usted ya sabe». El 12 de febrero de 2025, a Dairo Isaza lo esperaban en Yolombó, un municipio del nordeste antioqueño al que nunca llegó. Alertado por la desaparición forzada, su hermano en Puerto Berrío entró a la casa y sólo encontró la maleta empacada. Algunas versiones dicen que hombres armados entraron a su casa, lo sacaron amarrado y se lo llevaron; otras, que lo secuestraron mientras iba a realizar unas compras al supermercado. Tres días después, la Policía todavía no recibía la denuncia pues tenían que pasar cinco días. «Luego de eso, el 12 de mayo, el tipo de la camioneta bajó a mi barrio y Luis lo vio y le dijo: “De manera pues que a quién viniste a mirar para matar, no quedaste contento, vos mataste a Dairo y lo tiraste al río en una bolsa”». Tres días después, a las siete de la noche, Luis, alto, moreno, grueso, se despidió de Ligia y salió de su casa vistiendo una pantaloneta negra, una camisa a rayas y unas chanclas de plástico.
Dice en la página del Registro Nacional de Desaparecidos que en 2025 se registraron en Colombia 3.189 personas desaparecidas y que en lo que va de 2026 (27 de agosto) ya se superaron las cifras del año pasado en, al menos, 648 personas. En la página también dice que, desde enero de 2007 hasta mayo de 2026, se han presentado 94.551 víctimas de desaparición presuntamente forzada, aunque hay otros 157.691 “casos sin clasificar”. Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de 2019 advertía sobre la existencia de una situación de alto riesgo en la que se encontraban los habitantes de Puerto Berrío por el incremento del microtráfico, el resurgimiento de grupos armados al margen de la ley, y la expansión de algunas organizaciones criminales como el Clan del Golfo, la organización criminal más grande de Colombia con alrededor de nueve mil miembros. La Defensoría señaló la existencia de riesgos especialmente contra los líderes sociales que denuncian las violaciones a los derechos humanos, contra los comerciantes víctimas de extorsión, y contra los niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los diez y los treinta años.
Quince días después de la desaparición de Luis, una emisora de Puerto Berrío insistía en publicar sus datos pidiendo ayuda para encontrarlo. Ligia cuenta que para esa fecha, y a pesar de las dificultades que había tenido para buscarlo, los oídos sordos de la Armada, las vueltas que le daban en la Policía, los seguimientos y las amenazas que cuenta que le hacían en el barrio para que no denunciara y las trabas de la fiscalía para recibir la denuncia, tenía la certeza de que no estaba perdido, a él lo habían asesinado y lo habían tirado al río. Las respuestas fragmentadas a sus indagaciones han conformado un relato bastante preciso. «Resulta que la hijueputa lo llamó para pedirle un favor, pero era mentiras, solo querían que saliera de la casa. Él salió y de una vez lo amarraron. A las once de la noche empezaron el juego con él, le pegaron diez tiros y ninguno le entró. Entonces al ver que esos tiros no le hacían nada, él les dijo: “Yo a ustedes no les he hecho motivo, yo no le hago nada a nadie, yo de hacerle mal a una persona le hago un favor, qué les está pasando”. Entonces los muchachos le contestaron: “Luis, nosotros no le queremos hacer nada, pero obligatoriamente lo tenemos que hacer, porque si no, nos matan a nosotros”. Entonces como no lo pudieron matar a plomo, la hijueputa lo degolló».
***
En el parque Olaya Herrera escuché a un profesor y sindicalista, sesenta y tantos, tono de político, recitar con minucioso cuidado un monólogo dónde dice conocer todos los males del pueblo y el remedio para solucionarlos. El tipo asegura que un funcionario de la alcaldía también trabaja como abogado de las bandas, por eso quedan libres a los pocos días de capturarlos, que a los jóvenes hay que traerles educación y programas deportivos porque las únicas opciones que tienen son las cantinas, la droga y los grupos delincuenciales, que hace tiempo cerraron un restaurante escolar donde alimentaban a cuatrocientos estudiantes —acá se roban hasta la plata de la comida de los niños— y, dice, que si él fuera el alcalde después de las diez de la noche no habría ningún menor de edad en la calle; escuché a una líder social hablar de una masacre en un bus de servicio público que venía de Medellín el 20 de noviembre de 2023; ese día, a eso de las ocho de la noche, a pocos kilómetros de Berrío, dos hombres armados subieron al bus y dispararon contra Geraldine de dieciocho años, José Manuel de dieciocho, Estivian Efrén de diecisiete y Jefferson de dieciséis, asesinatos que, según la Policía, se debieron a la pelea entre las bandas por el control del territorio; también escuché a una mujer de cincuenta y pocos, la voz muy suave, como sin ganas de hablar, relatar cómo llegó a Berrío desde Segovia hace más de veinte años desplazada por la guerrilla, cómo asesinaron a su marido en Medellín, cómo le robaron un dinero con el que le iba a pagar una deuda a una familia poderosa del pueblo y cómo, el 5 de noviembre de 2022, la familia poderosa, acompañada de la Policía, la desalojó de su hogar y a la mujer le tocó salir con sus dos hijos, 14 perros, 22 gatos y dos loros; escuché al sepulturero decir que en Puerto Berrío todo está podrido; después, me pareció escuchar a José diciendo que ya no puede visitar el parque porque lo pueden matar; más tarde, escuché a Gloria contar cómo buscaron y encontraron el cuerpo de su hermano el día que los paramilitares lo asesinaron y lo tiraron al río; ahora, escucho a Ligia hablar largamente con Gloria de Luis.
Aunque el calor ha mermado con el pasar de la tarde, Ligia sigue agobiada por el sol, o por el recuerdo, se interrumpe para secarse las lágrimas y el sudor; enseguida, se recoge en la mesa como quien pretende contar un secreto y dice, en voz baja, que hace pocos días habló con Luis. «Yo hablé con un amigo que es clarividente, fui hasta Medellín, hicimos el ritual y Luis me dijo que no se había dejado encontrar porque no quería que la familia lo viera, porque la familia lo había echado como a un perro desde muy niño y la mamá no lo había reconocido como hijo. Ya me he acostumbrado a hablar con él de noche, él me llega cuando estoy en la cama y me dice que me quiere mucho, que él me cuida, que no me preocupe, que él está bien, que no me vaya a enfermar».
