La violencia sigue marcando la vida en Buenaventura

El 31 de diciembre de 2018, el presidente de la República, Iván Duque, hizo una pequeña declaración pública tras participar en un denominado Diálogo Social en Buenaventura.  La mitad de la brevísima intervención la dedicó a anunciar un plan de austeridad en el Gobierno; la otra mitad estuvo dedicada al desarrollo empresarial del puerto de la ciudad y anunció que su gobierno estaba comprometido con la región.

Ni una palabra sobre violación de derechos humanos, seguridad o lucha de grupos ilegales por el control de la ciudad… esas cosas que sufren las gentes de Buenaventura desde hace años. Lugo, tras aprovechar para realizar un Consejo de Seguridad, sí se refirió a los problemas de violencia de la seguridad y anunció más pie de fuerza: “1.200 hombres de aquí a marzo del 2019 para mejorar con el Ejército todos los mecanismos persuasivos y ofensivos contra el crimen organizado y una fuerza de despliegue con la policía una unidad móvil para enfrentar delitos como el microtráfico y la extorsión”.

Es difícil comprobar si el presidente cumplió con la promesa. Tampoco parece que diera resultado la militarización de la ciudad en 2014, ordenada por el entonces presidente Juan Manuel Santos, aunque sí se consiguió un titular optimista de The New York Times en julio de 2018 cuando su periodista, Seth Kugel, contagiado de optimismo, titulaba: “Buenaventura supera la violencia y atrae el turismo”. “En 2014, el presidente colombiano Juan Manuel Santos envió tropas para estabilizar la ciudad, y aunque las pandillas violentas de la droga aún operan ahí, la tasa de asesinatos está por debajo del promedio nacional, y la ciudad está cambiando para atraer turistas”, publicaba el medio.

No debían opinar igual los 425.000 habitantes de Buenaventura que en mayo de 2017 protagonizaron un duro paro cívico que puso en jaque a la ciudad y al preciado puerto durante varios días y que concluyó con una serie de acuerdos con el Gobierno Nacional en materia de servicios públicos, derechos básicos e inversiones.

Hoy, once meses después del artículo de The New York Times la situación es –una vez más- crítica. Este martes 18 de junio, por ejemplo, los habitantes de los barrios Oriente y Bosque, en la Comuna 6, vivieron horas de tensión mientras se producían varias balaceras en la mañana que confinaron a los pobladores en sus viviendas y que dejó, al menos, dos heridos de bala entre los civiles.

“El miedo y la zozobra mantiene a la comunidad la mayoría niños y jóvenes encerrados en sus viviendas y con pánico de salir. Se solicita de manera urgente a las autoridades municipales, departamentales y Nacionales, brindar de manera inmediata garantías de protección a la comunidad. Así mismo a los organismos multilaterales de Naciones Unidas y OEA elevar su solicitud al gobierno nacional para brindar seguridad a la comunidad”, rezaba un SOS emitido por la comunidad.

Unos días antes se conocían las amenazas en contra de las lideresas Yency Murillo Sarria y Mary Cruz Rentería Mina (integrante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico-CIVP), ambas reconocidas defensoras de los derechos de las mujeres víctimas de las diversas formas de violencia en el municipio de Buenaventura. Las amenazas se suelen cumplir en el Pacífico donde, según Somos Defensores, en el primer trimestre de 2019 se registraron 58 agresiones directas a defensoras y defensores de DDHH. El Comité del Paro Cívico denunciaba el 13 de junio que los hostigamientos se han extendido, además de a Murillo Sarria y Rentería Mina, a Javier Torres Caicedo, Yolanda Echeverri Gómez, Leidy Yomaira Mosquera Arce, Yina Sileny Angulo Martínez, Jairo Alberto Gómez, Freddy López, Leyla Andrea Arroyo Muñoz y Danelly Estupiñán Valencia. Todas ellas y ellos son líderes en procesos organizativos y forman parte del Comité del Paro y han sufrido en los últimos meses, extorsiones, acoso callejero, artefactos explosivos en sus lugares de trabajo, secuestro de familiares… Violencia en estado puro y tan dirigida a los liderazgos que su autoría intelectual podría ser trazada con precisión.

Pero los trazadores están ocupados en otras cosas. En mayo, el subcomandante de la Policía de Buenaventura, Cristian Adrián Torres Castellano, fue detenido por chantajear a un capo paramilitar detenido mientras mantenía retenida de forma ilegal a su esposa. Las noticias de detenciones de agentes de policía acusados de extorsión a comerciantes no son una excepción en el Puerto.

La opinión público sólo reaccionó tímidamente ante el descubrimiento de una cabeza humana flotando en el mar y el temor a que regresen las conocidas como ‘casas de pique’, lugares de tortura y desmembramiento. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, convocó un Consejo extraordinario de Seguridad a finales de mayo y prometió… lo habitual, un incremento del pie de fuerza, ante el aumento en un 75% de los casos de homicidio en Buenaventura en lo que va de 2019. “Vamos a solicitar como lo había hecho la alcaldesa, asistencia militar con 10 unidades más, la fuerza naval reforzará y desde Cali vamos a traer las fuerzas urbanas especiales para que apoyen a la Policía en la articulación para poder desvertebrar la delincuencia que existe en  esas comunas”. La gobernadora no debe confiar mucho en las fuerzas policiales ya que pidió “su rotación progresiva” y anunció la llegada de “11 uniformados de la Policía y 30 unidades de inteligencia que son muy importantes para poder esclarecer los homicidios y lo que está sucediendo con el fin de judicializaran con la Fiscalía”.

Nada de todo esto fue lo que motivó al obispo de la ciudad, monseñor Jaramillo Montoya, a proponer un exorcismo ‘aéreo’ de la ciudad previsto para el 13 de julio. A él le conmovió la violación y asesinato de una niña de 11 años y un incidente en el que un comerciante resultó muerto. La lista de los casos violentos en esta ciudad cuya situación social insostenible parece el trasfondo de todo es incontenible. La lista de incumplimientos, atrasos y superficialidad de las medidas oficiales, también. Buenaventura sigue siendo la ciudad con peores indicadores de calidad de vida del Valle del Cauca y el 66% de su población vive en la pobreza, a pesar de rodear a uno de los 10 puertos más importantes de América Latina por el que se mueve el 60% de la mercancía que entra y sale del país.