Para los desplazados sigue
la guerra y el olvido
Los desplazados y desplazadas en Colombia siempre han sido algo invisibles. En los semáforos, en las oficinas públicas, en las calles, en las goteras de las ciudades que habitan… Para los desplazados no ha acabado la guerra. Este año 2017 se ha registrado un aumento de, al menos, el 15% de personas víctimas del desplazamiento masivo y ahora, ahora que en teoría una guerra ha terminado, esta guerra parece ya no interesar a casi nadie.
Es el caso de los 370 wounnan desplazados desde el Resguardo Indígena Chagpien Tordó en Litoral de San Juan (Chocó) en marzo de 2017. La Defensoría del Pueblo los ha visitado en los dos albergues donde sobreviven desde hace ocho meses y se ha encontrado con un cuadro dantesco. En el Centro de Atención Integral a la Juventud – CAIJU, permanecen 254 personas desplazadas. En el Albergue Coliseo Centro, se alojan 117 personas, 37 de ellos menores de edad. Todos conviven con “roedores, cucarachas, zancudos y [hay] avistamiento de culebras en los alrededores. No hay aseo general, hay aguas estancadas en canales y el agua de consumo no es potable. Adultos y menores duermen en el piso sin colchonetas y hacinados. Hay riesgo de incendio y cocinan con leña. Cuentan con cinco unidades sanitarias para 254 personas. Los niños presentan enfermedades dermatológicas, signos de poliparasitismo y varicela, en varios casos”.
La Unidad Médica de la Defensoría detectó “4 casos confirmados de tuberculosis, con tratamiento y estudio epidemiológico; y uno más en estudio por sospecha. Sin embargo, estás personas comparten vivienda con 149 menores de 18 años, 99 de ellos en el rango de 0 a 9 años”. La Institución denuncia que no reciben atención médica pertinente ni medicamentos y recuerda que como población indígena debería recibir atención diferenciada que supondría, por ejemplo, alimentación acorde a su dieta y sus costumbres. Lo más grave, quizá, es que la Defensoría denuncia que no hay un plan de retorno para estas gentes, que “no existe un plan que garantice el cumplimiento de las condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, así como los accesos de servicios de salud a esas zonas”.
La situación de las familias de Litoral San Juan no es única, pero sí ejemplariza el drama que siguen viviendo los desplazados en el país, que no dejan de aumentar debido a la guerra territorial que se está produciendo en las áreas que fueron dejadas por las FARC en cumplimiento de los acuerdos de paz y que no han sido retomadas por fuerzas del Estado. La Oficina en Colombia de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha advertido de que el desplazamiento forzado masivo va en aumento y ya a finales de junio se tenían reportes de 7.682 personas desplazadas en estos episodios, aunque la cifra es mucho mayor porque, sólo en desplazamientos urbanos familiares, por ejemplo, la Personería de Medellín contabilizaba 2.340 casos entre enero y octubre de 2017. En total, aunque las cifras dependen en función de la fuente, se calcula que en Colombia hay, a día de hoy, 7,2 millones de desplazados, por delante de Siria, Sudán o Irak.
OCHA, como otras agencias, ha alertado de que el 70% de los desplazamientos masivos forzados se está produciendo en el Chocó y en otras áreas del Pacífico. De hecho, uno de los desplazamientos más grandes de las últimas semanas se produjo en el Alto Baudó, de donde salieron 1.142 personas (248 familias) de 24 comunidades indígenas, tras el asesinato por parte del ELN de un gobernador indígena.
