Montes de María, más que una batalla de los afro por la tierra

La titulación colectiva parece un sueño aún lejano mientras la agroindustria es el presente indiscutible y la amenaza petrolera no desiste. Es una batalla de modelos económicos y una historia de recuperación de identidad.

El 15 de abril de 2012, en la plaza de Santo Domingo Claver de la ciudad amurallada de Cartagena de Indias, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, entregó a un sonriente miembro del Consejo Comunitario del Palenque de San Basilio el documento que oficializaba la titulación colectiva de su población. En un acto presidido por Juan Manuel Santos, y al que asistió hasta la cantante Shakira, el mandatario estadounidense declaró: “La entrega del título de estas tierras a ustedes y a tantas comunidades afrocolombianas es un paso más hacia el final del largo conflicto que ha vivido este país”.

Cinco años después, sin embargo, los progresos en la titulación colectiva de poblaciones afrodescendientes en los Montes de María, ubicados a unos 50 km al sur de Cartagena, han avanzado poco. Mientras los monocultivos de palma aceitera y piña avanzan por el territorio, Paraíso y San Cristóbal, las poblaciones que siguieron el camino abierto por sus vecinos de Palenque siguen esperando, tras siete años de iniciar el proceso, a que el Estado le otorgue la titulación. En una zona que también ha sido apetecida por empresas como Ecopetrol y Texaco por sus riquezas minerales, algunos líderes sospechan de intereses contrarios a los de las comunidades detrás de un atraso por el que no ha recibido ninguna explicación.

“Fue un boom que quiso darse el Estado colombiano, sobre todo la Presidencia de la República, cuando vino Barack Obama”, declara Melvis Ariza, presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Eladio Ariza de la comunidad de San Cristóbal, en referencia a la titulación colectiva de San Basilio de Palenque. El consejo comunitario Eladio Ariza radicó su solicitud en 2010 y el Estado envió su comisión técnica de verificación en 2013, pero cuatro años después, la comunidad de San Cristóbal sigue esperando la respuesta oficial. “Vemos que no se avanza nada en ese proceso por parte del INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), entonces es cuando nosotros decimos: ‘¿Quiénes son los que están detrás de todo esto? ¿Por qué no hay respuesta de INCODER? Ellos como institucionalidad ¿qué están haciendo?, si es que quieren verdaderamente ayudar a las poblaciones negras’”.

Montes de María, una década de posconflicto

San Cristóbal y Paraíso, como todas las poblaciones de la región, fueron golpeadas salvajemente por el conflicto. Guerrillas y grupos paramilitares se disputaron la zona durante años, provocando un desplazamiento masivo en las comunidades de la alta montaña. Hasta 56 masacres paramilitares dejó la guerra en una zona donde desde principios del siglo XX la tenencia de la tierra ha sido un factor determinante para el conflicto. A las actividades guerrilleras y de paramilitares se sumó en Montes de María, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el accionar de agentes del Estado: asesinatos selectivos, detenciones arbitrarias…

Para 2006, cuando se desmovilizaron los paramilitares, apenas quedaba nadie en la zona pero el conflicto armado remitió y la población local fue regresando a cuenta gotas y sin ningún acompañamiento estatal. Sin embargo, los antiguos pobladores no fueron los únicos en llegar a la zona en esa época. En una relación que no ha podido ser probada judicialmente, como sí ocurrió en el Chocó, la guerra vació el territorio y el monocultivo de palma aceitera ocupó la tierra dejada atrás por los desplazados. Los Montes de María hoy muestran un escenario de posconflicto en el que el conflicto armado ha sido sustituido por el ambiental y en el que la falta de acceso a la tierra sigue siendo un mal crónico.

Para mediados de la pasada década, en la zona de Maríalabaja, el monocultivo de palma aceitera había sustituido casi completamente a las formas de cultivo previas al conflicto y con ellas desaparecían también lazos comunitarios y la soberanía alimentaria de la región. Ante el avance de la concentración de tierras emergieron las primeras voces proponiendo la titulación colectiva de comunidades negras, una figura legal nacida de la Constitución de 1991 que hasta entonces resultaba inédita en los Montes de María, habitados por comunidades afrodescendientes desde tiempos de la Colonia.

Recuperando la identidad afro en los Montes de María

“Ha habido un proceso de reetnificación muy fuerte en la región de Montes de María y sobre todo Maríalabaja”, declara Yina Mármol, encargada del acompañamiento a comunidades étnicas en la Defensoría del Pueblo de Bolívar. “Maríalabaja y San Onofre albergaron mucha población negra, sin embargo, se han dado situaciones históricas que no han permitido que la gente se reconozca como afro, situaciones de discriminación y de falta de reconocimiento de derechos de las comunidades de ser o de pertenecer a una etnia”, añade Mármol.

Amílcar Rocha, presidente del consejo comunitario Santo Madero de Paraíso. // María Rado

Cuando Amílcar Rocha, actual presidente del consejo comunitario Santo Madero de Paraíso, propuso en su comunidad la conformación de un consejo comunitario de comunidades negras, apenas 30 personas de los 500 que vivían en el pueblo se identificaron con la idea de constituirse como comunidad afro. “Nuestra cabecera municipal (San Jacinto) es de piel blanca y nos metieron en la cabeza que el blanco valía más que el negro y nuestra gente, aunque eran de piel negra, decían que no eran negros, porque el negro valía menos que el otro”, declara Rocha. “Como éramos objeto de burla fuera del municipio, eso nos estaba llevando a ser racistas con nosotros mismos, porque si a usted le dicen que vale menos por ser así, usted lo va a rechazar”.

Pero la falta de identidad afro no fue el único obstáculo. Al contrario que en el Pacífico, el Estado había llegado aquí en los años 60 del siglo XX construyendo un distrito de riego y repartiendo predios entre las familias locales. Mucha población local veía con hostilidad renunciar a su propiedad privada y pasar a una economía comunitaria, aunque el riesgo de acabar cediendo hacia el avance del monocultivo acabó por convencer a los indecisos. “Los territorios colectivos no son territorios con muralla ni son territorios cerrados ni tampoco está la gente impedida para trabajar ni para implementar cualquier tipo de cultivo siempre y cuando sea lícito. Lo que impide es que el empresariado se aproveche de las tierras del campesino con engaños, que lo embarquen en unos cultivos que no dan o no son aptos para la zona y, como el cultivo no da y tu garantía es tu parcela, él te quita la parcela”, declara Rocha, explicando el razonamiento con el que, desde el consejo comunitario, fueron convenciendo a los miembros indecisos de la comunidad para colectivizar sus predios.

“Nosotros tenemos que decidir nuestro modelo de desarrollo”

Palenque abrió el camino, San Cristóbal y Paraíso siguieron y ahora hay 48 consejos comunitarios conformados por todos los Montes de María. Sin embargo, la titulación colectiva parece un sueño aún lejano mientras la agroindustria es el presente indiscutible en la región. Sumado al modelo del monocultivo agrícola y cuando las reticencias de las comunidades habían sido superadas, apareció un nuevo obstáculo al que muchos responsabilizan de la demora actual en el proceso. En 2012 los gigantes petroleros Ecopetrol y Texaco comenzaron a realizar inspecciones sísmicas desconociendo a los consejos comunitarios y localizando fuentes minerales de carbón y oro. Tras una batalla jurídica, los consejos de Paraíso y San Cristóbal lograron frenar la adjudicación de los títulos para explotación minera, pero el conflicto sigue vivo. La titulación colectiva representa un modelo que choca frontalmente con los intereses de aquellos que buscan implementar un modelo agroindustrial y extractivista en el medio rural colombiano. Para Ariza, presidente del consejo Eladio Ariza de San Cristóbal, la confrontación entre ambos modelos será la principal lucha del posconflicto.

“Lo que es con el proceso de paz, nosotros creemos que podemos beneficiarnos una gran parte. Las FARC han dejado unas propuestas muy claras dentro de la negociación como son el tema del primer punto de los acuerdos, el punto agrario, para que el campesino se desarrolle”, declara Ariza. “Por un lado nos beneficia el tema de infraestructura, pero no se habla de quiénes van a manejar esa infraestructura, quiénes van a tener la posición para hacer esos temas. Porque pueden hablar de una infraestructura, de una represa, pueden hablar de una hidroeléctrica o de lo que sea, de unas vías terciarias, pero en nuestros territorios debe concertarse y consultarse para ver qué se puede desarrollar, porque ellos no van a mandarnos un modelo de desarrollo a nosotros, nosotros mismos debemos ser quienes decidamos qué queremos que sea el desarrollo, qué queremos que se haga y qué no”.