El silencio es oro
(o para qué matar a Falver)

En febrero de 2017 fue asesinado de 11 balazos el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Esmeraldas, Falver Cerón Gómez. Detrás de cada muerte de un líder hay un entramado de razones. Oro y coca imponen la ley del silencio en el Cauca.

(En colaboración con el medio hermano Proclama del Cauca)

Esmeraldas es un montañoso corregimiento, lleno de oro, ubicado en las estribaciones del Macizo Colombiano, pertenece a Mercaderes, uno de los municipios más antiguos de Colombia. Para llegar allí se pasa por el poblado de San Joaquín desde donde se aprecia el deterioro de las montañas que se derribaron, en un principio, para la siembra de maíz. La tierra fue perdiendo notoriamente su fertilidad hasta que se agotaron los nutrientes del suelo; a todo esto se agregó el factor climático, que fue haciendo presencia en prolongadas y periódicas sequías por todo el municipio y por la inmisericorde explotación de la tierra con maquinaria amarilla y contaminantes para extraer el oro de sus entrañas.

En noviembre de 2016 la tranquilidad de Esmeraldas se vio alterada cuando llegaron tres camiones de una empresa minera llamada Grupo CISAS, automotores repletos de hombres que ostentaban armas de toda clase. “Querían que todos fueran a ver sus armas”, explica un residente del corregimiento.

– ¿Ustedes como residentes consintieron esta ocupación? ¿Estuvieron de acuerdo con la nueva explotación minera que se estaba imponiendo?

– No, hemos visto lo que sucede a los ríos con la minería, con la desaparición del río Sambingo (el primer río en Colombia en “desaparecer”, cuyo cauce se encuentra cerca de Esmeraldas). Aquí tenemos el río Hato Viejo, que da agua a Mercaderes, tenemos cultivos, no necesitamos minería.

Pero muchos otros sí quieren. El departamento del Cauca hoy está caracterizado por la minería de oro. Los medios de subsistencia basados en la agricultura y la pesca cada vez se extinguen con mayor rapidez por la aplicación del mercurio que utilizan para separar el mineral precioso de la tierra roja, el cual fluye hacia los ríos causando desolación y muerte de especies naturales.

El sector minero es generalmente ilegal; el oro extraído se vende en Cali y Medellín a través de comercializadoras Giraldo y Duque SAS de Buenos Aires (Cauca) y está protegido por bandas armadas que impiden el acceso a los yacimientos mineros. Pero el ímpetu para el crecimiento del sector en el Cauca se dio gracias al privilegio ofrecido a la minería por sucesivos gobiernos nacionales y hoy en día prospera por el apoyo tácito de distintos niveles de autoridad pública. Puesto que la política centralizada explotación minera de los últimos años ha sido restringida por las sentencias judiciales y movilizaciones populares (consultas populares), y se han destacado sus incompatibilidades con la Constitución Nacional, el desarrollo del sector se basa en nuevos mecanismos para actuar, inclusive, en contra los deseos de muchas personas que han marchado en protesta o en oposición a la minería ilegal en sus los territorios ancestrales.

Esta es la primera parte de una investigación sobre el impacto de la minería aurífera en el departamento del Cauca. Se examina lo que es estar en una región donde minería es aún incipiente, como en el corregimiento de Esmeraldas en el municipio de Mercaderes, en el Macizo Colombiano.

El asesinato de Falver

A finales de enero y principios de febrero de 2017 la comunidad marchó por el municipio de Mercaderes para expresar su oposición a la minería. El diario El Espectador escribió un corto artículo acerca de las manifestaciones.

Lo leí, opté entonces por contactar a algunos miembros del Movimiento Campesino y Popular de Mercaderes para intentar concertar una visita. El 18 de febrero habría una reunión con el gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo Hurtado. “Esperemos mientras se realiza esta reunión y por favor, llame después para concertar el encuentro”, dijeron.

El sábado antes de esa reunión el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Esmeraldas, Falver Cerón Gómez, escribió sus respuestas a un cuestionario del gobierno sobre las fortalezas y debilidades de su corregimiento: las fortalezas las enumeró como “el clima y la variedad de productos: café, yuca, maíz, plátano y naranja”. Y las debilidades como: “No hay alcantarillado, el puesto de salud está en mal estado, débil comercialización de productos, un acueducto precario y la amenaza de la minería”.

Falver Ceron asistió aquel sábado a la reunión con el gobernador en la Casa de Cultura de Mercaderes; también estuvieron el alcalde anfitrión, Alcy Muñoz, y los alcaldes de Balboa y Florencia. Al terminar el evento, Cerón salió junto con Duvar Alexis Paz, presidente de la Asociación de JAC de Mercaderes. Cerón partió primero en su moto a lo largo de la carretera no pavimentada de Mercaderes hacia San Joaquín.

“Lo alcancé, primero porque tenía que apresurarme para ir a Villa María a un culto [servicio religioso] que estaba realizando allí”, recuerda Paz, “y segundo, porque Cerón todavía estaba aprendiendo a manejar su moto por lo que viajaba lentamente. Al pasarlo lo saludé invitándolo a una reunión que teníamos a las 9:00 de la mañana del domingo para presentar unas propuestas al doctor Martín Arroyave en Tablones Bajos, me respondió: ‘Sí, si Dios permite voy; si Dios quiere’”.

Duvar Paz sigue recordando: “Así me adelanté y pasé a tres personas vestidas de civil a pie por la carretera, no me detuvieron ni nada. Cuando miro por el retrovisor, le dieron orden de detenerse a Cerón Gómez, pensé, de pronto le van a robar la moto, entonces, en una curvita medio paré, cuando escucho los disparos y todo, pues yo arranqué de una, lógicamente uno teme que también vayan a hacer lo mismo con uno”.

Cerón había recibido 11 disparos. Su muerte se convirtió en otro ícono del más reciente fenómeno colombiano, el asesinato de dirigentes cívicos y de defensores de los derechos humanos. Según defensor del pueblo colombiano Carlos Alfonso Negret, 156 de ellos fueron asesinados entre 01 de enero de 2016 y el 01 de marzo de 2017. Cauca fue el departamento más afectado por esta violenta arremetida, representando el 30% de todos los asesinatos.

Una semana después del asesinato de Cerón, visité el Concejo Municipal de Mercaderes, mientras finalizaba una sesión extraordinaria. “Hay mucha inseguridad”, dijeron los concejales, “y mientras intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo para manejar los recursos naturales y el medio ambiente, el Gobierno central va en otra dirección. Sabemos dónde están las fuentes de agua, donde están las zonas agrarias, pero el gobierno se mueve de otra manera, otorgando títulos mineros sin ningún conocimiento de la zona”.

Gerardo Cepeda, coordinador de agricultura y medio ambiente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Mercaderes, dijo que hay 14 títulos mineros en Mercaderes, en el municipio más seco en el Cauca y el segundo más seco en Colombia. “Desde el año 2015 se incrementó la minería ilegal; hace poco ocurrió el desalojo de 75 retroexcavadoras que estaban trabajando sobre el río Sambingo. El daño fue conocido por todo el país; quedaron más o menos 15 kilómetros de playas. Hoy en día también tenemos otros asuntos muy preocupantes de concesiones mineras otorgadas por el Gobierno. Por ejemplo, se concede autorización para una exploración, para la prospectiva, es decir, para hacer unos estudios del sector de Esmeraldas y otras zonas por acá, pero lo cierto es que hay no solo exploración sino explotación, además, aquí hay 14 títulos mineros en el territorio mercadereño. Estamos bastante preocupados porque somos el municipio más seco en todo el departamento, somos el segundo municipio más seco del país, y el sector agropecuario ha sido bastante afectado, además, por el cambio climático”.

Así que esto era el fondo del problema que Falver Ceron había escrito en el cuestionario. En otros lugares del municipio, otras personas de Mercaderes me habían confirmado que la minería ilegal persistió a lo largo del Sambingo porque el alcalde fue asustado, fue intimidado para que no actuara en contra de las pandillas que protegían las áreas de explotación.

Pregunté a Cepeda quién era responsable para enfrentar el problema: “Esta es una red criminal de personas muy pudientes, inclusive, asociadas al narcotráfico, que viajan por toda Colombia. La responsabilidad es en primer lugar del Gobierno Nacional que concede las licencias a través de la Agencia Nacional de Minería, que tiene el control de las fuerzas militares y de Policía, pero este tema es muy delicado. Aquí la gente de la Administración Municipal ha sido abordada con frecuencia cuando tratan de hacer cualquier tipo de investigación en la región porque ha habido cordones de ‘seguridad’ que les han impedido. Es una red muy clandestina. Uno no puede ir allí. Con la administración local hemos tratado de ir allí a hacer algunos estudios, o a tratar de hacer algunas reparaciones en relación con el impacto ambiental de la minería ilegal, y no se ha podido. Existen alrededor de 4.500 personas, de lugares tan lejanos como la Costa, Chocó o Buenaventura”.

El trabajo duro no paga

En un oscuro amanecer, la lluvia parecía decidida a remediar la sequía que ha asolado la zona de Mercaderes, y me las arreglé para viajar en la parte trasera de un campero particular que se dirigía hacia el mercado de San Joaquín, la misma carretera destapada que habían tomado Cerón y Paz durante aquel viaje fatal.

“Obviamente, siempre habrá minería ilegal en Mercaderes”, dijo el conductor en un comentario desprevenido, y remató: “Y esto ocurre porque trabajando duro un hombre con su machete puede ganarse solo 18.000 pesos al día, lo que no alcanza para la supervivencia de su familia. La gente está desesperada, y tenemos que competir con los precios de los alimentos importados desde lugares como Estados Unidos y China, entonces la minería es una opción”.

En San Joaquín la lluvia forzó a los compradores y vendedores que exponen sus productos agropecuarios a refugiarse en la cancha de fútbol cubierta; sin embargo, un poco más tarde las montañas iban apareciendo, mientras se disipaba poco a poco la niebla.

Abordé una moto cuesta arriba en la dirección de Esmeraldas, un territorio controlado por el ELN, con la esperanza de hablar con los padres de Cerón. Le pregunté al conductor de la moto sobre la presencia de la minería en la zona. Señaló el café que íbamos mirando a la izquierda de la vía y dijo: “Todo está dañado. La sequía ha asolado el café y el pasto y la caña de azúcar… Podríamos ganar entre 50.000 y 90.000 pesos a la semana si trabajamos el café o con en labores campestres. Con la minería son $180.000 a la semana. Cuesta 400 millones de pesos comprar una máquina para la minería, pero ese costo se divide entre diez familias. Imagínate qué elegirías tú si tienes dos hijos que alimentar”.

Arriba, en la cresta de Esmeraldas, con panorámica hacia la llanura en dirección a Mercaderes, observé cómo el sol penetra a través de la nube. “Aquí tenemos lo que necesitamos para vivir”, dijo un residente de Esmeraldas, “y también hay coca, usted puede ganar 200.000 pesos a la semana con la coca”.

Duvar Paz, quien prácticamente había acompañado a Cerón en su viaje final, recordó que “Falver nos comentaba que él inclusive había trabajado unos días para los mineros ilegales porque no sabía lo que iba suceder; no tenía el tema en claro, el daño que iban a hacer. Hasta que enterado decidió no continuar con ellos, es más, tampoco quiso que ellos trabajaran más. En Mercaderes no estamos de acuerdo con ninguna clase de minería, no sea legal o ilegal”, sostenía reiteradamente.

Otro de los compañeros de Cerón, Célimo Buitrón, había ratificado las palabras de Duvar Paz al describir al líder asesinado como un oponente de la minería: “En el mes de Octubre del año 2016, si recuerdo bien, hicimos una marcha en contra de la minería legal, e ilegal, pues una empresa CISAS, radicada en la ciudad de Pasto [Nariño] estaba haciendo aparición aquí en el municipio de Mercaderes; y precisamente en la zona donde vivía el muchacho Falver Cerón, en el corregimiento de Esmeraldas. Entonces esta empresa convocó al Concejo Municipal en pleno para hacer la socialización del proyecto minero. El Concejo nos llamó a todos los líderes comunitarios, en el caso mío como presidente de ANUC municipal; se acordó una resistencia pacífica en contra de la minería, y se conformó la Coordinadora Campesina y Popular por el derecho al agua, la vida, y al territorio; entonces nosotros hicimos esa marcha en contra de esta empresa, y precisamente el día que ellos debían venir al Concejo, salimos a marchar. Esta gente nunca apareció. No han estado interesados en escucharlos porque ellos conocen la respuesta anticipada de nosotros: ¡No a la minería!”.

Aunque los directivos de la empresa no aparecieron en esa fecha, fueron vistos luego en Esmeraldas acompañados por hombres armados, y Célimo Buitrón recuerda que en febrero, después de la marcha, “en la cabecera municipal de Mercaderes, habíamos escuchado a un concejal a quien le habían preguntado quiénes eran las personas que no estaban de acuerdo con la explotación minera”.

Las consecuencias del asesinato

Encontré a la madre de Cerón en la puerta de la casa de la familia, y cuando se enteró de que era periodista rechazó la oferta de café, sus ojos estaban mojados; su hijo recibía amenazas pero no lo mencionó, dijo ella. Consciente del hecho de que Cerón había sido asesinado hace menos de una semana, salí; encontré al padre de Cerón afuera de la iglesia.

Todos los miembros de la JAC de Esmeraldas renunciaron cuando entendieron por qué lo habían asesinado; el padre de Cerón dijo que cuando nombraran una nueva Junta de Acción Comunal podría responder a mis preguntas, mientras tanto prefería no hacer comentarios.

Personas de la comunidad me aconsejaron dejarlo todo durante un mes; en un mes hablarían los padres, en un mes la comunidad campesina cercana sabría quiénes habían sido los responsables del crimen. Sin embargo, un mes más tarde los padres no hablaron, un mes después nadie sabía quién era el responsable.

El Grupo CISAS tenía un contacto en la comunidad: un productor de café llamado Pablo Neus. Visité su granja pero no lo encontré. Había viajado a Popayán. Su familia me acogió con gusto, me brindó café. Después, salí rápidamente del sector, desconfiaba del ELN. Desde San Joaquín viajé a Mercaderes en una Hi-Lux. Cuando el vehículo pasó por el punto donde ocurrió el asesinato, los pasajeros comentaron el evento: “Hay tanta gente nueva aquí… Una persona que habla con fuerza en una reunión… y ¡bang!”.

La Defensoría del Pueblo condenó el asesinato de Falver Cerón, un activista en contra de la minería ilegal. Pero no es solo la explotación minera del oro ilegal lo que mantiene la incertidumbre y el riesgo de sobrevivir. Un líder de las movilizaciones recientes de la zona dijo que lo de Falver presuntamente fue ocasionado por la minería, legal e ilegal, recordando que la desaparición del río Sambingo ocurrió muy cerca del corregimiento de Esmeraldas en jurisdicción del municipio de Mercaderes. “Otro problema que nos preocupa es la erradicación forzosa de los cultivos de coca, pero Falver nada tenía que ver con esto. Si querían matar a alguien que ha estado y se ha pronunciado contra la erradicación forzosa de la mata de coca, entonces habría sido alguno de nosotros el muerto”.

También hablé con Azael Imbachí, el concejal de Mercaderes oriundo de Esmeraldas. Su rostro está marcado con una cicatriz causada por un accidente en motocicleta, ocurrido en enero pasado, por lo que ha estado sometido a terapia intensiva. Su supervivencia fue vista por muchas personas como milagrosa. Da gracias a Dios por el accidente: “Si no me hubiera ocurrido el accidente, me temo que ahora estaría muerto”. “Mientras estaba en el hospital fue Falver quien debía asistir a las reuniones solo y fue él quien tuvo que hablar”.

Amenazas de muerte llegan al teléfono de Imbachi frecuentemente, sin referirse a un tema concreto, pero advirtiéndole: “Necesitamos que te calles o seguirás a Falver”, también le ordenan que “cese con las denuncias”. Ha reportado a la Sijin Mercaderes y al Gaula Popayán pero no ha tenido respuestas.

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Poco después, cuando regresé de Mercaderes, un panfleto con una nueva amenaza de muerte fue empujado por debajo de la puerta de la casa de Cabildo de Rioblanco, una reserva indígena Yanacona en el municipio de Sotará, también en el Macizo Colombiano. El mensaje era tan amenazador y oscuro como los que entregan a Azael Imbachí, pero una pista fue dada en el final: “De los sicarios de Popayán”.