Sin tregua para el pueblo negro

Para empezar, seis voces. Con peso específico, con la historia de resistencia tatuada en sus gargantas. “Han pasado 24 años desde que se aprobó la Ley 70 [en 1993, sobre comunidades negras] y aún no está reglamentada en sus capítulos principales”. Francia Márquez es lideresa del consejo comunitario de La Toma de Suárez, norte del Cauca, y debe vivir por fuera de sus territorio por las múltiples amenazas en contra de su vida. Habla con claridad y sabe que el país reconoció a los negros “en la parte trasera de la Constitución”, en un artículo transitorio. Igual pasó en el acuerdo de paz de La Habana, “el último día, en el último minuto”.

Eduar Herrera es del consejo comunitario Renacer Negro, en Timbiquí (Cauca). Su consejo logró la primera sentencia de restitución de tierras colectiva a comunidades afro en Colombia. Fue el 1 de julio de 2015. “Y no ha pasado nada. Las instituciones obligadas a la reparación por la sentencia siempre ponen de excusa la falta de recursos. Para nosotros nunca hay plata”. Herrera cree que lo que verdaderamente ocurre es que “aún no reconocen que somos parte de este país. Los territorios que no aportan al modelo económico que impulsa el Gobierno no tienen derechos”.

Serían, según explica Ariel Palacios, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), las comunidades que no responden a “la maraña”. Y “la maraña”, para Palacios, está conformada por empresarios y políticos que responde a la “lógica del mercado que es la lógica también de las instituciones”. “Buenaventura y Quibdó”, insiste el representante de CNOA, “demuestran que [los afrocolombianos] estamos en la espalda del Estado y eso es intencional”.

A la espalda y por fuera. Amílcar Rocha llega desde Montes de María, esa vasta región de dolor y usurpación a caballo entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Cuando “empezó la guerra”, los afrodescendientes poseían el 65% de la tierra. Unas décadas y 107 masacres después, ahora se apelotonan en un 11% de la tierra, mientras el 89% está en mano de 187 propietarios. “Llevamos 10 años de supuesto postconficto y de luchas y resistencias… pero esto es pelea de tigre con burro amarrado”. Las derrotas no aflojan la lucha, pero explican el porqué de ciertos desgastes.

«¿En qué consiste la deuda histórica y cómo vamos a hacer para que sea pagada y superar la inmensa brecha de desigualdad racial en la que vive nuestra gente?»

Elízabeth Moreno ha llegado a Cali desde el Río San Juan en representación de las comunidades negras agrupadas en Acadesan. En el temblor de su voz todavía está caliente el ataque que sufrió la panga en la que salía de su zona cuando un grupo armado, ante el despiste del motorista que no escuchó una voz de alto y su inopia, fue contestada a bala. “La situación es muy crítica en los territorios… a nosotros nos siguen violentando todos los derechos, físicos y mentales, que son los más grave”.

Y si Elízabeth aún no ha logrado despegar el susto de su voz, tampoco ha podido Delis Palacios recuperar la concentración que tenía antes del 2 de mayo de 2002. Es víctima de la masacre de Bojayá (Chocó) y parte del Comité por los Derechos de las Víctimas. “Este país no quiere ni reconocer ni respetar las diferencias”, explica Palacios antes de recordar que “el problema de Colombia no son las FARC, ni el ELN, ni siquiera las AUC… el problema de este país tiene que ver con el sistema económico, el sistema educativo… Si queremos conquistar nuestros derechos toca reestructurar el Estado orgánica y funcionalmente”.

Preguntas sin respuesta

Seis voces que no empiezan, sino que continúan una lucha que ya se hace demasiado larga, que enfrentan preguntas para las que, como recuerda Carlos Rosero, del Proceso de Comunidades Negras (PCN), no encuentran aún respuestas -satisfactorias-: “¿Qué pasa con el enorme pasivo de derechos vulnerados a la gente negra en el postconflicto, los olvidamos, decimos que es parte del pasado?, ¿quién va a contar en la Comisión de la Verdad nuestra verdad?, y… ¿esa verdad va a hacer el énfasis en las causas o en las consecuencias?, ¿cómo se compagina la deuda histórica con el pueblo afro con la deuda que se deriva del conflicto armado?, ¿en qué consiste la deuda histórica y cómo vamos a hacer para que sea pagada y superar la inmensa brecha de desigualdad racial en la que vive nuestra gente?”.

Las preguntas quedan rebotando en un auditorio con nombre de empresa donde se sueñan utopías en el Día Mundial contra la Discriminación Racial, que toma su fecha de aquel 21 de marzo de 1960 cuando la policía de la Sudáfrica del Apartheid cometió la brutal Matanza de Sharpeville.

Todas estas voces tienen algo en común, son negras, y se encuentran estos días en Cali, donde se celebra el encuentro-taller internacional ‘De reparaciones colectivas a reparaciones históricas para el pueblo afrodescendiente’. El encuentro, que se celebra en una universidad privada con el Centro de Estudios Afrodiaspóricos como anfitrión, estudiará con un panel de expertos internacionales, la posibilidad de constituir una Comisión Nacional de Reparaciones que se articule con el Movimiento Global de Reparaciones sembrado con éxito en el Caribe no hispanohablante.

Y sí, como todo encuentro internacional, tiene invitados de renombre. Por ejemplo, la historiadora y activista jamaiquina Verene Shepherd, del Comité para la Eliminación Racial de la ONU; Ajamu Baraka, del Partido verde de Estados Unidos; Ron Daniel, del Institute of the Black World; Mireille Fanon-Mendes, hija de Frantz Fanon y presidenta de su fundación, o el actor Danny Glover, embajador honorario para las Naciones Unidas para el Decenio Internacional de las y los Afrodescendientes que ya va en su cuesta final sin muchos resultados tangibles. Esta abrumadora presencia internacional no ha animado a la Unidad de Víctimas a cumplir su compromiso con el encuentro y ha dejado su silla vacía en el panel sobre el ‘Balance institucional de la política de reparación colectiva’.

Francia Márquez denuncia que “se está traficando con los derechos del pueblo afrodescendiente”

El encuentro ha arrancado con los invitados enraizados en esta tierra. De hecho, Francia Márquez Mina recuerda que sus ancestros habitan La Toma de Suárez desde 1636, un territorio que se consiguió “a punta de trabajo [esclavizado] y sangre”. Ahora, la activista recuerda como hace cinco años la Unidad de Víctimas decidió que La Toma fuera un caso emblemático priorizado…. “pero no ha pasado nada”. Igual ocurre en Bellavista, la cabecera de Bojayá, que hace tres años ha sido reconocido como sujeto colectivo de reparación “y aún no tenemos ni siquiera el plan de reparación del Gobierno ni información sobre de dónde saldrán los recursos para afrontarlo”.

En el encuentro de “casos colombianos” algo ha quedado claro: la institucionalidad cuando responde sólo llega hasta el papel. La realidad son otros cinco pesos. Para Francia Márquez, además de todas las coyunturas de violación de derechos humanos asociadas al conflicto, lo que subyace en todos los casos es el extremo “racismo estructural” de Colombia, que se pudo ver incluso en el proceso de paz en La Habana. Ahora, con un capítulo étnico, otra vez congelado en el papel y una ofensiva de la institucionalidad “para fraccionar el proceso organizativo de los afro”, Francia denuncia que “se está traficando con los derechos del pueblo afrodescendiente”. Para ella, sólo hay tres rutas para enfrentar el momento crítico que viven estas comunidades étnicas -las más afectadas por el conflicto “proporcionalmente” ya que casi un 20% ha sido víctima, según el Estado-: acabar la unión de África con los afrodescendientes en un movimiento que trascienda fronteras, una educación propia y que saque a las niñas y niños afro de colegios en los que le hacen avergonzarse de lo que son, y mecanismos de economía propia en busca de la autonomía.

Desde el río San Juan al río Atrato, desde Timbiquí al Caribe de Montes de María, los participantes han mostrado un panorama desolador. Todas y todos coinciden en que el conflicto armado ha sido un llover sobre mojado y que ahora, con la implementación de los acuerdos, las amenazas se han multiplicado. Amílcar Rocha señala directamente al Estado que los desplaza y hostiga jurídica y violentamente, “¿no piensan que es ya mucho haber superado 107 masacres, sumadas a los asesinatos selectivos?”.

Los pueblos afro negocian una y otra vez con el Estado, logran triunfos judiciales, luchan en escenarios internacionales y nacionales, pero casi todo se suele “quedar en el papel”. Entre otras cosas porque, como explica Delis Palacios, “al estado le ha quedado grande el proceso de reparación colectiva” y, como denuncian otros de sus compañeros, muchas de las instituciones responsables ya están “corruptas”.