Paros en el Pacífico ante los incumplimientos del Gobierno

Incumplimientos, ausencias y abandono y de nuevo más incumplimientos y ausencias y abandono. El Pacífico colombiano esta harto y la falta de respuesta del Gobierno y los acuerdos que no se cumplen les llevan, una vez más, a las medidas de presión para reivindicar derechos tan básicos como la seguridad de sus habitantes, la educación, la sanidad o el acceso al agua. Esta semana la Mesa Interétnica se tomaba la alcaldía de Riosucio para reclamar que una comisión de alto nivel verifique la grave crisis humanitaria de la zona, el próximo 10 de mayo el Chocó vuelve a estar convocado a un paro cívico -el último llevó una semana entera en agosto del año pasado- y Buenaventura iniciará el 16 de mayo otro paro indefinido convocado por 61 asociaciones de ciudadanos, sindicatos y agrupaciones empresariales para forzar una declaratoria del estado de emergencia económica, social y medioambiental del municipio.

La Defensoría del Pueblo también ha llamado la atención sobre la “grave situación humanitaria” tanto de El Chocó como de Buenaventura y ha alertado sobre “la crítica problemática de seguridad persistente en la región”. En este sentido, no solo advierte sobre al expansión y disputa de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control territorial y poblacional, sino sobre la persistencia de las condiciones de vulnerabilidad social y económica de la población, la débil respuesta de las instituciones del Estado para atender la problemática advertida por la propia Defensoría, el retorno de las comunidades sin condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad, y la falta de acompañamiento de las autoridades nacionales en el nivel territorial. Por ello, reclama también una intervención prioritaria y urgente para adoptar medidas humanitarias y de seguridad que protejan los derechos de la población.

El Chocó: solo el 5% de los acuerdos cumplidos

El Comité por la Salvación y Dignidad de Chocó convoca un nuevo paro cívico argumentando que el Gobierno únicamente les ha cumplido el 5% de los acuerdos pactados tras la movilización de agosto del año pasado. Siete meses después, y tras varias mesas y encuentros con el Ejecutivo, el Comité asegura que aún no se desembolsan los 720.000 millones de pesos para la terminación de las vías Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira y que de las 158 sedes educativas a las que se comprometió el Gobierno solo se han aprobado 28. Los chocoanos también denuncian la corrupción y exigen que los órganos de control del Estado y “si se quiere la justicia internacional” pongan a buen recaudo “a todos los corruptos para que los recursos del pueblo no se queden en los entretejidos de las mafias estatales. Los chocoanos no aceptamos la corrupción en ninguna de sus formas”.

Las protestas ciudadanas traducidas en paros han sido la estrategia reivindicatoria más importante para los habitantes de departamento del Chocó durante muchos periodos, un camino para lograr derechos que el Gobierno de Bogotá promete y no cumple o concede a cuenta gotas. Los incumplimientos han sido la tónica general de los acuerdos surgidos de los anteriores paros, 1987, 1994, 2000 y 2009 y 2016, que ahondaron las carencias en educación, sanidad, empleo o infraestructuras que tiene el Chocó.

La Diócesis de Quibdó se ha sumado a las denuncias del Comité Cívico y ha “invitado” al Gobierno Nacional a dar respuesta “eficaz” a las solicitudes de vías, hospitales y otras necesidades básicas del departamento, con el fin de evitar el paro. La Diócesis ha expresado en diversas ocasiones la violación de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de la mayoría de los habitantes del departamento del Chocó y ha asegurado que esta situación “hunde sus raíces en el abandono estatal y en prácticas de corrupción de los niveles nacional, departamental y municipal”. Considera probado el incumplimiento denunciado por el Comité y ha hecho un llamado los habitantes del Chocó a exigir sus legítimos derechos “dando signos de su tradición pacifista y evitando, consecuentemente, cualquier acto de violencia”.

El departamento del Chocó es el más desigual de Colombia, con el peor índice de pobreza monetaria (62,8%) y con graves problemas de acceso a la salud o a la educación. El informe de la Defensoría del Pueblo del año 2014 evidenciaba graves problemas de desnutrición infantil, salubridad pública, inasistencia en salud, precariedad en la cobertura y calidad educativa y afectaciones al ecosistema y reconocía que “el Chocó sigue siendo uno de los lugares del país donde el goce efectivo de los derechos humanos de la población es más limitado”. El Chocó también ostenta en triste récord de ser el departamento de Colombia con el mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), un 79,19% de la población afectada en el departamento y un 81,94% en Quibdó. La media nacional de NBI es del 27,78%. Es decir, 352.257 residentes del departamento podrían considerarse pobres, de ellos, el 52% habitan en las zonas urbanas y 48% en las zonas rurales (Proyecciones suministradas por el DANE-2012).

Buenaventura: marginalidad, desconocimiento e inequidad

El panorama en Buenaventura no difiere mucho de sus vecinos en el Pacífico. El lema de su paro convocado a partir del próximo 16 de mayo es ‘Para vivir con dignidad y en paz en el territorio’ y pretende ser el último mecanismo para lograr del gobierno nacional la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, “soportada en los preocupantes indicadores que padecemos, sometidos a la marginalidad, al desconocimiento, a la inequidad y a la discriminación histórica; agravada con la presencia, en nuestro territorio, de los grupos armados, generando miles de víctimas de este conflicto”. 61 organizaciones, juntas de acción comunal y consejos comunitarios respaldan esta convocatoria en la que se reclama cobertura en prevención y atención en salud; recuperación y conservación de cuencas y otros ecosistemas estratégicos degradados; una cobertura educativa básica, media, técnica y universitaria de calidad; el fortalecimiento y promoción masiva de las prácticas culturales, recreativas y deportivas; y un saneamiento básico e infraestructura y operación pública y comunitaria de los servicios públicos domiciliarios. La presentación, hace apenas unos meses, de la ‘Nueva Ciudad’ de Buenaventura por parte del Departamento de Planeación no ha calmado la desesperada situación de unos habitantes que ven crecer puertos e instalaciones logísticas mientras los problemas estructurales no mejoran.

Las peticiones también plantean un adecuado acceso a la justicia y la reparación a las víctimas individuales y colectivas; un ordenamiento del territorio, como hábitat para la vida y el bienestar colectivo, con reparación y nuevas viviendas para las familias; y el fortalecimiento de la producción local y regional y otras medidas económicas, jurídicas y políticas que garanticen la generación de empleos dignos y los ingresos requeridos por las familias. Todo ello complementado con programas de fortalecimiento institucional del distrito y lucha contra la corrupción.

Comunidades indígenas en el Ayuntamiento de Riosucio

La realidad que describen estas organizaciones es la de un municipio del Valle del Cauca en el que el desempleo es del 62% y el empleo informal llega al 90,3%; el de pobreza es del 91% en la zona rural y del 64% en la zona urbana. De los 407.539 habitantes, 162.512 son víctimas del conflicto armado; el déficit de vivienda es del 54% y las Necesidades Básicas Insatisfechas es de 36%, tres veces mayor que el de la ciudad de Cali. Aseguran que la oferta publica en salud de mediana y alta complejidad es cero y que un gran porcentaje de las cuencas hidrográficas están contaminadas con mercurio u otros metales por minería. Los desalojos territoriales y la presencia de actores armados ilegales forman parte de su denuncia.

Alerta humanitaria en Riosucio

En Riosucio (Chocó) a todos estos problemas se suma la situación de crisis humanitaria debido al conflicto armado que sigue activo en la zona. La ONIC (Organización Nacional Indígena) ha informado de que las comunidades embera dóbida y katío agrupadas en la Asociación de Cabildos del Bajo Atrato, CAMIZBA, y los indígenas del Pueblo Wounaan de ASOWOUNDACH, en unión con comunidades afros, están movilizados para exigir la presencia urgente de una delegación de alto nivel de Gobierno Nacional que haga una verificación de la grave crisis humanitaria que se vive en el municipio. La ONIC hace un detallado resumen de los enfrentamientos entre ELN y paramilitares, los territorios minados, las comunidades confinadas por estos hechos y la creciente presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Por ello aseguran que no abandonarán la alcaldía hasta que el Gobierno Nacional con funcionarios que tengan voz y voto para realizar acciones contundentes, puedan sentarse con las autoridades indígenas y afros y se busquen “soluciones eficaces a estos actos de violencia sistemáticos que siguen perturbando la tranquilidad de nuestros Pueblos indígenas”.