San Martín, en paro cívico
contra el fracking
San Martín (Cesar) lleva ocho meses protestando contra la aplicación de la fractura hidráulica (fracking) para extraer gas y petróleo en sus territorios. Meses de movilizaciones, de hostigamientos, amenazas e incluso la desmedida intervención del Esmad. Ahora se plantan de nuevo con un paro cívico que arrancó la noche del martes respaldado en una asamblea de 1.500 personas, y se prolongará hasta la noche del jueves. 48 horas con las que exigen la paralización de las pruebas de producción de yacimientos no convencionales por parte de las empresas ConocoPhillips y CNE Oil&Gas (Canacol Energy) en esta localidad y una moratoria nacional contra el fracking que termine con su prohibición en Colombia.
Los sanmartinenses demandan a los Gobiernos nacional, departamental y municipal, la aplicación del Principio de Precaución para prohibir cualquier actividad extractiva que ponga en riesgo el derecho a un ambiente sano, “dada la evidencia científica y académica sobre los riesgos y daños del fracking”, denuncia la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Codartec). No es su primera protesta pacífica. Hasta ahora no ha habido respuestas ni a los reclamos directos ni a las 3 grandes movilizaciones contra el fracking desarrolladas en San Martín. La última de ellas, el 25 de septiembre, convocó a 9 mil personas.
El paro está transcurriendo con tranquilidad, han explicado fuentes de Cordatec, muy secundado por el comercio y otros sectores, mientras integrantes de la asamblea desarrollan movilizaciones por todo el municipio informando de la situación. Pero Codartec y el paro cívico no solo denuncian el silencio de las autoridades sino el acoso y la agresión que reciben los ciudadanos que protestan contra el proyecto del Pozo Pico plata1. La última fue la agresión del Esmad a los integrantes de la comunidad que se manifestaban en contra del ingreso de la maquinaria de la empresa ConocoPhillips al pozo. Gases lacrimógenos y el uso de armas se saldó con varios heridos.
A ello suman las “intimidaciones, amenazas y otras violaciones a los DDHH de las que hemos venido siendo víctimas los integrantes de Cordatec por medio de panfletos anónimos, mensajes en redes sociales y otras estrategias, así como la persecución contra nuestro equipo por parte del alcalde de San Martín, Saúl Eduardo Celis Carvajal y personas allegadas a su equipo de trabajo”.
En estos tiempos de ‘paz territorial’, dicen, denuncian el trato criminal dado a la protesta social por parte de la Policía Nacional, “quienes contra todos los protocolos en materia de protección a los DDHH han venido hostigando sistemáticamente a las personas de la comunidad que participamos en las protestas pacíficas”. En este sentido recuerdan que hace unos días “cuatro policías vestidos de civil, con cámaras fotográficas, portando armas de fuego y desplazándose en una moto sin placas (Ver video), intentaron infiltrarse en el plantón que desarrollábamos preguntando por nuestro compañero Carlos Andrés Santiago, quien se encuentra amenazado de muerte”.
La pruebas de producción mediante fracking contra las que protesta San Martín están recogidas en la fase 1 del contrato firmado entre la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), la ConocoPhillips y Canacol Energy para explorar y explotar Yacimientos No Convencionales. Cordatec ha presentado varias denuncias contra ese contrato que carece de permiso de la Autoridad Nacional Ambiental (ANLA), que sí había dado uno en 2014 para yacimientos convencionales y no para el fracking que es no convencional.
Hace unas semanas el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aceptó el impedimento presentado contra la directora de la ANLA, Claudia Victoria González, por el conflicto de intereses. Su esposo, Héctor Manuel García Agudelo, es contratista de la empresa ConocoPhillips para desarrollar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto de fracking en San Martín.
Once congresistas de diversos partidos, la Red internacional OilWhatch, y una treintena de organizaciones internacionales han manifestado su apoyo a los vecinos de San Martín y su oposición a la fractura hidráulica, un sistema que consiste en extraer gas y petróleo del subsuelo y las rocas mediante la inyección a fuerte presión de agua con químicos. Diversos países ya han prohibido este sistema o han aprobado moratorias hasta que se aclaren sus posibles riesgos para la salud y el medio ambiente.
