Santos vuelve a prometer que protegerá a los líderes

La protección de líderes y lideresas sociales y el control de la violencia armada en zonas azotadas por el conflicto, y ahora sin presencia de las FARC, parece una promesa tan recurrente como la de la lucha contra la corrupción. El pasado 22 de noviembre, dos días antes de firmar el acuerdo de paz definitivo con las FARC y cuando las alarmas se prendían en todas las instancias por el asesinato de líderes sociales por todo el país, Juan Manuel Santos convocó con aspavientos una comisión de alto nivel para evaluar las acciones a tomar. Lo hacía un día después de que la Misión de la ONU en el país le exigiera al Gobierno “acciones urgentes” y que, en un comunicado, asegurara que “las Naciones Unidas entienden el temor de las organizaciones sociales afectadas y su reclamo para que se tomen urgentemente las medidas necesarias para evitar el recrudecimiento de la violencia, que socava la confianza en las perspectivas de una paz estable y duradera”.

En Bogotá, ese 22 de noviembre, el presidente de la República se reunió con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y con representantes de Fiscalía, Policía y otras entidades.

Santos habló entonces al país asegurando que la Fiscalía [la misma que reconoce un impunidad penal en el país del 98%] «está acelerando su labor investigativa para esclarecer cada uno de los casos y determinar quiénes fueron los responsables”. Casi tres meses después de esta afirmación no se conocen resultados.

El presidente también prometió que miembros del Gobierno y la Fiscalía se reunirían semanalmente en consejos de seguridad en los municipios más afectados. Tampoco se conoce reporte al respecto. “Es importante que se reúnan estos consejos con los respectivos alcaldes para hacer seguimiento a la situación”. También se anunciaron reuniones de seguridad con los gobernadores de los departamentos más afectados, como Cauca, Nariño, Caquetá, Meta y Norte de Santander. No hay informe alguno de avances con esos departamentos.

Hoy, 16 de febrero, 87 días después de que la ONU pidiera al Gobierno que se moviera y después de múltiples informes y peticiones similares de organismos de derechos humanos colombianos, Santos vuelve a anunciar medidas contundentes: “Tengan la seguridad –la plena seguridad– de que no vamos a permitir que la violencia de unos pocos ponga en peligro los buenos frutos de nuestro proceso de paz y reconciliación”. El presidente no se dirigía a las organizaciones más afectadas ni a los líderes sociales, sino ante el cuerpo diplomático acreditado, al que aseguró que le preocupa “sobremanera las amenazas y los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos” y que, por ello, “la próxima semana», en el Cauca, que es uno de los departamentos más afectados, «voy a instalar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que diseñará la política pública y criminal para contrarrestar las organizaciones y conductas que atenten contra la implementación del Acuerdo de Paz”.

Lo que no les contó Santos es que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que forma parte de lo pactado con las FARC, ya fue creada por el mismo mediante un decreto presidencial hace 10 días, el 6 de febrero. Nada nuevo. La única novedad es confirmar que la primera reunión de esa Comisión se dará, si la agenda se cumple, dos semanas después de haber nacido y con un saldo de 16 líderes y lideresas asesinados en lo que va de año.

Las promesas del Gobierno en este campo no son nuevas. De hecho, ya el pasado 1 de septiembre, hace seis meses, el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguraba que en la Fiscalía se iba a crear «una unidad especial para investigar los crímenes contra defensores de derechos humanos y líderes sociales» que al tiempo, en la Policía Nacional se constituiría otra «unidad especial para perseguir estas estructuras del crimen organizado”. Tampoco era nada nuevo, porque era lo que recogía el acuerdo ya casi cerrado con las FARC por aquellas fechas. Pocos días después, el 13 de septiembre, fue nombrada Alexandra Valencia al frente de la unidad especial de la Fiscalía. Y a principios de enero fue destituida. Ahora se está pendiente del nombramiento de un encargado de esa unidad, según anunció Presidencia el 6 de febrero.

Mientras las promesas van y vienen, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha sido el encargado de sustentar en todos los foros la tesis de que no hay paramilitarismo en el país y que, por lo tanto, las amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos no tiene nada que ver con el conflicto armado. En una extensa entrevista concedida a La FM el pasado 19 de enero aseguraba: “El ELN es tal vez la última fuente de violencia política que nos queda, ya no tenemos paramilitarismo, tenemos unas Farc mayoritariamente dentro del proceso de paz y un crimen organizado que no tiene carácter político y hay que combatir”.

Las afirmaciones de Villegas naufragan ante cada nuevo informe público. Esta semana, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) mostraba una realidad muy distinta: “2016 fue un año con incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y, además, nuevamente el paramilitarismo dio muestras de su capacidad de acción: el paro armado realizado por el Clan del Golfo paralizó 36 municipios de ocho departamentos y que avivó el debate sobre el riesgo generado por estas estructuras en muchas regiones y en la implementación del acuerdo de La Habana”.

Indepaz asegura -y mapea- que en 2016 detectaron “actividad narcoparamilitar en 344 municipios de 31 departamentos”. El detallado informe de Indepaz sostiene que siguen vivas 13 estructuras “narcoparamilitares”, clasificadas en dos tipos: “Las que tienen una relación con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, con injerencia a nivel nacional; y las que actúan a niveles regionales y municipales, que no han podido consolidasen o que aparecen por primera vez este año. Dentro de las primeras se encuentran el Clan del Golfo, los Rastrojos, las Águilas Negras y los Puntilleros, estos últimos como la fusión entre el Bloque Meta y Libertadores del Vichada. En el segundo tipo están, entre otros, La Constru, los Pachenca, La Oficina, La Empresa, Cordillera, los Paisas, Nuevo Orden, Nuevo Renacer AUC y AUC”.

Indepaz ha contabilizado en los cinco meses desde el cese al fuego bilateral un total de 51 asesinatos, 13 atentados y 130 hechos de amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos “de la mano con el avance de la reorganización de estructuras paramilitares”.

(Ver Informe de Indepaz Enero 2017)