El obispo de Apartadó reprende al Estado por negar el paramilitarismo

El obispo de Apartadó, Hugo A. Torres Marín, ha estallado y en un duro comunicado de la Diócesis denuncia la presencia acelerada en la región de Urabá y del Bajo Atrato de paramilitares, el acoso a los reclamantes de tierra, delincuencia urbana, corrupción y el asesinato de líderes sociales y políticos; y no solo eso, sino que lanza duras palabras contra un Estado ausente y contra el “juego de palabras “ que utilizan sus representantes para estigmatizar a la población y “llamar con otros nombres lo que todos reconocemos como paramilitarismo”.

Las palabras del obispo, cuya diócesis abarca todo el Urabá antioqueño y el chocoano así como el Bajo Atrato, se produce horas después de las denuncias de agresiones por parte de grupos paramilitares en Riosucio y San José de Apartadó y de la advertencia de nuevos desplazamientos en esas zonas. Horas después del desplazamiento de familias en Ituango y del asesinato de reclamantes de tierras en Turbo.

“¿Hay anuencia del Estado o es simplemente un descuido de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo pactado? ¿Hay simpatía estatal con estas formas ilícitas de dominio y manipulación de unos territorios de ancestrales dueños que el Estado no admite como poseedores legítimos?”, se pregunta Torres Marín, quien describe lo que está ocurriendo en la zona como “el reagrupamiento acelerado y el aumento de paramilitarismo”, cuyos grupos ingresan “súbitamente” en los territorios que abandonan las FARC en su desmovilización por los acuerdos de paz.

Junto a ello, denuncia la “gravedad social” del asesinato de líderes sociales e integrantes de los nuevos movimientos políticos (van 14 en 2017), y considera “inaudito” la reaparición de “un fenómeno que se creía superado”. Otra de sus denuncias se refiere al “modo atroz como silencian a reclamantes de tierras” y alude a ocho casos de hostigamiento en la última semana. Recuerda que esas tierras que reclaman les fueron despojadas a las comunidades “en forma fraudulenta y criminal”.

Torres Marín fue uno de los pocos altos jerarcas de la Iglesia que junto al arzobispo de Cali, Dario Monsalve, y el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, apostó públicamente por el Sí en el plebiscito en favor de los acuerdos de paz. Ahora alza la voz para describir un desolador panorama que incluye también el “control bélico” de las tierras vinculadas al narcotráfico; la delincuencia organizada alrededor de los cultivos ilícitos y la corrupción: “el apoderamiento, a la vista de todo el mundo, de las regalías y del pago de impuestos”. Habla de minería ilegal, de “la extracción de las riquezas de nuestros suelos y subsuelos y del arrasamiento del ecosistema”. Como ejemplo de esto último cita los desplazamientos de Ituango y se lamenta de que frente a todo ello no haya “una toma de posición humanitaria por parte del Estado».

El incremento de las pandillas juveniles es otra de las alertas que señala el comunicado, pandillas que están invadiendo los centros urbanos de Turbo, Apartadó, Nueva Colonia y Currulao, “una macabra dinámica de delincuencia organizada” en torno al microtráfico y la extorsión a comerciantes, empresarios, personas de a pie y que “acude a la justicia particular, al asesinato y a la limpieza social”, generando el pánico entre todos los pobladores urabaenses.

«¿Cuál es el futuro para las comunidades campesinas y de las regiones que siguen sufriendo en forma permanente el flagelo de los actores del conflicto armado?», se pregunta la Iglesia, que denuncia un inadecuado manejo de los territorios por parte de las fuerzas del Estado, un Estado que “justamente aquí no ha hecho presencia”. El obispo dice no entender estos “vacíos de poder” y exige al Gobierno que “se pronuncie con claridad”.

La Iglesia expresa su “dolor e inconformismo ante el juego de palabras empleado por representantes legítimos de los entes gubernamentales” para denominar un “fenómeno vergonzante” que dice empañar a militares y policía y que difama a toda la región de Urabá. Se refiere así a la utilización del nombre del Golfo de Urabá, de Jorge Eliécer Gaitán o a los descendientes del apellido Úsuga para denominar a los grupos paramilitares sin utilizar este nombre (Urabeños, Gaitanistas, Clan Úsuga). Desde el Gobierno se insiste en no hablar de paramilitares sino de grupos de narcotráfico o bandas delincuenciales asociadas a la minería ilegal, al tiempo que se niega la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales. Para el obispo de Apartadó hay un uso “malintencionado” de las palabras para “adormecer a la población con engaño”.

Monseñor Torres Marín echa la vista atrás y pide que no se olvide lo ocurrido en el pasado y que amenaza con repetirse: “El asesinato de tantas personas que se comprometen con un cambio social y político”. Cambios que cree que deben llevarse adelante y se pregunta ante ello: «¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la subregión?».