¿Se manipuló el acuerdo de La Habana en el Congreso?
¿Cuánto ha cambiado la Jurisdicción Especial de Paz desde La Habana?, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Se ha excedido el Gobierno en sus atribuciones? Este lunes, tras cuatro debates y sesiones maratonianas, quedaba refrendado en el Senado la ley que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr). Pero el texto final no es el mismo que salió del acuerdo de paz de La Habana firmado entre el Gobierno y las FARC. Incluye unos cambios sustanciales sobre los que advierten el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). Más allá del contenido, se trata de modificaciones unilaterales que, a su juicio, “exceden” las facultades dadas al Ejecutivo y al Congreso para la implementación de los acuerdos y por ello podrían incurrir en una declaración de inconstitucionalidad como ya ocurrió con el decreto ley 2204 de 2016 sobre la Agencia de Renovación del Territorio Sentencia (C-160 de 2017).
Por ello este miércoles han emitido un comunicado en el que exigen al Gobierno y al Congreso de la República que la implementación del Acuerdo Final “respete lo pactado entre las partes y lo ya previamente refrendado por el propio Congreso”.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación da cobijo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Tras el debate del lunes, el Movice critica que las proposiciones realizadas, y aprobadas, por miembros los de la bancada de la Unidad Nacional y avaladas por el Gobierno no solo modifican “sustancialmente” elementos del Acuerdo Final, sino que “afectarán de manera negativa los derechos de las víctimas de crímenes de Estado”. En este sentido resaltan especialmente que se restringe la posibilidad de investigar y sancionar la financiación de los grupos paramilitares, se limita la participación de las víctimas en la Sala de Reconocimiento de la Verdad y se debilita la responsabilidad de la cadena de mando en los crímenes de Estado. El Movice destaca que los partidos que promovieron estas proposiciones “son quienes más se han visto implicados en las investigaciones por parapolítica y han tenido que ver cómo varios de sus miembros han sido condenados, destituidos o procesados por la Justicia por sus nexos con grupos paramilitares”.
Financiación paramilitar
Las asociaciones rechazan que se restrinja la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar la participación directa e indirecta de terceros en la financiación de grupos paramilitares. En este sentido recuerda que esta situación es aún más censurable cuando el Acuerdo Final incluye la prohibición constitucional del paramilitarismo y la Corte Suprema de Justicia lo ha considerado un crimen de lesa humanidad.
La modificación introducida en el acto legislativo sobre esta cuestión fue presentada por el senador Germán Varón Cotrino. Ahora solo se juzgarán como financiadores del paramilitarismo a los civiles cuya participación haya sido determinante en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, reduciendo la autonomía judicial para valorar pruebas. La JEP ahora sólo podrá sancionar a quienes se les compruebe una relación directa entre su financiación y la comisión de un crimen concreto.
“Esto olvida que la financiación del paramilitarismo en su conjunto garantiza el funcionamiento sostenido de grupos que se dedican sistemáticamente a la comisión de crímenes de carácter internacional y de graves violaciones a los derechos humanos”, lamenta el Movice quien insiste en que “sin desmonte del paramilitarismo no habrá paz estable y duradera”.
Las víctimas y el Tribunal para la Paz
Los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos como insumos para que el Tribunal para la Paz citara a presuntos responsables ya no serán suficientes. El Senador Roosvelt Rodríguez –ponente del Acto Legislativo- presentó y consiguió el apoyo para una modificación que dice querer prevenir el funcionamiento de supuestos carteles de falsos testigos. El Movice lamenta que esta proposición “equipara un trabajo serio y riguroso de documentación realizado durante décadas por las organizaciones y víctimas, con este tipo de prácticas criminales”.
La presión militar y la cadena de mando
Para el Movice, en el acuerdo final sobre la JEP ha quedado en evidencia, una vez más, “la presión del estamento militar sobre el poder civil”. Las Fuerzas Militares han logrado debilitar la figura de la responsabilidad por cadena de mando. Con el texto aprobado, el Estado modifica principios del Derecho Internacional (Artículo 28 del Estatuto de Roma) que tendrá como consecuencia que sólo los soldados -como actores materiales de delitos- sean juzgados y sancionados, “mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes”.
Las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes en toda la discusión, dentro y fuera del Congreso, para exigir que no se dilatara más la implementación y se aprobara el Sivjrnr, como instrumento “fundamental” para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
En ese sentido, saludan la incorporación de las proposiciones que incluyen el enfoque territorial y de género, la participación de las víctimas en todas las etapas del Sistema Integral, la eliminación de la figura de la sostenibilidad fiscal como requisito para la reparación de las víctimas y la garantía de que esta sea una reparación integral y no sólo pecuniaria. “Seguiremos trabajando incansablemente por una paz que nos reconozca y dignifique”, concluye el comunicado.
