Senadores con San Martín y contra el fracking
La intervención del ESMAD contra el centenar de vecinos de San Martín (Cesar) que trataban de impedir la explotación del Pozo Pico Plata 1 acabó en desalojo, gases lacrimógenos y un mensaje desesperado de mujeres que pedían ayuda y relataban el riesgo en el que se encontraba la población civil. La carta que once senadores de cuatro partidos diferentes habían enviado al Gobierno dos días antes no impidió la represión. En esa misiva, los parlamentarios no solo exigían que se atendiera los reclamos de esta comunidad, sino que criticaban la “débil y laxa” legislación colombiana sobre el fracking, sistema de explotación de hidrocarburos que las empresas Conoco Phillips y Canacol quieren aplicar en la zona.
El texto firmado por Angélica Lozano Correa, Claudia López, Jorge Eliécer Prieto, Antonio Navarro Wolf; Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda Castro, Víctor Correa Vélez, Alirio Uribe Muñoz, Alberto Castilla Salazar, Cristian Moreno y Eloy Quintero le dice al Gobierno que no “maltrate” a los vecinos de San Martín por oponerse al fracking y no solo le pide que atienda sus reclamos sino que “bajo ninguna circunstancia viole su derecho constitucional a la protesta social”.
Los vecinos de San Martín junto a los integrantes de la Corporación Defensora del Agua, el Territorio y los Ecosistemas (Cordatec) celebraron una asamblea en el parque principal de la localidad tras los enfrentamientos y este jueves han seguido reunidos. Se plantean la convocatoria de un paro «pacífico» con gente de la comunidad, ha explicado la vicepresidenta de la Corporación, Estefany Acuña, quien lamenta que la carta de los senadores no evitará la dura intervención policial. Según Acuña, otros senadores se han sumado ya a la carta inicial y ya suman 25 firmas.
Ha insistido en que la actuación policial fue algo lamentable que se produjo a pesar de las alertas previas y de los avisos de la organización de que se trataba de una protesta pacífica. Los vecinos más afectados fueron mujeres y personas mayores, advierte Acuña, quien ironiza sobre como el alcalde, Saúl Celis Carvajal, firmara una resolución contra la violencia a las mujeres y 24 horas después permitiera que fueran agredidas. «Este ya no es un problema local, es un problema de toda Colombia, del respeto a los territorios y de un medio ambiente sano y un agua limpia. Es un problema del derecho de la comunidad a decidir sobre los asuntos que le afectan».
La lucha contra el fracking
El fracking, o extracción de gas y petróleo mediante fractura hidráulica, consiste en inyectar en el subsuelo agua a presión con diversos componentes químicos para hacer ‘estallar’ las roca y la tierra y que se liberen los hidrocarburos que hay en su interior por lo que permite el acceso a bolsas de petróleo y gas a las que anteriormente no era posible llegar. El sistema se conoce desde los años 40 del siglo pasado pero su baja rentabilidad no lo había hecho común hasta hace unos años, ante la posible escasez de hidrocarburos o las subida de precio del petróleo. En Estados Unidos, el principal productor mediante este sistema, su expansión ha estado parejo al boon energético de principios del XXI.
En San Martín llevan dos años luchando contra la concesión que el gobierno otorgó a la multinacional Conoco Phillips (80%) y a la nacional Canacol (20%) para buscar en el sur del Cesar y en el norte de Santander. Hasta ahora, la Corporación Defensora del Agua, el Territorio y los Ecosistemas (CORDATEC) había logrado evitar que las empresas comenzaran la exploración que carece de permisos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La carta de los congresistas del Alianza Verde, Polo Democrático Alternativo, Cambio Radical y La ‘U’, recuerda esa lucha y reconoce que los riesgos “sociales, económicos y para la salud pública de los sanmartineneses ‘son altísimos” y que, por el contrario, los medios para mitigar o prevenir los negativos efectos de este métodos “no cuentan con la evidencia cierta sobre su eficacia”.
Voces contra el fracking
Las voces contra el fracking en el mundo se multiplican. En Europa, países como Francia y Bulgaria lo prohibieron directamente y otros como Holanda, Australia, Inglaterra, Alemania o Dinamarca han aprobado moratorias que lo suspenden temporalmente. En España varias comunidades han legislado en su contra, aunque el Estado sigue sin asumir esa posición. Canadá, Australia o Nueva Zelanda también se han opuesto y Estados Unidos, el pionero, sigue aplicándolo a pesar de informes de su propia Agencia Nacional de Salud o del Servicio Geológico de (USGS) que vincula el fracking con el aumento de la actividad sísmica. A ello se suman algunas sentencias como la que condenó a la petrolera Aruba Petroleum a indemnizar con 2,1 millones de euros a una familia de Decatur, Texas, porque considera que sus dolencias están relacionadas con las operaciones de fracking de los pozos de Aruba.
Falta de regulación en Colombia
Los congresistas firmantes de la carta en apoyo a San Martín introducen también este tema y las dudas que existen en torno a la fractura hidráulica. “Es evidente que la regulación en Colombia sobre el fracking es débil y laxa” con múltiples estudios que “han demostrado que la insuficiente información sobre las características y el estado de conservación de los sistemas de agua superficial y subterránea, la estructura y composición de sus subsuelos y la sismicidad de sus territorios aumentan los riesgos de esta actividad”.
“Por la gran incertidumbre y los probados daños que el fracking ha causado en otros países, el gobierno colombiano debería actuar con responsabilidad y aplicar el principio de precaución”, concluyen.
En este mismo sentido, el senador Eloy Quintero, de Cambio Radical, recuerda que la Agencia Nacional de Hidrocarburos suspendió la actividad de las empresas. Criticó que el Gobierno trate de evitar cualquier tipo de movilización en contra del proyecto de San Martín y reclamó una legislación “más acorde” con la situación real que “proteja” el medio ambiente .
Ayer, la red internacional de resistencia a las actividades petroleras Oilwatch, conformada por organizaciones sociales, comunitarias y ambientalistas de Asia, África y América Latina, también se pronunció sobre la oposición al fracking en San Martín y sobre la “fuerte amenaza de represión y criminalización”. “Aunque las expresiones sociales han sido masivas y contundente, se sigue desconociendo y desvalorizando la decisión popular, negando el derecho a la participación, la protesta y rechazando el diálogo como forma de resolver este conflicto”, indicó la red a través de un comunicado público. Al Gobierno colombiano le exigió la suspensión inmediata del proyecto de fracking en la región del sur del Cesar, haciendo uso del Principio de Precaución.
En 2014 el Gobierno colombiano ofreció un total de 98 bloques para explotación de hidrocarburos, 19 de ellos para hacer fracking de petróleo y gas de esPilquistos o lutitas. De ese año es una reglamentación para la explotación de yacimientos no convencionales, aunque en ella no se abordan medidas claras para cuidar las aguas o para asegurar que la explotación se hará lejos de zonas pobladas que puedan sufrir efectos secundarios de salud. Sí hay una resolución de la Contraloría del año 2012 dirigida al Ministerio de Medio Ambiente y la ANLA en la que advierten sobre los riesgos ambientales de este tipo de explotación y reclaman que si se llegaba a aprobar esta práctica en el país se hiciera siempre teniendo en cuenta el medio ambiente y sus necesidades.
