¿Siguen produciéndose falsos positivos?

Cuando se conoció la práctica institucionalizada de los falsos positivos en las Fuerzas Militares –ejecuciones extrajudiciales de civiles mostradas como bajas en combate con la insurgencia- pareció que nadie se atrevería a repetirla. Sin embargo, la ONIC denuncia que ha regresado… ¿o nunca se fue?

Los indígenas Betoye Luis Díaz López, de 22 años y secretario del Cabildo, y Miller Díaz López, de 32 años y fiscal de la comunidad indígena del Juliero, regresaban el viernes 19 de enero en la noche, a eso de las 11 p.m., a su comunidad. Venían de “cacería de animales de monte”, explican las autoridades del pueblo Betoye, en Tame (Arauca). “De regreso ya en el resguardo, a tan sólo 400 metros del caserío muy cerca de residencia, fueron interceptados por miembros del Ejército Nacional [Fuerza de Tarea Quiron], quienes les disparados de manera indiscriminada, quitándoles la vida en el acto”. “El Ejército Nacional trasladó los cuerpos para Arauca y los hizo pasar como guerrilleros del ELN, asunto que la comunidad rechaza de manera contundente; ante tal despropósito y violación de los derechos y honra de los dirigentes indígenas, la comunidad decidió bloquear la vía como protesta hasta que se aclaren los hechos y el Gobierno – Ejército Nacional rectifique la acusación”, ha denunciado la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). De hecho ayer se dieron cortes de carretera en la vía Tame-Arauca por parte de las comunidades, que exigen una investigación sobre lo sucedido y una rectificación oficial del Estado.

No parece que esa sea la idea del Ejército. De hecho, hasta este sábado 20 de enero, la versión oficial sigue vinculando a las dos víctimas civiles con el ELN. El general Álvaro Vicente Pérez, comandante de la Fuerza Tarea Quirón, insistió, basado sólo en su testimonio: “Estos individuos se identificaron como integrantes de la comisión ‘Martha Elena Barón’ del frente Domingo Laín. En la operación, ellos vestían prendas oscuras, brazaletes alusivos al ELN, portaban armas de fuego y un celular”.

La ONIC ha denunciado que este caso hay que interpretarlo como dos ejecuciones extrajudiciales, dos falsos positivos. Esta práctica ha dejado, al menos y según la Fiscalía General, 5.241 víctimas, y hay unos 1.300 oficiales del Ejército involucrados en casos ocurridos, en su mayoría, entre 2004 y 2007.

Pero no es la única situación irregular en Tame. Las autoridades indígenas regionales también denuncian “que el Ejército Nacional con el afán de confrontar al ELN y/o otros grupos al margen de la Ley que opera en el departamento de Arauca, en su afán por presentar resultados al gobierno central cometen hechos fuera de sus funciones, como es este caso, y otro asesinato ayer (viernes 19) en la madrugada, se trata de una joven profesora de un CDI, que como de costumbre en la región y en comunidades indígenas, se trasladan en las madrugadas entre familiares, esta vez a pelar uno pollo para la venta al detal”.

En otra zona del país, en Casanare, el pasado 11 de enero, en la vereda Volcán Blanco, municipio de Aguazul. Allí, miembros del ejército quisieron obligar a llevar un paquete hacia otra vereda a los campesinos Andres Camilo Barrera Patiño y Diana Carolina Saganome Cardenas. Cuando estos revisaron el paquete, según una denuncia del Congreso de los Pueblos, vieron que llevaba panfletos y banderas del ELN. El Congreso de los Pueblos interpreta estos hechos como un intento de “falso positivo judicial”, que no se produjo porque los campesinos se negaron a transportar el paquete y avisaron a organizaciones sociales de la zona, que los apoyaron.