«Entonces, si queremos evitar la repetición de la barbarie
no hay que fiarse de los sabios, ni de los políticos,
ni de los economistas. Hay que fiarse de los que han sufrido.
Manuel Reyes Mate
La casa de Alicia Sandoval* huele todo el tiempo a nido de gallina. Unas 30 andan a su gusto al interior y ponen el huevo donde les da la gana. Hecha en madera y ubicada en un rincón cualquiera del casco urbano de Trujillo (8.000 habitantes), el hogar de esta señora luce un poco descuidado, solitario. A juzgar por sus recuerdos, la vieja finca donde ella vivía antes siempre estaba llena de gente: su esposo, que pagaba las recolectas de café, los trabajadores, su papá, los hermanos, las nueras, sus hijos… Según cuenta, antes de que mataran a su marido en la cocina, unos hombres había venido a proponerle instalar un laboratorio para el procesamiento de pasta de coca traída desde el Cañón de las Garrapatas, un territorio en disputa plagado de fosas comunes en los límites entre el Valle del Cauca y el Chocó. Esa misma semana vendió la finca de casi 90 hectáreas por 7 millones de pesos y salió con lo que pudo para el pueblo.
Un recorrido rápido hacia la zona resulta revelador. Trujillo pertenece al departamento del Valle del Cauca. A diferencia de la mayoría de municipios de esta división política, su casco urbano está rodeado de montañas. Ha sido históricamente un pueblo conservador y que ha sufrido la violencia. Sin embargo, la guerra encontró su peor asidero entre 1988 y 1994 con una serie sistemática de masacres y desapariciones forzadas en las que participó abiertamente el Estado colombiano –como reconoció por primera vez Ernesto Samper en 1995- en cabeza de militares, policías y agentes del DAS de la mano con narcotraficantes locales que, según el investigador Adolfo León Atehortúa, pudieron estar asociados a la casa paramilitar de los Castaño.
Una de esas masacres ocurrió en la vereda Puente Blanco.
-Eran más o menos las dos de la mañana, se escuchaba como tumbaban las puertas y después el estruendo dentro de las casas, estaba todo oscuro (…) habían cortado la luz-
El vacío de la verdad en la vereda Pueblo Blanco
Cuenta Alberto que esa noche no entendía qué estaba pasando. Lo despertaron a los gritos, lo levantaron a las patadas y lo hicieron vestir a las carreras. Por esos días, la presencia de actores armados era común. Estos eran paramilitares. Cuando los sacaron a la carretera, recuerda, “vi muchos hombres vestidos de militar y encapuchados. Uno de ellos alumbró la camioneta blanca y ahí estaban mis dos sobrinos”, que no alcanzaban a cumplir los veinte años. “Estaban montados en el remolque”. Alberto sabía que nunca los volvería a ver. Así fue. Aún no se explica por qué a él no se lo llevaron. En total, 10 personas desaparecieron esa noche de Puente Blanco. “Decían que éramos todos guerrilleros”. Según su relato, tres días antes, siete soldados de las fuerzas militares habían muerto en combate en enfrentamientos con una disidencia del M-19. Ese había sido el pretexto de la operación.
Años después, en Buga, un juez le contó a Alberto que esa noche estaban hombres del Batallón Palacé y de la Policía de Tulúa y de Trujillo. Estaban también sicarios del narcotraficante Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán, y otros narcos. La alianza macabra con las autoridades locales estaba comenzando a operar. Varios testimonios coinciden en afirmar que, de fondo, estaba el propósito no sólo de combatir la subversión, sino, el de consolidar la zona como un punto de operación para el narcotráfico del Norte del Valle.
El padre Tiberio
El asesinato del padre Tiberio Fernández es el caso más recordado en la conocida como masacre de Trujillo –aunque fueron muchas y sucesivas- y la que visibilizó lo que venía pasando, porque el religioso se había convertido en el principal vocero de las víctimas de los paramilitares, había denunciado el narcotráfico, los descuartizamientos, las torturas y las desapariciones selectivas. El 17 de abril de 1990, volviendo del sepelio de Abundio Espinosa, Fernández fue interceptado sobre el puente del río Cauca, en las proximidades de Trujillo. Se lo llevaron junto con otras siete personas. Ninguno volvió.
Según la confesión de Daniel Arcila, fue tal el nivel de sevicia que ejercieron sobre el cuerpo aún vivo del religioso que él se decidió a hablar. Las otras siete personas también fueron asesinadas. Daniel había sido un informante de la Policía y estuvo en las filas paramilitares por varios años. Una de las hipótesis judiciales conocidas sobre su papel dice que él había sido un testigo ocular de las masacres en tanto que estaba convencido que se trataba de una lucha antisubversiva. Pero, con la muerte del sacerdote y de otros personajes del pueblo a quienes había conocido de siempre, se convenció de que no era eso lo que los motivaba. Él mismo ayudó a recuperar los restos del padre después de alertar a las autoridades en Bogotá y Cali.
«Cuando fui a la audiencia… a mí no se me olvida la cara de burla de Loaiza [El Alacrán]”
Algunas versiones en el pueblo aseguran que Daniel había visto como los paramilitares habían llevado la cabeza del padre Tiberio a manos de Henry Loaiza como un trofeo. Un investigador judicial de la Fiscalía, que habla bajo reserva de identidad, dice que ese testimonio fue tildado de locura al interior de la institución y por eso a Daniel se le retiraron medidas de protección. La última vez que se le vio fue en la vereda Puente Blanco en manos de funcionarios policiales que, según cuentan los vecinos , lo llevaron a la finca Villa Paola en presencia de Henry Loaiza. Luego fue brutalmente torturado y, después, fue arrojado al río Cauca dentro de una caneca llena de cemento.
Trasladar una mirada enseñada a los horrores del conflicto no es fácil en Trujillo cuando hay tanto por esclarecer. Hasta 2016 son 91 los desaparecidos registrados oficialmente. Unos fueron tirados al río y otros enterrados en fosas. En un lapso de seis años Trujillo llegó a acumular 342 víctimas mortales directas.
El Centro Nacional de Memoria Histórica y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) se han encargado de documentar esos crímenes, pero cada familia recuerda lo propio y cuenta su versión. Es el caso de Alberto quien, bajo una enorme mata de plátano, saca la cuenta: a su familia le asesinaron 14 de miembros. “Cuando fui a la audiencia [celebrada en 2008]… a mí no se me olvida la cara de burla de Loaiza”. Alberto da unos pasos, se agacha hasta el suelo, agarra con su mano un manojo de caña forrajera y luego le lanza un machetazo certero sobre la base. La apila para luego llevársela a su caballo.
El sol comienza a ponerse
Del casco urbano a la vereda La Sonora hay 40 minutos en moto por una estrecha carretera bordeada de bosque. “Toda esta vía, salvo por los nuevos colonos, tiene familias que sufrieron a los grupos armados”. Toño, el conductor, es un hombre de aire infantil y mirada triste que recuerda el día en que los paramilitares se llevaron a su madre. Él estaba por los 12 años. “La gente viene acá y pregunta por la masacre de Trujillo y uno tiene que contestarle: ¿cuál de todas? porque la verdad es que fueron muchas, la última ocurrió en el 2013, arriba en Cerro Azul”.
Por todo lo ocurrido en Trujillo sólo han sido juzgadas tres personas. Henry Loaiza Ceballos (El Alacrán), el entonces comandante del Batallón Palacé de Buga, Alirio Antonio Urueña, y el ex comandante de la estación de Policía de Trujillo, José Fernando Berrío. Los dos oficiales siguen prófugos de la justicia y a Loaiza le dieron 30 años de prisión en 2009, cuando ya llevaba 14 entre rejas. Su privación de libertad completa está por finalizar.
Este 5 de octubre, Henry Loaiza, uno de los siete capos del cartel de Cali, hizo pública una carta manuscrita –y con huella- dirigida a la comunidad de Trujillo: “Esta carta no devolverá a sus seres queridos, lo único que busco con este escrito es comunicar y hacer llegar un mensaje sincero de arrepentimiento con respeto por el dolor y sufrimiento causado por mi persona a la población del norte del Valle y que afectaron directamente al municipio de Trujillo”.
El Alacrán busca algo más con la epístola. En su carta dice, textualmente: “El anterior edicto es requisito fundamental y urgente como prueba de mi arrepentimiento, y así cumplir con mi reparación simbólica, tendiente a poder acceder a subrogados penales”. En palabras de su abogado, se trata de una demostración de la “verdadera resocialización de su cliente”, quien al parecer ha solicitado prisión domiciliaria o libertad condicional.
“Mi hijo sigue desaparecido y por más que duela yo quiero saber cómo murió, por qué se lo llevó y por qué lo mató, qué sabía él de mi hijo que yo no…”
Las víctimas ya le han respondido: “El perdón tiene exigencias e implicaciones serias; desde lo ético, un auténtico reconocimiento de los hechos y el respeto a los derechos de las víctimas… Ante el derecho a la verdad, exigimos ampliación de su declaración de lo sucedido en Villa Paola, finca de su propiedad y lugar de martirio. ¿Existe allí un cementerio clandestino?, ¿dónde están los 88 desaparecidos?, ¿cómo devolverlos a sus familias?”.
En la vereda La Sonora
Sigue el recorrido por la memoria. La noche comienza a asomar al llegar a la vereda La Sonora. La tranquilidad de estas montañas contrasta con los recuerdos de una masacre. Entre las hojas de plátano, el viento nocturno genera un aleteo inquietante. Otoniel Pérez confirma que en esta vereda de casas sin gente y nombres sin cuerpo no tenían ni idea de que Henry Loaiza había pedido perdón con una carta de pocas líneas. Mientras los medios nacionales publicaban la noticia y consultaban a algunos líderes en el casco urbano, en las veredas la gente ni se enteró. “Mi hijo sigue desaparecido y por más que duela yo quiero saber cómo murió, por qué se lo llevó y por qué lo mató, qué sabía él de mi hijo que yo no…”, reclama Ligia Arguello.
Mirarse a los ojos
Luego de hablar con la gente de La Sonora se entiende que en Trujillo las indemnizaciones monetarias han generado complejos desencuentros. En esta vereda se acaba de constituir la Cooperativa Integral de Hombre y Mujeres Víctimas, que buscan desarrollar proyectos productivos para ese territorio en concreto. La gran mayoría de víctimas del pueblo se encuentran inscritas a la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Afavit), una organización con influencia religiosa que vela por la gestión de proyectos de memoria y que asume la vocería de toda la comunidad en temas como el perdón.
Según el abogado Eduardo Carreño, que lleva el caso de las masacres de Trujillo para Afavit, una verdadera muestra de arrepentimiento debe partir de un acto sincero en el que víctimas y victimarios se puedan volver a ver. Alicia, quién vio morir a su padre luego de participar en la marcha campesina del 29 de abril de 1989 impulsada por el padre Tiberio y que días después sufrió la desaparición de su hijo varón –según ella, fue arrojado al río- avala la tesis de Carreño: “Hay que mirar a los ojos, los gestos, la voz, ahí uno se da cuenta si es verdad lo que está diciendo o no”.
Unos meses atrás, a Alicia le practicaron una prueba de ADN para ver si uno de los restos recuperados correspondía a los de su hijo. No fue el caso. Cuando Alicia asistió el pasado 16 de abril a los eventos donde el Estado colombiano pidió perdón simbólico tras un Acuerdo de Solución Amistosa con Afavit ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no encontró lo que buscaba. Tenía la esperanza de saber por qué pasó lo que pasó, Sin embargo, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, pidió perdón pero no dio explicaciones. Además, “ningún militar de los directamente responsables nos dio la cara”. Ese día, el abogado Carreño sacaba cuentas: “La impunidad es cerca del 98%, pues fueron alrededor de 200 personas, miembros de la fuerza pública, y 80 paramilitares los que atacaron a la población y todavía hay mucho silencio”.
Una leyenda del pueblo – y como buena leyenda, sin pruebas- reza que por los mismos años de las masacres, pasaba uno de los socios de El Alacrán, Pablo Cano, haciendo las de Papá Noel repartiendo bicicletas a los niños y a las niñas, muñecas de plástico. Cuando el silencio es objetivo, el horror un método y el perdón un formalismo, la reparación se puede convertir en una burla. En la supervivencia del día a día, las víctimas de Trujillo han tenido que aprender a superar el dolor y vivir con la impunidad. Y la falta de verdad viene engendrando especulaciones que con el tiempo se han vuelto la única explicación asequible de las familias. “Yo ya no tengo nada que perdonar. El que perdona es Dios. Lo que sí quiero es que me mire (Loaiza) y me diga la verdad, que nos diga dónde está la gente y dónde está la cabeza del padre Tiberio”, reclama Carmen Elisa con un tono tan sereno como el rumor de estas montañas.
Es de mañana y de vuelta al pueblo me encuentro de nuevo con Alicia. Me esperaba en su cocina con un pocillo de tinto y 12 huevos de gallina empacados en una caja de cartón amarrada con fique sintético de color azul. Me entregó una carta escrita a mano dirigida al fotógrafo Jesús Abad Colorado. Lo recuerda cada vez que mira el libro Trujillo. Una tragedia que no cesa del Centro de Memoria Histórica. “¿A usted le queda fácil hacerle llegar esto a chuchito?”.
Cuando abro la puerta para salir a la calle, giro la cabeza y la miro de espaldas, espantando con pies y manos una cuadrilla de gallinas que se había amontonado en el corredor como mirando la despedida. Luego se voltea y grita: “Váyase pues mijo, pero no se olvide de volver”.
* Todos los nombres de esta crónica están alterados por petición de las víctimas.
