Ni una indígena y solo 30 afros entre las 2.434 mujeres en puestos decisorios del Estado

La Ley 581 de 200, la conocida como Ley de Cuotas, obliga a las entidades del Estado a que el 30% de sus puestos directivos, como mínimo, sea ocupado por mujeres. Y el Estado celebraba este enero que cumple con la cuota que fija la ley para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en la administración de lo público. El informe del departamento de Función Pública (institución dirigida por Liliana Caballero Durán) que hace balance de 2016 señala que 251 entidades del nivel central, departamental, municipal y autónomo se han reportado y que las mujeres ocupan el 38% de los puestos (716) del Máximo Nivel Decisorio (MND: ministras, viceministras y secretarias generales) y el 41% (1.718) de los de Otro Nivel Decisorio OND: cargos de libre nombramiento y remoción como directoras técnicas o jefas de área).

Todo bien. Nada que decir. Este Estado cumple con la ley que se aprobó siendo presidente Andrés Pastrana y ministro del Interior, Humberto de la Calle. ¿Nada que decir? Parece que a todo el mundo se le ‘olvidó’ incluir el enfoque étnico en la ley del año 2000 y, en todo caso, el informe de Función Pública devela una ausencia casi total en puestos ejecutivos del Estado de mujeres pertenecientes a las etnias que el propio Estado reconoce. En total, de las 2.434 mujeres que a 31 de diciembre de 2016 ocupaban cargos decisorios, no hay ni una que se reconozca como indígena, ni como palenquera o rrom; sólo 30 se autoconsideran afros (12 en el MND y 18 en el OND) y hay 5 raizales que participan en instituciones del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Colombia es un país profundamente machista y racista. Y sobre las mujeres recaen dos o tres formas de exclusión, la de clase, la de género y la de etnia”, explica Elizabeth Gómez Etayo, socióloga y especialista en género de la Universidad Autónoma de Occidente. “Todavía las mujeres no somos tenidas en cuenta en igualdad de condiciones que los hombres y en el caso de las negras e indígenas, creo que hay una mirada, vedada por supuesto, folclorista sobre ellas. Han sido exotizadas”.

Maura Nasly Mosquera, abogada y activista afro, duda de que los números expliquen el problema de fondo e invita “a determinar si esas 30 mujeres afro y 5 raizales, son garantes de los intereses de las mujeres afrocolombianas en el marco de las luchas contra la discriminación, el racismo y el sexismo”. El hecho de que, según Mosquera, el movimiento social afrocolombiano no cuenta con partidos políticos, gremios o grupos de presión que sean verdaderos mediadores políticos para filtrar, codificar y agregar demandas de sus ‘bases”, hace que para canalizarlas le toque “apelar en primer lugar a los mediadores sociales, representantes particulares que, por su posición estratégica o por su aura personal, disponen de una legitimidad social importante”.

Hay un 0% de mujeres indígenas en puestos decisorios del Estado cuando los pueblos originarios equivalen al 3,4% de la población nacional. Elizabeth Gómez Etayo insiste en que “las mujeres indígenas se aceptan socialmente como tejedoras o artesanas, pero no se ven como mujeres políticas, pensantes. Salvo pocas excepciones”. Pero, además de las discriminaciones externas, esta socióloga cree que también hay que tener en cuenta que “la discriminación por parte de sus propios compañeros y su comunidad. Son ellos los actores políticos, los que hablan. Muchas veces ellas no hablan el castellano. Les han restringido la participación política. Es una cadena de discriminaciones negativas que se repiten”.

En el caso de las afrocolombianas en puestos de decisión en el Estado sólo representan un 1,2% del total cuando la realidad es que la población afro supone, como mínimo, un 10,62% de la población total, según el DANE. Precisamente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, al igual que su primo hermano el Instituto Agustín Codazzi, son de las 40 entidades que se rajaron en el Máximo Nivel Decisorio ya que no tienen ni una mujer en esos puestos. Igual le pasa al Departamento Administrativo Nacional de la Inteligencia (0% en MND) y también suspenden el examen las entidades de los sectores de Agricultura, Defensa y el de Vivienda, ciudad y territorio, que, a pesar de tener al frente a la ministra Elsa Noguera de la Espriella sólo cuenta con un 18% de mujeres en los cargos máximos.

La ley tampoco especificaba otros enfoques diferenciales, así que las mujeres con necesidades especiales también salen mal paradas en este informe de seguimiento. En el Máximo Nivel Decisorio sólo hay 3 mujeres con una discapacidad visual y 8 con necesidades motoras, y en el OND, sólo se contabilizan 12 mujeres con problemas visuales y una con una discapacidad motora.