¿De dónde sale el dinero para la paz?

Suena razonable: “Si ya se ha terminado la guerra y hubo tanto dinero para guerrear, no se nos puede decir que no hay dinero para la paz”. La sentencia es de Jesús Santrich, el comandante invidente de las FARC-EP que pasea su origen costeño (Sincelejo, Sucre) en forma de recocha continua, de referencias musicales y de cierto coqueteo permanente. Habla con más contundencia que algunos de sus compañeros del Secretariado Nacional, más encorsetados en el discurso oficial. “Yo soy libre para hablar con quien quiera”, revindica en la noche, cuando la cerveza (aquí no hay ley seca ni riñas) anima a los cientos de guerrilleros y campesinos que acuden a la cita de la tarima central de conciertos.

“El gobierno tiene que hacer ajustes económicos. Los proyectos fiscales que traen ahora no parece que vayan al Fondo de Paz. Nosotros les hemos hecho propuestas concretas para financiar el proceso, pero…”. Santrich calcula que es necesaria una inversión de un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) durante, al menos, una década para que la implementación sea exitosa. Porque de lo que se trata es de superar déficits históricos: “Lo acordado, en su inmensa mayoría son deberes pendientes del Estado, no son dádivas a la guerrilla”.

Se lamenta de que el Gobierno esté contemplando la inversión de un 1% del PIB en el postconflicto cuando “la gran inversión en seguridad y defensa se ha llevado como 5 puntos del PIB”. Para las FARC-EP lo lógico sería “redireccionar” esos recursos hacia la paz. Eso incluiría una reducción significativa de las fuerzas armadas, que suman cerca de medio millón de hombres. “Las Fuerzas Militares son muy grandes para un país que entra en paz y deben volver a su rol constitucional de defensoras de las fronteras y eso debería implicar, al menos, un no reclutamiento, para que poco a poco adelgacen”.

Santricht recuerda que Juan Manuel Santos, el presidente de la República, tiene una deuda electoral porque prometió abolir el servicio militar obligatorio y cree que hay que dejar de ver la guerra como un sector de empleo. “Esos hombres hacen falta para otras tareas, para lograr que Colombia salga de la reprimarización y la financiarización de su economía y logre ser un país productivo”.

Cálculos y fuentes de financiación

La etapa del posconflicto le costaría a Colombia cerca de 90 billones de pesos en los próximos diez años, según cálculos del propio Gobierno que plantea este presupuesto para el desarrollo agropecuario, la jurisdicción agraria, la formalización y registro de la propiedad rural, la eficiencia tributaria y la gobernabilidad local. Un cálculo similar al del equipo de la senadora de la Alianza Verde Claudia López, que lo cifraba en 333,5 billones de pesos durante 15 años y proponía invertir en la paz el 1,5% del Producto Interno Bruto del país anual durante ese tiempo.

Cáluclo de inversión en cada proceso de desarme. Datos: oficina Claudia López

De dónde saldrá todo el dinero es algo que no se ha detallado aún. En diciembre del año pasado el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, hablaba de la creación del fondo Colombia en Paz, una gran bolsa que recogería recursos por cooperación internacional no reembolsable. Estados Unidos ha anunciado 450 millones de dólares para el postconflicto, la Unión Europea ha comprometido 575 millones de euros y el propio Pardo firmó con Naciones Unidas un fondo inicial de 8 millones de dólares.

El Departamento Nacional de Planeación espera que el país gestione una inversión total de 3.300 millones de dólares entre 2016 y 2020. El presidente Juan Manuel Santos sí ha asegurado a los colombianos que no se subirán los impuestos para financiar los proyectos del posconflicto y que los recursos destinados a la guerra en el país serían usados en el posconflicto para inversión social. “Con la paz podemos tener recursos para invertir más en educación, en salud, en los programas sociales, y eso es lo que realmente va a suceder con la paz”, decía en julio el presidente.

Tareas a financiar

No son pocas tareas las que hay que financiar. La Reforma Rural Integral (acuerdo primero), la “solución al problema de las drogas ilícitas” (acuerdo cuarto) o el armazón del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición necesitan recursos. También todo el esquema de seguridad para los desarmados y los movimientos sociales, que incluye un Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción. La percepción en los territorios será clave para reforzar la frágil confianza de los diversos sectores en una paz que ha sido esquiva durante décadas – “llevamos 200 años en guerra”, recordaba Pablo Catatumbo- y de la que el desarma y conversión de las FARC es sólo un elemento.