El Chocó sigue esperando tras el paro cívico

A dos meses de llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional, el Chocó no ha recibido respuestas contundentes. «Cuando se hizo el acuerdo con el Estado es cierto que mostraron compromiso, pero en la práctica no están respondiendo como quisiéramos«. Antonio Andrade gerente de Pacto por el Chocó, que es el escenario creado posterior al acuerdo establecido con el Gobierno Nacional y en donde participan quienes lideraron el comité cívico del paro, no quiere ser pesimista pero en su voz se siente cierto desgaste. Si alguien le pregunta qué se ha conseguido, aún no puede dar una respuesta.

Más de la mitad de las 10 mesas de trabajo previstas para darle salida y materializar cada uno de los puntos del pliego de petición no se han instalado y cuando hay un pequeño avance, el Ministerio de Hacienda se encarga de bajar del ensueño a los chocanos. El acuerdo con el Gobierno llegó tras ocho días de protesta en un paro cívico que finalizó el 24 de agosto (mismo día en que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP en La Habana). Aspectos fundamentales como la educación, salud, infraestructura de vías, energía eléctrica, cultura y el escamoso asunto político de la disputa territorial con Antioquia por Belén de Bajirá, fueron consignas de miles de manifestantes que exigían la atención directa por parte del Estado.

Sin embargo, y a pesar de que se firmaron compromisos en un pacto vigente, la desconexión de la agenda política del país con la chocoana se siente tanto como la falta de conexión terrestre de este departamento con el resto de Colombia. La agenda mediática ha estado sumergida en los procesos de paz y Andrade cree que esto ha afectado a la deuda siempre pendiente con el Chocó. «Las circunstancias tampoco han sido las mejores. El plebiscito nos trancó durante un mes y después, tras el triunfo del No, todo el mundo ha estado como descabezado«.

¿Qué se avanzó y qué está pendiente?

La respuesta institucional del Ministerio de Educación ha sido la más «rápida». La mesa del sector educación fue la primera en instalarse para dar respuesta a la exigencia de reestructuración del sistema educativo para el Chocó, para que se aplique un modelo desde la perspectiva de la etnoeducación.

El Gobierno nacional, además de mejorar la precaria infraestructura educativa, deberá fijar un plan para que se aplique un enfoque pedagógico que se proponga «explorar otros espacios de las diferentes formas que tienen todos los grupos humanos de concebir el mundo, de interpretar la realidad y producir los conocimientos«, como se define en la serie «Lineamientos curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos» publicado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en el 2000.

La mesa ha tenido ya varias reuniones, pero su avance en términos concretos es muy lento. El acuerdo no habla solo de un ejercicio pedagógico, sino también de recursos para dotación, construcción y fortalecimiento de centros educativos, en lo que todavía no se ha avanzado. Todo esto, junto a la adecuación institucional en donde se contempla que “el carácter de infraestructura y dotación etnoeducativa hace referencia a diseños arquitectónicos con enfoque étnico y diferencial y fortalecimiento a las instituciones de la media técnica”.

Respecto al problema estructural del sector salud sólo se ha avanzado en la aprobación de los recursos para el pago de los pasivos del Hospital San Francisco de Asís, unos 37 mil millones de pesos. Esto para evitar la posible liquidación del único hospital de segundo nivel que existe en todo el departamento del Chocó.

La idea es que Quibdó tenga finalmente un hospital de tercer nivel y esta tarea quedó a cargo del Departamento Nacional de Planeación – DNP. Ya existe el proyecto que permitiría la creación de la nueva entidad, pero todavía no está la resolución que le de vida y según lo acordado, para complementar la red hospitalaria, se deberá construir otros tres hospitales en las subregiones del Darién, de la costa del Pacífico y en el San Juan. De esto, no hay noticia.

Nada se sabe sobre los compromisos que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social para la dotación y asistencia técnica en la elaboración de proyectos para fortalecer la red pública primaria. Tampoco sobre la gestión de los recursos de regalías para los centros de salud de los municipios de Atrato, Cértegui, Río Iró, Medio Baudó o Unión Panamericana. Y es tan precario el sistema de salud del departamento, que el gobierno también tuvo que comprometerse a entregar dotación de ambulancias terrestres en diez municipios y fluviales en otros tres, en lo que tampoco se ha avanzado.

En la mesa de comunicaciones se avanzó en la formulación de una política pública sobre el tema de las tecnologías de información y comunicación – TICS , mientras que en infraestructura deportiva para los Juegos Nacionales ya pasados se ha logrado ampliar los convenios que se tienen, lo que debería traducirse en que se tenga la financiación que permita terminar las obras.

Hasta ahí se ha avanzado. Los puntos gruesos de los acuerdos aún están por resolverse. Sigue en un limbo el tema fundamental de las carreteras Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, pues el Ministerio de Hacienda tiene parado el Confis de aval fiscal, que es un requisito indispensable para tener los recursos económicos que permitirán la terminación de estas vías.

Sobre las vías fluviales, el Plan Todos Somos Pazcífico (PTSP) tiene todo parado. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 creó este Plan que tendría el propósito de llevar infraestructura para el saneamiento básico, acueducto, energización y conectividad de transporte del litoral del Pacífico colombiano para así “disminuir las brechas existentes con respecto a la franja Andina del Pacífico colombiano y al resto del país”. Pero la participación del PTSP en la mesa de negociación del paro no se ha traducido en avances concretos a pesar de que debía ser la instancia que desde el Estado empujara los compromisos adquiridos. No parece aplicar en este caso el préstamo que Gobierno Nacional adquirió a finales de 2015 con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID por 231 millones de dólares americanos (unos 700 billones de pesos) para el funcionamiento efectivo del PTSP.

Las ausencias gubernamentales en Quibdó son más que las presencias. Para agilizar el proceso se decidió unir dos mesas que tratarían los temas de Reingeniería institucional y autonomía departamental y el de flexibilización de políticas públicas, pero a la convocatoria de instalación de esta instancia no se presentaron los representantes del Gobierno nacional. Y para engrosar la lista de pendientes, la conexión aérea también fue uno de los aspectos acordados, pero la Aeronáutica Civil no ha hecho las visitas necesarias a Nuquí, Bahía Solano y Condoto.

Nada ha ocurrido tampoco con la mesa de servicios público. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, estuvo el pasado 13 de septiembre en Quibdó en donde aseguró: “Desde la primera vez que vine a Chocó dije que el departamento había vivido de promesas y no de resultados”. Lo decía orgulloso al inaugurar el sistema de acueducto que debe lograr el 82% de cobertura en la capital del departamento y al entregar 1.500 viviendas de propiedad horizontal. «El presidente vino a inaugurar un acueducto que realmente fue un proyecto de la pasada alcaldía de Zulia Mena, es la quinta vez que inauguran ese acueducto que todavía no está prestando el servicio. Se pudieron hacer unas inversiones para el acueducto, pero no hay servicio todavía«, aclara Antonio Andrade. A pesar de las palabras de Santos, los representantes del Gobierno central que deben darle vida a la mesa de servicios públicos, dos meses después no han llegado a Quibdó.

Y sobre la pugna por Belén de Bajirá

Antioquia y Chocó están en disputa territorial por el territorio de Belén de Bajirá. Se trata de 2.015 kilometros cuadrados que para el departamento de Antioquia es un corregimiento del municipio de Mutatá y para el Chocó es un municipio que les pertenece, según la ordenanza 011 del 19 de junio de 2000 hecha por la Asamblea departamental del Chocó. Esta ordenanza fue demandada por las autoridades de Antioquia ante el Consejo de Estado que, finalmente, en 2007 falló a favor del reclamo de los antioqueños.
El 11 de febrero de este año el Instituto Geográfico Agustín Codazzi publicó un estudio técnico en donde concluyó que el corregimiento pertenece al municipio de Riosucio en el Chocó y no a Mutatá en Antioquia.

Con el paro cívico esta disputa fue retomada y el reclamo de los chocoanos llevó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, a comprometerse con la reactivación de la Mesa Interinstitucional de Concertación con la Comunidad de Belén de

Delegación chocoana que viajó a Bajirá el 3 de noviembre, día del 69 cumpleaños del departamento.

Bajirá. Pero para la instalación de la mesa nadie del Gobierno se presentó. Este 3 de noviembre se supone que en el territorio sesionará una comisión mixta del Congreso, pero la mesa no ha sesionado y el Comité Cívico que impulsó el paro cívico prevé «ir todos a una», según dice uno de sus miembros, a Belén de Bajirá a reclamar «lo que es del Chocó.

Antonio Andrade, después de recorrer la matriz en la que los chocanos dan seguimiento a cada punto del acuerdo, concluye: «Yo no puedo decir que nos han dado la espalda, pero tampoco puedo decir que vayamos divinamente. Es todo muy irregular». La deuda histórica con el departamento con mayor índice de pobreza monetaria de todo el país sigue pendiente.