1.012 personas se encuentran desplazadas y confinadas en el Cauca

Personal fuertemente armado y encapuchado, vestidos de negro que rondan las viviendas e incluso han llegado a disparar al aire en varias ocasiones. Es el escenario que denuncia el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y que ha llevado a la Defensoría del Pueblo a lanzar una alerta para pedir ayuda humanitaria para 1.012 personas que se encuentran o desplazadas o confinadas en el Cauca. Se trata de 85 desplazados desde la comunidad de Las Peñas y de otros 927 que permanecen confinadas en La Sierpe, Unión Málaga y Calle Santa Rosa, en Timbiquí.

No es la primera alerta por confinamiento hecha por la Defensoría. Hace tan solo seis días hacía un llamado urgente a las Fuerzas Armadas y a las autoridades municipales y departamentales, ante los hechos violentos que tienen confinadas y en riesgo de desplazamiento a, por lo menos 500 personas, en zonas rurales de Buenaventura (Valle del Cauca) y Litoral del San Juan (Chocó).

El 14 de febrero los Cabildos Indígenas de La Sierpe y La Peña del resguardo de Santa Rosa (Timbiquí) denunciaban a través del CIRC la reaparición del conflicto en los territorios y comunidades indígenas, la violación metódica de derechos humanos y la zozobra, intranquilidad y miedo entre las familias de estas comunidades. Advertían de que se trata de grupos paramilitares y bandas criminales que ocupan los territorios dejados por las FARC como una “estrategia de despojo territorial”.

El CRIC explicaba que desde el 7 de febrero las comunidades se encuentran concentradas en un solo lugar y que han organizado acciones de defensa de sus enseres y el territorio. Relatan media docena de apariciones de personas fuertemente armadas y que la Guardia indígena ha confirmado la presencia de este grupo armado en el territorio.

El comunicado emitido este jueves por la Defensoría recoge estos hechos y reclama a la fuerza pública “intensificar acciones de control” en el territorio que garanticen a sus pobladores un retorno seguro y digno. Las Autoridades tradicionales reclaman la protección de las comunidades y la expulsión del grupo armado y a esos actores armados respeto a la vida y a la pervivencia armónica en el territorio y a sus dinámicas organizativas

En el caso de Buenaventura y el litoral del San Juan. La Defensoría denunciaba que al menos 164 personas de la comunidad afro de Palestina (Chocó) está confinada debido a la explosión de tres minas antipersona, una situación agravada porque el camino a la bocatoma del acueducto puede estar minado y se han quedado sin agua por no poder acceder hasta allá. Además no salen a buscar alimento o cazar por miedo a más explosiones.

Otra comunidad en peligro, según Defensoría, es la del Cabildo Indígena Valledupar del pueblo Wounaan, ubicada sobre el río San Juan (Buenaventura). Desde el pasado 7 de enero no se movilizan de sus territorios por lo menos 83 personas, debido a la presencia de hombres armados, vestidos de camuflado y en un sitio habitual de cultivo. Sufren por escasez de alimentos.
Además del confinamiento, es latente el riesgo de desplazamientos masivos de comunidades afrocolombianas e indígenas asentadas en las cuencas de los ríos Calima y San Juan, debido a la presencia de hombres armados que han intimidado a la comunidad.