El Pacífico exige la refrendación “urgente” del acuerdo

Las comunidades del Pacífico han ido a Bogotá a exigir al Gobierno “la refrendación urgente e inmediata” de los acuerdos y su implementación. Los miembros de la corporación Territorio, identidad y cultura para la paz (PACIPAZ), representativos de las comunidades étnico territoriales del Pacífico como parte de diferentes organizaciones, han planteado que el nuevo acuerdo es válido y que no hay tiempo para más debates.

“Pedimos que se ponga en marcha ya la implementación en cuatro aspectos: la protección del territorio, la puesta en marcha de los planes de desarrollo de las comunidades; el respeto a los derechos de las víctimas, incluyendo la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad; y la erradicación de todas las economías ilícitas”, ha destacado Jesús Alfonso Flórez, del Centro de Estudios Étnicos.

Leyner Palacios con una nota: «Bojayá, listos ya» para la implementación.

Leyner Palacios, miembro del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, ha sido muy contundente: “Nosotros estamos listos para implementar los acuerdos en nuestro territorio. Conversemos lo que sea necesario, pero en el marco de la implementación. No es justo que sigamos viviendo esta tragedia cuando esta es una oportunidad para superar el conflicto armado”. Palacios ha hecho un llamado a la sociedad colombiana (“a la que ha visto la guerra por televisión”) a que entienda el momento político. “Es imposible que el acuerdo nos deje contentos a todos al completo. Nosotros mismos, las víctimas, hicimos propuestas que no se incluyeron, pero es una negociación. Hay que implementar ya”. Tanto Palacios como otros de los presentes han insistido en que cada minuto que pasa sin implementarse el acuerdo se pone en riesgo las comunidades.

En la conferencia de prensa realizada por PACIPAZ en Bogotá ha estado presente el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, quien se ha mostrado muy preocupado precisamente por los vacíos de poder que está dejando las FARC en muchas partes del país y que, ante la demora en la implementación de os acuerdos, “está permitiendo que entren los grupos postparamilitares con muchas fuerza”. Howland ha recordado que este año van más líderes de la Acción Comunal que en los últimos 10 años. “Una cosa es el papel de los acuerdos y otra cosa es la realidad. Hay obligaciones preexistentes en materia de Derechos Humanos, está la Constitución. Hace falta tomar acciones preventivas urgentes para proteger a las comunidades más allá de los acuerdos”. El representante de la ONU ha nombrado con especial énfasis el norte del Cauca, Tumaco, y el Chocó, como territorios que le preocupan en este momento, y cree que no hay que esperar a los acuerdos para poner en marcha medidas de protección. También ha propuesto que una opción es implementar ya aquellas partes del acuerdo «sobre las que no hay diferencias». La situación es muy grave y Howland considera que «la mayoría de asesinatos de líderes en los territorios están relacionados con la demora en la implementación de los acuerdos».

Las negociaciones del ELN

En esta comparecencia pública, el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, uno de los dos que apoyó el ‘Sí’ en el plebiscito, también ha pedido la implementación inmediata de los acuerdos con las FARC “y a las personas que tienen objeciones que piensen que se va a liberar a muchas personas en territorios donde actúa esa guerrilla”. Pero también ha pedido al gobierno y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que “hagan todo lo posible para iniciar los diálogos”. “El secuestro no tiene justificación [refiriéndose al caso de Odín Sánchez Montes de Oca] y el ELN debe dar ese paso generoso para que se sienten en la mesa. Allí, en la mesa, se pueden deshacer muchos de los nudos”.

Desde el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), representado hoy por Ivonne Caicedo y que congrega a 78 organizaciones, se ha reforzado la idea de la implementación inmediata pero han querido matizar que ese proceso debe tener en cuenta lo étnico. “Nosotros, en los territorios del Pacífico, llevamos años trabajando la paz territorial, eso que ahora se dice tanto, pero para que seas posible la implementación debe respetar a las autoridades étnicas, afro e indígenas y sus propios reglamentos”.

Howland también ha pedido que se avance en los procesos de reparación y ha puesto como ejemplo la lentitud en la puesta en marcha de los acuerdos llegados en Bojayá entre la comunidad y el Gobierno. “Se ha avanzado muy poco y nuestra preocupación es que hay que reenfocarse de nuevo en las comunidades afectadas por el conflicto y ver cómo este proceso de paz puede superar los trámites burocráticos”.

Imagen tomada durante el encuentro de los representantes de PACIPAZ y las delegaciones diplomáticas.

PACIPAZ, una corporación compuesta por organizaciones como el FISCH, la Diócesis de Quibdó, la Fundación Universitaria Uniclaretiana, Proclade y el Centro de Estudios Étnicos, está realizando varias acciones de incidencia en estos días en Bogotá, donde ha realizado esta rueda de prensa después de un largo encuentro con representantes diplomáticos de varios países de la Unión Europea, América Latina y África, así como con agencias de Naciones Unidas y el Banco Mundial para explicar cómo interpretan el momento político las organizaciones del Pacífico, “la región donde se concentra la discriminación en este país”, como ha insistido Leyner Palacios. En los departamento de la región pacífica del país ganó el sí en el plebiscito del 2 de octubre y es allí donde se concentran os mayores índices de Necesidades Básicas Insatisfechas y, como ha destacado el obispo Barreto, donde están las ciudades con los peores niveles de violencia urbana del país: Cali y Quibdó. No hay tiempo para discusiones políticas. “La implementación es un asunto ético, moral”, concluyó Flórez.