No hay tregua: en 48 horas 5 atentados contra líderes sociales

No hay tregua. Esta misma noche del domingo 20 de noviembre, el líder campesino Humberto Orozco, sobre las 8 p.m., pedía ayuda desesperadamente porque hombres armados en una moto rondaban su casa en la vereda Piedritas (Tuluá, Valle).

No hay tregua. El líder campesino Hugo Cuéllar asistió este sábado 19 de noviembre al velorio de un compañero asesinado horas antes: Erley Monroy. A Erley lo encontraron este viernes 18 herido de muerte en la vereda Siberia, en San Vicente del Caguán (Caquetá), cerca del Batallón Cazadores, en la vía que conduce a su finca y murió horas después en el hospital. Cuélllar, presidente de la Junta de la vereda La Victoria (La Macarena) regresaba a su casa sobre las 11 de la noche y fue interceptado por sicarios con los que forcejeó. Recibió un tiro en el abdomen y se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos.

Panfleto que ha circulado en los últimos días en San Vicente del Caguán.

Erley Monroy Fierro, de la Asociación Campesina de Losada-Guayabero (Ascal-g), había señalado varias veces por el alcalde de San Vicente del Caguán, e uribista Humberto Sánchez Cedeño, y tras su muerte y el atentado contra Cuéllar, la portavoz de la asociación de campesinos del Caquetá, Luz Mery Panche, cree que el responsable de esta oleada de ataques contra los líderes sociales es el alcalde. “Desde su momento de posesionarse como alcalde del Centro Democrático, ha hecho fuertes señalamientos contra las organizaciones sociales y campesinas con grupos irregulares y también lo hizo cuando trabajamos a favor del Sí en el plebiscito”, explicaba Panche a Caracol radio el domingo. Este lunes, Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, interpeló también de forma directa al alcalde de San Vicente: “Panfletos que anunciaban la muerte de campesinos y líderes sociales, nunca los vio ni el alcalde de San Vicente ni sus autoridades. No creo. Un dirigente social asesinado y otro baleado en menos de tres días. Alcaldía del Centro Democrático. ¿Quién dio la orden Alcalde?».

Imagen del entierro de Erley Monroy.

Los hechos registrados en Caquetá no son los únicos que inquietan a los movimientos sociales y a defensores de derechos humanos. En las últimas 48 horas también han sido asesinados otros dos líderes:, el viernes, Didier Losada Barreto, en la vereda Platanillo (La Macarena) y, este mismo domingo, Rodrigo Cabrera, en Policarpa (Nariño). En el caso de Losada, a las 9:30 de la noche dos hombres encapuchados entraron en su vivienda y lo mataron a tiros delante de su mujer, de su hijo y de un vecino. Rodrigo, de 39 años, se movilizaba en un moto-taxi hacia su veredas (Rosales, en el corregimiento de Altamira), cuando lo interceptaron hombres encapuchados que le dispararon en 12 ocasiones. Cabrera murió de inmediato, el conductor de la moto está hospitalizado en Pasto ya que fue alcanzado en la columna. Este lunes se ha conocido un comunicado de la alcaldía de Policarpa en el que trataba de desvincular lo sucedido con Cabrera del ataque a líderes sociales ya que, según las autoridades reunidas en Consejo de Seguridad, «el señor Rodrigo se dedicaba a la agricultura y ganadería según lo manifestado por el padre de la víctima quien  además manifestó que su hijo era apático a la política». Una reacción oficial más que preocupante.

El inquietante recuento de las últimas horas se completa con el atentado que sufrió Danilo Bolaños, secretario de subdirectiva de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño y miembro de Marcha Patriótica. Bolaños regresaba en moto de un cabildo abierto por la paz celebrado en el municipio de Leiva e iba acompañado de su compañera sentimental cuando desde otra motocicleta les dispararon en seis ocasiones, aunque ninguna bala logró impactarles.

La situación es extremadamente preocupante porque estos últimos casos se suman a una larga lista de víctimas que, solo en el Cauca, ya es de 15 líderes y lideresas asesinadas y varios atentados. El último caso, el del también miembro de Marcha Patriótica José Antonio Velasco, encontrado este 11 de noviembre en la vereda El Palo (Caloto) ya muerto y con signos de tortura en su cuerpo.

Por eso, hoy se empieza a hablar del comienzo de un “nuevo genocidio”, en este caso especialmente dirigido contra Marcha Patriótica porque todas las últimas víctimas estaban adscritas a este movimiento nacional. La organización ha anunciado una rueda de prensa este lunes pero ya habla de que se “está consolidando un nuevo genocidio político en Colombia” y recuerda que desde 2011 han sido asesinados 124 de sus militantes y en este 2016 ya suman 17 víctimas mortales. David Flórez, portavoz nacional de Marcha Patriótica, ha planteado en RCN que les preocupa especialmente “los panfletos en esos lugares y además que no actúe efectivamente la fuerza pública donde tienen muchos efectivos, creemos que hay elementos que la justicia debe investigar”.

El senador Iván Cepeda interpelaba hoy al ex presidente Uribe en las redes sociales: “¿Y ahora qué dirá Álvaro Uribe, que los integrantes de Marcha Patriótica también se están autoeliminando?”. Cepeda se refería a unas polémicas declaraciones hechas por el ex mandatario en Madrid, hace 10 días, cuando afirmó: “En el asesinato de la UP intervino las mismas Farc. Ellos ( las Farc) provocaron reacciones criminales por su combinación de formas de lucha, ellos mismos asesinaron a muchas personas de su organización porque el asesinato es su forma de hacer política”.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que han mantenido cierto silencio prudente ante este aluvión de violencia contra líderes sociales en esta fase de incertidumbre sobre los acuerdos de paz, hablaron este domingo a través del comandante Pablo Catatumbo, quien considera que lo que está ocurriendo es “una pésima señal”. “Asesinan líderes campesinos, desalojan campamentos de Paz, asesinan guerrilleros en cese al fuego, se dilata la implementación”. Por eso, las FARC exigen la implementación inmediata de los acuerdos.

De hecho, desde el Comando del Punto de Reagrupamiento temporal Guerrillero de la Zona de El Tigre y Buenavista (Meta), las FARC sacaba un comunicado en el que llamaba a la población a la «movilización y la protesta como herramienta legal para denunciar el crimen y la amenaza que se cierne sobre la población». «Al momento político que vive el país, ad portas de la firma del Nuevo Acuerdo de Paz, del inicio de la implementación de los Acuerdos y la dejación de armas de las FARC-EP, los enemigos del proceso de Paz pretenden responderle con el asesinato de los líderes campesinos, para descabezar la futura promoción de la representación electoral de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, y que merecen las Circunscripciones Especiales de Paz».

La Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y el Centro de Colombia (DHOC) exige hoy al Gobierno la inmediata implementación del punto 3.4 de los acuerdos firmados con las FARC, que son los que tiene que ver con las «garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos». Dos días antes, Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamaba a que se tomen medidas de inmediato y recordaba que no hay que esperar a esa implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC. “Hay un marco legal preexistente que se refiere a la protección de los derechos humanos”. Howland relacionó estas muertes con el “proceso de paz” por los vacíos de poder que están quedando en las zonas de las que han ido saliendo las FARC a las zonas de preconcentración.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunciaba en redes sociales este domingo a mediodía que el presidente, Juan Manuel Santos, ha convocado una reunión de urgencia para evaluar la situación. “Condenamos homicidios de líderes sociales y comunales de los últimos días”.