«Somos campesinas, no narcotraficantes»

“Es más fácil echarse uno, dos, tres kilos en un bolsito y venderlo que echarse un bulto de maíz o unos racimos de plátano; si erradican la coca estamos condenados a aguantar hambre, tanto nuestros hijos, como las familias… todos. Nuestra propuesta sería que no erradiquen hasta que no haya una solución, un proyecto productivo, algo que nos beneficie a todos y, en especial, a nosotras las mujeres y nuestros hijos… Hablamos de paz pero habiendo la paz, hay la guerra de hambre; y se están formando grupos de atracadores [que roban la mercancía que sacan, sea hoja o pasta]. Nos va a tocar irnos no sé para donde. Entonces [pedimos al gobierno] que antes de erradicar, haya soluciones, un proyecto a corto plazo porque no podemos esperar a largo plazo”.

                                                                      Testimonio recogido en Putumayo, marzo

Mujeres dedicadas al cultivo de la hoja de coca analizaron la coyuntura actual y consensuaron una declaración con demandas dirigidas a los espacios de negociación que se desarrollan desde hace semanas, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla en proceso de desmovilización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

La implementación de los acuerdos de paz está en marcha. Los puntos 1 y 4 están estrechamente relacionados y son cruciales, a ojos de muchos y muchas colombianas, porque deberían provocar cambios estructurales en el agro. El punto 1 del Acuerdo hace referencia a la reforma agrícola y a la titulación de la tierra; el 4, a la política antinarcóticos y al fin de los cultivos de coca, marihuana y amapola, entre otras medidas.

Por primera vez en la historia del país, 75 mujeres de varios departamentos del sur se reunían los pasados 17 y 18 de marzo para hablar del cultivo que les da de comer desde hace décadas, la coca. Juntas levantaron un diagnóstico sobre su situación y priorizaron las demandas al gobierno central y a las FARC, en relación a la sustitución definitiva de los cultivos de coca, a las mujeres encarceladas, a los asuntos relacionados con la propiedad de la tierra, entre otros. Reunidas en la ciudad amazónica de Puerto Asís, expresaron unánimemente su voluntad de sustituir el cultivo de hoja de coca si la alternativa es una propuesta “decente”, esto es, una economía que a largo plazo les sirva para algo más que para subsistir.

En la actualidad, en los departamentos “cocaleros” de Colombia la tensión es evidente. En Nariño, Putumayo, Cauca y Caquetá, entre otros, cultivadores de hoja de coca y familias dedicadas a tareas de transformación de la hoja en pasta -para la cocaína- viven pendientes de las mesas establecidas para negociar la erradicación total de este cultivo; sustento económico desde hace más de 20 años para más de 200.000 familias campesinas colombianas. [En Tumaco, de hecho, se viven enfrentamientos entre cocaleros y el ESMAD desde el miércoles 29 de marzo y ya se contabilizan al menos 14 heridos y un posible fallecido, aún no confirmado].

Un cuarto de hectárea extra para contrarrestar el machismo

Al encuentro en Puerto Asís acuden mujeres que se identifican abiertamente como cocaleras y otras que dejaron atrás esta economía ilegal y violenta y quieren exponer cómo lo hicieron. Fátima Muriel, presidenta, y Nancy Sánchez, coordinadora del programa para la paz, son de la alianza departamental de organizaciones sociales de mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo. Hablan de la historia del auge de la producción de hoja de coca para cocaína y del Plan Colombia; de los problemas que atraviesan las comunidades campesinas cocaleras en estos momentos de posconflicto, y enumeran las medidas acordadas en el encuentro de cocaleras del sur.

Escucha la entrevista emitida el 24 de marzo en la emisora Pichincha Universal de Quito, Ecuador; realizada por Agencia Pressenza y LolaMora.

“Los ingresos recibidos en esta labor nos han permitido acceder a derechos como salud, educación para nuestros hijos e hijas y vivienda, y han posibilitado nuestra independencia económica. Sin embargo, y a pesar de las responsabilidades que asumimos en nuestros hogares y en los cocales, en la mayoría de los casos, no participamos en igualdad de condiciones de las ganancias ni de las decisiones sobre la administración e inversión de los dineros que de ellos se derivan. En muchas de nuestras comunidades ha generado una cultura de uso inadecuado de los recursos por parte de los hombres”.

          Fragmento de la Declaración de las mujeres cocaleras del sur de Colombia, marzo

Con estas palabras, las mujeres hacen referencia al cuarto de hectárea de tierra que se ven obligadas a cultivar, independientemente de las que trabajan con el marido, porque con la ganancia que les da ese pedazo de cultivo de coca compran su ropa interior, compresas y otros útiles de aseo, maquillaje, ropa y libros para hijos e hijas, transporte… Es el pedazo necesario para contrarrestar el machismo.

Las campesinas relatan en palabras concisas sus jornadas diarias: se levantan a las cuatro de la mañana y se acuestan, a veces, a la una de la madrugada, estén o no embarazadas; estén o no enfermas. Se ocupan de todas las tareas en la casa y de aquellas destinadas al bienestar de hijas, hijos, maridos y demás familiares que vivan bajo el mismo techo. Las mujeres cocaleras o coqueras trabajan en los cultivos, cocinan para los trabajadores, o desempeñan tareas diversas en torno a la coca, como fumigar, raspar (cosechar la planta), quimiquiar (mezclar la hoja con los químicos, como parte del proceso de transformación), transportarla o venderla…

Por una sustitución gradual y voluntaria

Las mujeres exigen al Estado que no criminalice su modo de vida. Ellas -dicen- no son narcotraficantes sino trabajadoras empobrecidas con necesidades y derechos que han logrado satisfacer con los cultivos de uso ilícito.

También demandan que aquellas que están en las cárceles por su relación con la economía de la coca (cultivadoras, raspadoras, transformadoras, transportadoras y vendedoras) sean beneficiarias de amnistías y sea excarceladas, cesando sus procesos penales.

Como quedó establecido en La Habana, el enfoque de género debe ser garantizado en todos los acuerdos y planes del posconflicto; siguiendo esta premisa, las mujeres exigirán su participación en los espacios de toma de decisiones relacionados con la erradicación y sustitución del cultivo de coca. Y, en consonancia con el punto 1 del Acuerdo de Paz, exigen que los procesos de sustitución de cultivos no pongan en riesgo su derecho a la tierra y que, por tanto, se les asegure la titulación.

En la práctica, las coqueras del Putumayo se suman a la exigencia general de las comunidades cultivadoras de hoja de coca, marihuana y amapola de Colombia: que la sustitución sea gradual e inicie cuando haya participación efectiva con sus demandas incluidas. En concreto, exigen que la erradicación voluntaria de inicio solamente cuando hayan arribado los proyectos de sustitución. Las comunidades campesinas cocaleras quieren frenar lo que vienen denunciando desde las veredas donde firmaron pactos con el gobierno y las FARC en cuanto a una erradicación forzada sin programas de apoyo gubernamental, lo que además aumenta la desconfianza en el Estado.

En la declaración nacida en Puerto Asís también se exige que se tenga en cuenta el carácter andino-amazónico de sus territorios y descartan la minería como un horizonte económico; tampoco quieren la arremetida de las multinacionales; piden que los recursos destinados a la sustitución voluntaria de cultivos vaya directamente a las comunidades y, específicamente, a las mujeres, para que ayude a las precarias economías familiares; que llegue formación del SENA pero también de universidades; que se apoyen los emprendimientos culturales y turísticos… Toda una batería de propuestas sin las cuales, según las mujeres, no puede firmarse acuerdo ninguno de sustitución de cultivos.

Descargar aquí la declaracion final

Desde la Amazonía sur del país, se ha alzado la voz de las mujeres dedicadas al cultivo de hoja de coca, quienes han dejado dichas ya sus demandas; a partir de ahora es el turno de la comisión para la implementación del punto 4 de los acuerdos de paz y de la delegación de las FARC-EP para incorporar dichas demandas y dar cumplimiento cabal al enfoque de género. Como dice Nancy Sánchez, “nada se haga sin nosotras”.