La guerra asedia a las comunidades indígenas del Chocó

El rápido avance paramilitar y los choques con el ELN dejan confinadas y en grave riesgo humanitario a las comunidades indígenas de Kiparadó (Bajo Atrato), Capa y Alto Atrato (Lloró), Alto Baudó o Litoral de San Juan. Unos pueblos, que siguen siendo "víctimas de un Estado soberbio e indolente".

Aquí se va a morir mucha gente hasta que el Gobierno haga algo”. El líder indígena con el que se comunica Colombia Plural en el Bajo Atrato está agitado y enfadado. “Está ocurriendo lo mismo que hace 20 años [Operación Génesis]: nadie ve, nadie cree. Da miedo”. Cuenta cómo hace unos días miembros del ELN reunieron a la comunidad wounaan y embera de Kiparadó (que está en el río del mismo nombre perteneciente al municipio de Riosucio) y le advirtieron que alrededor todo estaba minado. “Mientras los paras sigan avanzando nosotros seguiremos bloqueando”, les dijeron. Bloquear es equivalente a minar y ahora las comunidades del Kiparadó, afluente del Truandó, no pueden salir a cazar, a cosechar en sus cultivos o a buscar leña.

Lo que está ocurriendo en el Kiparadó, en el Bajo Atrato, afecta a casi todo el municipio de Riosucio y sus cuencas, y también lo están viviendo los indígenas del Alto Baudó o del municipio de Lloró. Ahora también se prenden las alarmas porque grupos de paramilitares están cerca del río Bojayá, en el Medio Atrato, a donde están llegando aprovechando los corredores que unen Domingodó con la zona de Unión Baquiaza a través del río Opogadó. “La gente no quiere desplazarse… pero tenemos 33 comunidades en grave riesgo también en el Bojayá”, asegura Plácido Bailarín, presidente de FEDOREWA, una de las cinco organizaciones indígenas que opera en el Chocó

La rápida ocupación paramilitar y los choques con el ELN, que trata de copar las zonas donde tenía control territorial la guerrilla de las FARC-EP, ha sido denunciada recientemente por todos los obispos de la región, por Amnistía Internacional, por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, o por la Defensoría del Pueblo, aunque parece que al Estado no incomodan de momento estas llamadas de atención por el recrudecimiento de la guerra en los tiempos de la paz. “Aquí se va a morir mucha gente hasta que el Gobierno haga algo”, podría repetir el líder que habla desde el terreno con la prudencia que marca la realidad: “Nadie dice nada porque acá lo que se dice en un Consejo de Seguridad lo saben los gaitanistas en horas. Por eso nadie quiere hablar”.

Sin embargo, el brigadier general Mauricio Moreno Rodríguez, máximo responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, asegura a Colombia Plural que “donde ha habido problemas, hemos intervenido”. “La población ha regresado al Alto Baudó, a Lloró, se evitó el ataque en Domingodó, se ha atendido y desminado en Docordó… no hay ni un solo alcalde desplazado, todos están gobernando en su zona”. Para el general Moreno, lo que está ocurriendo es un intento por “controlar las rutas del narcotráfico” y los grupos armados están combatiendo contra las fuerzas militares o entre ellos porque “los hemos sacado de su zona de confort con nuestros operativos. Si tuvieran control sobre el territorio, no estarían combatiendo”.

Las alertas no son teóricas. La tensión entre paramilitares y elenos estalló este viernes 24 de marzo a las 7 p.m., cuando comenzaron los combates entre los paramilitares, atrincherados en un lugar conocido como La Isla, y los guerrilleros, que respondían desde una de las comunidades, poniendo en grave riesgo la vida de los civiles. En Kiparadó ahora están confinadas 39 familias que suman casi 200 personas; en la vecina comunidad de Jivadó, hay otras 17 familias (80 personas) asediadas y con ya problemas alimentarios. El general Moreno asegura que ya hay infantes de Marina en la boca del KIparadó y del Truandó, “pero no ha sido efectiva la llegada porque el río lleva poca agua y asegurar un punto para entrar por tierra nos lleva unos cuatro días”.

El líder, sin nombre para poder guardar la vida, relata que “los paramilitares entraron a sol caliente [a la luz del día] y en pangas grandes. Es imposible que los retenes militares no los vieran”. Para él, lo que ocurre es que “la institucionalidad no quiere visibilizar que hay paramilitares”.

  • ¿Entran vestidos de civil?
  • No, no, entran uniformados y con armamento potente

Ellos entran, pero también hacen retenes para evitar que pasen otras muchas cosas. Según relatan las organizaciones indígenas, hay controles paramilitares que no dejan pasar comida, “porque dicen que es para los elenos”, e, incluso, intentaron bloquear la partida destinada a los restaurantes escolares. “Es raro ¿no? Los únicos que vemos a los paramilitares somos la población civil, porque los militares en Turbo o en Riosucio no ven nada. Hay algo que está pasando”, cuestiona Plácido Bailarín. El general Moreno insiste en que la infantería de Marina tiene controlado el río Atrato y que, tras los choques en Kiparadó, está en el Truandó. Y en algo sí es enfático: los grupos armados no son paramilitares. “Son grupos de narcotraficantes que se colocan una marca [Gaitanistas] para lograr un estatus, pero son delincuentes sin ideología sin conexión con fenómenos del pasado… de hecho, cada vez son más criminales”.

Los uniformes con los que aparecen estos hombres son de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, esas que el Estado se empeña en negar y, como confirma Héctor Andrade, de la organización indígena ASOREWA, “no hablamos de 2 o 3 paras, porque en cosa de 15 días se han expandido por todo el Chocó”. Los líderes indígenas también están sorprendidos de la extensión de terreno en la que se está expandiendo el ELN y constatan, con decepción, como “con guerra o con paz, nos dan duro”. Bailarín, recuerda el breve espejismo de esperanza. “Sabíamos que eso de la paz no iba a ser fácil, pero habíamos vivido un tiempo de tranquilidad increíble [desde el alto el fuego unilateral mantenido por las FARC desde mediados de 2015] que nos había traído esperanzas”. “En muy pocos meses la gente había vuelto al río Truandó, estaba organizando de nuevo su territorio, había esperanza”, refuerza Héctor Andrade. “No va a ser fácil superar un segundo golpe de guerra como este, después de todo lo que la gente ha visto y sufrido ya”.

“Los pueblos indígenas del Chocó siguen siendo víctimas de un Estado Social de Derecho soberbio e indolente” / Padre Albeiro Parra

Comunidad de Mindó

Comunidad de Mindó

Dos líderes indígenas del municipio de Lloró, también con nombres difuminados por el temor, denuncian la grave situación que se vive en una zona “invisible”. El 13 de enero vivieron de nuevo bombardeos en la zona del Alto Andágueda que provocó el segundo desplazamiento de un grupo de 20 familias que habían retornado a una zona que la guerra vació en el territorio ancestral del resguardo La Puria. Ahora, viven hacinados con otros embera de la zona. Pero en las últimas semanas, las de la expansión paramilitar, han visto llegar a unos 200 hombres con identificaciones de las Autodefensas Gaitanistas que están acosando a comunidades del Alto Atrato y del río Capa. “En Mindó, donde la comunidad ya salió en 2010, se iban a desplazar el jueves pasado, pero la gente sabe lo duro que es y están ahora confinados”, relata uno de los líderes que explica que de las 24 comunidades indígenas del municipio de Lloró, 20 están confinadas. En la zona, también está en inminente riesgo de desplazamiento la comunidad afro de Villa Claret.

Hay mucho miedo y ya hay problemas de alimentación. En Chirriquí están cobrando 200 mil pesos a los docentes si quieren pasar a las comunidades y están restringiendo el paso de comida. Además, dicen que cargan lista con indígenas a los que buscan. La gente tiene mucho miedo”. La palabra miedo se repite una y otra vez. Miedo a una guerra que no cesa y miedo ante el abandono total en lugares invisibles para la opinión pública. El padre Albeiro Parra, director de la Pastoral Indígena de la Diócesis de Quibdó, cree “la guerra continúa para los pueblos indígenas del Chocó”. Unos pueblos que “siguen siendo víctimas de un Estado Social de Derecho soberbio e indolente”.

Plácido Bailarín asegura que tampoco han mejorado las cosas en el Alto Baudó y, ante esta situación generalizada, exige al Gobierno Nacional “que frene esta ola de violencia que nuevamente ha tomado fuerza”. Para el presidente de FEDOREWA, “estos grupos [los paramilitares] están atacando simultáneamente en muchos puntos para que nadie se fije en un punto”. Y en esa ceremonia violenta de la confusión las víctimas vuelven a ser las comunidades indígenas más aisladas. Bailarín cree imprescindible el acompañamiento internacional y la visibilización de lo que está pasando. “No podemos hacer mucho más”. Héctor Andrade, de hecho, asegura que también es difícil la situación para las organizaciones: “¿Con qué garantías podemos acompañar a nuestras comunidades las organizaciones que trabajamos en derechos humanos y en la defensa del territorio? Esto es muy peligroso”. El presidente de ASOREWA reconoce que, aunque sabían que la guerra no acababa para los pueblos indígenas, no esperaban una ocupación territorial “tan rápida”.

Para la Fuerza de Tarea Conjunta Titán el problema es de percepción. “Esto pasa en cualquier país… si hay un atentado en Madrid la gente no quiere ir a Madrid. Es lógico entonces que acá, con 46.000 kilómetros cuadrados de selva, la percepción de seguridad se afecte”.