Las mineras no quieren ni consultas, ni Corte Constitucional

“Algunas decisiones de la Corte Constitucional afectan la confianza de los inversores”. Así de claro es el informe prospectivo Visión de Colombia Minera 2025 realizado por la firma legal internacional Norton Rose Fullbright y difundido en estos días por la Asociación Colombiana de Minería (ACN), que hoy viernes ha terminado su congreso en Cartagena de Indias con el apoyo casi sin límites del presidente de la república, Juan Manuel Santos.

Los mineros, en voz de sus abogados, consideran que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado generan “inestabilidad legal”. Recuerdan en un extenso informe disponible sólo en inglés que entre 2010 y 2015, la Corte Constitucional revisó 27 tutelas relacionadas con el sector y en 25 casos falló en contra de los intereses de las empresas. “La Corte tiene una tendencia a seleccionar para su revisión tutelas en las que el demandado es una compañía minera y no aquellas en las que son demandantes”. También cree el sector minero que la Corte sostiene “una posición preferencial a la protección ambiental antes y sobre los derechos adquiridos [por las empresas]”.

A los mineros no les gusta ni la justicia colombiana ni las consultas previas avaladas por esta. Dicen que no están claras las consecuencias de esas consultas y que las altas cortes dejan mucho margen para que luego las autoridades locales y regionales modifiquen los “derechos” de los inversores. Para la ACN hay cambio de reglas y eso genera “desconfianza” en los inversores extranjeros ante la inseguridad jurídica que supone. Esta semana, en El Espectador, le preguntaban por ese supuesto cambio de reglas a uno de los promotores de la consulta de Cajamarca, esa en la que el 98% de la población rechazó el megaproyecto de La Colosa. Robinson Mejía le recordaba a la multinacional AngloGold Ashanti que “las consultas populares quedaron estipuladas en la Constitución del 91 y no se han modificado. Lo mismo la ley orgánica que permite hacer consultas populares en materia de proyectos mineros, que es del año 94. Desde que Anglo Gold llegó, estas reglas estaban vigentes y el hecho de que ellos no conozcan la normatividad colombiana se evidenció cuando empezaron a hacer exploración en Cajamarca sin hacer sustracción de la Reserva Forestal Central”.

Las quejas de la industria minera, sin embargo, sí tienen eco en el Gobierno Nacional. Juan Manuel Santos, en la clausura del congreso, afirmaba que la “locomotora minera” sigue siendo una de sus principales apuestas y añadió: “Requerimos un diálogo permanente con los colombianos para demostrarles lo que la minería puede hacer por el progreso del país”. Para, enseguida, asegurar: “la consulta previa es un derecho constitucional que, como Gobierno nacional, respetamos y garantizamos. Consideramos, eso sí, que es fundamental aclarar su procedimiento. Para lograr esto, ya tenemos un proyecto que le vamos a presentar al Congreso”.

Su ministro de Minas, Germán Arce, unas horas antes, en Blu Radio, arremetía una vez más contra las consultas previas, acusando a los promotores de “hacer política” con ellas; “hay grupos montando campañas para generar estas emociones de petróleo versus agua, que son muy populares pero ponen en jaque las actividades legales que se pueden hacer de manera responsable”. “La consulta es un instrumento de participación pero no puede cambiar la ley. Este no puede ser un instrumento político, pagado por el Estado, para que algunos actores pongan preguntas de si y no. Soy respetuoso de que las comunidades definan como se quieren desarrollo pero aquí estamos hablando de recursos de todos los colombianos. Estamos hablando de derechos generales sobre particulares”. La posición de Arce coincide con la de los mineros que piden al Gobierno que regule claramente las consultas para que no puedan bloquear los títulos mineros.

José Miguel Linares, presidente de Drummond, la multinacional que explota la megamina de El Cerrejón en La Guajira, aumentó el catálogo de enemigos de su sector al asegurar que las “ONGs están atacando al carbón de Colombia”. Pero matiza que organizaciones “afectan la competitividad minera”: para él el problema está en la Unión Europea y por ello ha pedido hoy públicamente “al gobierno para que defienda el carbón colombiano ante ataques de ONGs europeas”. Debe dolerle el veto de empresas italianas energéticas como respuesta al activismo en contra del producto que vende su empresa. Aunque el ministro de Minas habla de interés general se insiste en que la minería sólo es asunto de los municipios donde se va a explotar. De hecho, a Cartagena han llevado a los alcaldes de los pequeños municipios del páramo de Santurbán afectado por el megaproyecto minero de Eco Oro. Allá, han firmado un pacto con la empresa de #MineríaBienHecha y han dicho “que no tienen que llegar nadie de afuera a decirles como proteger el territorio” donde llevan 462 años practicando la minería… tradicional.

Una de las conclusiones del panel sobre competitividad del sector minero en Colombia ha establecido que se “debe respetar los derechos de las minorías, pero la protesta no debe bloquear los proyectos”. No han explicado que ocurre cuando los derechos de las minerías son afectados por los propios proyectos. Claro, que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha llegado a Cartagena para defender con vehemencia el proyecto minero de Buriticá y para hacerlo a criticado que “Colombia parece vivir la era de los derechos mas que la de los deberes”.

¿Paz para la minería?

“Colombia sigue siendo un país inexplorado” para las mineras y así lo consignan en su informe sobre la visión minera a 2025 en el que se lamentan del frenazo del boom minero. Pero no desfallecen. Según señalan, si el Gobierno hace lo que pide la ACN Colombia pasará de ser potencialmente minero a ser un “país minero”. Su punto de referencia es Perú. Mientras en el vecino del sur ya está explorado el territorio desde el punto de vista geológico al 100%, geoquímico al 20% y geofísico al 60%, Colombia sólo está explorada al 40%, al 28% y al 4%, respectivamente.

Interesa en especial a las mineras las reservas de carbón en el país (el que más tiene en América Latina) y proyectos de oro ahora en entredicho como el de La Colosa (Cajamarca) y el Buriticá (Antioquia). No hacen autocrítica los industriales del extractivismo minero. Consideran que sus principales problemas son las altas Cortes del país, las consultas previas, la mala imagen de la minería “por la alta incidencia de la minería ilegal”, los altos impuestos a los que, según denuncian, se ven sometidos y la dispersión de responsabilidades entre instituciones del ámbito nacional, departamental y local.

Agradecen, sin embargo, el “compromiso” del Gobierno con el sector, la campaña impulsada por el Ministerio de Minas y la ACN bajo el título de #MineríaBienHecha y la oportunidades que se vienen con la salida de la guerrilla de las FARC de zonas antes “vetadas” para la inversión minera extranjera. “Como nunca antes estamos cerca del final del conflicto armado en Colombia, que no sólo genera la posibilidad de explorar territorios que fueron vetados para la minería debido a la ley situación de orden público y que tienen un potencial geológico reconocido, sino también es un hecho que la minería puede convertirse en un aliado estratégico para el postconflicto, especialmente en áreas descuidadas del país donde hay un gran potencial”.

En el Congreso no ha habido críticas por parte de la mayoría de los invitados. El senador del Centro Democrático Iván Duque ha utilizado la primera persona del plural para hermanarse con los empresarios: “Tenemos un problema serio de informalidad, hay un ahogo tributario del sector minero, hay también incertidumbre jurídica e institucional, se desarrollan procesos consultas y licenciamientos con un gran costo y después pueden ser revocadas por consulta popular, hay activismo jurídico contra el sector”. El Centro democrático estuvo sobrerrepresentado y al igual que Alejandro Ordóñez pidió rebajar la presión tributaria a los mineros, Carlos Holmes Trujillo defendió que: “El liderazgo presidencial en la industria minera es muy importante, a la minería todo el mundo la ataca, todos le piden y nadie la protege, soy un convencido de que no apoyar al sector minero es darle alas a la ilegalidad y a la minería criminal”. Sólo la voz de Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, puso un gramo de crítica en un congreso de alabanzas: “El peor problema del proyecto minero en el modelo económico es que no se ve a la minería como un sector que le aporte al agro sino que lo sustituye, no podemos ser un país que viva solo de la minería, puede haber minería pero hacerla bien como en todas las actividades industriales y el agro”.