Los Embera Karanbá amenazados de nuevo por Anglo Gold Ashantí
La empresa Anglo Gold Ashantí está realizando censos en las veredas de las comunidades indígenas de Embera Karambá de Quinchía. 77 familias sienten sobre sus cabezas la amenaza de un desplazamiento motivado por el proyecto minero Miraflores. A ello se suma la disminución de caudales en los afluentes del cerro El Paramillo que los vecinos atribuyen a perforaciones dentro de los once títulos mineros del proyecto.
La gobernadora Indígena Edith Taborda denuncia que en los últimos días operarios de la empresa minera se han presentado en las veredas realizando “censos ilegales” que tendrían como fin la indemnización a familias, la compra o expropiación de predios, y la conformación del listado de familias a reubicar en la Finca Mira Mar. “Lo que quieren es que desocupemos” afirma Taborda, que recuerda que el pasado 2 de marzo varios hombres amenazaron con destruir el centro de salud y algunos espacios recreativos de la comunidad.
El Tejido Defensa del Territorio, al que está adscrito esta comunidad, denunció estos hechos a través de un comunicado a la opinión pública que cayó a oídos sordos. Taborda asegura que la situación se está alertando desde hace varios años sin que haya una respuesta seria por parte del Estado. Más aún, los Embera dicen tener encontrar suya al alcalde, Jorge Alberto Uribe, quien trabajó por más de cinco años para Anglo Gold Ashanti. Este martes, el acalde ha convocado un consejo de seguridad para el jueves 9 de marzo con presencia del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo para analizar la información divulgada el día de hoy en la prensa local alertando del desplazamiento de los indígenas por un proyecto de megaminería.
Para la gobernadora Indígena se trata de una clara falta de garantía que se traduce en intimidaciones legales para la defensa de su territorio. Tras la amenaza del 2 de marzo los Embera acordaron reunirse el 12 de marzo en el teatro municipal pero la Alcaldía les ha negado el espacio aduciendo “falta de policías y requisitos del nuevo código policial”.
El ruido sobre el papel de las autoridades local en este conflicto, aumentó a principios de febrero cuando Jesús Guevara presidente de los 120 acueductos comunitarios de este municipio, escuchó decir al Alcalde en una reunión con la comunidad de la Cumbre que “ya no le mentiría más a la gente ocultando el hecho de que en Quinchía la proyección era hacer minería a cielo abierto”. “¿Cómo sabe el Alcalde la proyección minera de una empresa privada?”, se pregunta Guevara quien alerta con preocupación de la disminución de caudales en los afluentes del cerro El Paramillo, principal fuente de abastecimiento de agua. Guevara atribuye esta situación a las más de doscientas perforaciones de dos mil metros de profundidad que circundan la zona y se ubican dentro de los once títulos mineros del proyecto Miraflores.
Los Karambá fueron reconocidos en el 2007 por el Estado colombiano como autoridad indígena, una figura que establece la existencia sin asignación catastral de territorio. Pero según el artículo 246 de la Constitución Política “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial”.
Con ese y otros argumentos, los Karamabá han logrado retrasar las actividades de exploración y explotación minera complementando estrategias como la inventariar sitios sagrados. El objetivo es que el Ministerio de Cultura termine de blindar las tierras frente al proyecto minero que el 2 de abril de 2013 estimó su potencial en más 1.816.000 onzas de oro y otros metales de menor calidad.
La empresa ha asistido a las reuniones de preconsulta sin lograr llegar a un acuerdo con las comunidades. Lo cierto es que la información que circula en el municipio sobre los impactos ambientales y los derechos colectivos de los Karambá no es clara. Algunos líderes afirman que entre la Vereda Guerrero y Miraflores se adelanta el diseño de un túnel para el transporte de escombros. Apreciaciones como esas son los argumentos de una comunidad que rechaza con sus propias capacidades la que para ellos es un desplazamiento anunciado de sus tierras, no ya por los actores armados sino por una empresa minera. A este contexto se suma la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre el grave proceso de reagrupación de actores armados alrededor del cinturón minero.
En declaraciones al Diario de Otún, el secretario de Gobierno de Risaralda, Julio Londoño, ha anunciado que una comisión de la gobernación viajará al lugar para conocer de cerca la problemática y tomar la medidas correspondientes. Según él no han sido advertidos de manera oficial de la denuncia, “hace ocho días citamos a un consejo de seguridad indígena y solo asistieron tres líderes pese a que se hizo la invitación de manera general y es en esos escenarios donde deben avisarnos para tomar medidas”.
