Santos en Tumaco: el silencio y la militarización

Iván Darío Muñoz Echeverría no ha podido ganar a la violencia. Este lunes 23 de octubre murió en el Hospital Universitario Departamental de Pasto, donde fue ingresado gravemente herido el 6 de octubre como uno de los 20 supervivientes de la masacre del Alto Mira, en Tumaco. Ya son 7 las personas asesinadas en los hechos del 5 de octubre en los que, durante una protesta campesina por la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, se produjo una masacre que, según las denuncias de los civiles y los informes de la Defensoría del Pueblo, puede ser atribuida a la Policía Antinarcóticos.

El pasado jueves 19 de octubre la misma Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia llamaba la atención a la Fiscalía y a la Procuraduría pidiéndoles que no descarten ninguna hipótesis, haciendo alusión a la obsesión del Estado por buscar a como dé lugar una conexión entre la masacre y bandas armadas ilegales que operan en Tumaco.

Ni una palabra tuvo Juan Manuel Santos, presidente de la República, este sábado 21 de octubre en Tumaco para Iván Darío Muñoz, ni para Jair Cortés, el miembro del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera que denunció los sucesos del día 5 de octubre y que fue asesinado un par de días antes de la llegada del presidente al municipio del Pacífico nariñense, ni para los dos indígenas (padre e hijo) Awá asesinados en la misma zona tras la masacre.

Lo que sí hizo fue declaraciones genéricas y promesas que poco parecen tener que ver con un periodo de postconflicto. Santos, que se desplazó a Tumaco con parte de su gabinete y con el Fiscal General –que no reveló avances en las investigaciones 15 días después de la masacre-, prometió 6.500 soldados más en una zona ya repleta de armas, violencia y pobreza. 6.500 soldados más para una operación militar denominada Atlas. La tesis de Santos es que en Tumaco “ha existido narcotráfico por 40 años. Por cuenta de la paz, los problemas sumergidos por debajo del conflicto, están siendo visibilizados”. Los ‘problemas sumergidos’ de los que habla Santos estaban bastante a la vista y vienen siendo denunciando por los consejos comunitarios afro, por los resguardos Awá y por las organizaciones sociales desde hace años. De hecho, el informe sobre violaciones a los derechos humanos en la zona que realiza cada año la Pastoral Social de Tumaco se titula desde 2009: “¡Que nadie diga que no pasa nada!”.

En el municipio de Tumaco hay 16 sujetos de reparación colectiva y 100.971 personas en el registro único de víctimas: ¡el 50% de su población!

Aún así, Juan Manuel Santos llegó a Tumaco, se fotografió abrazando niños, inauguró el nuevo hospital, regaló barcas y dijo: “Tumaco es un laboratorio sobre cómo podemos resolver problemas que son de décadas”. Nada habló de la masacre del 5 de octubre, ni del asesinato de líderes, ni de la situación de los Awá (sometidos a un etnocidio). En un Consejo de Garantías celebrado el día 19, sin embargo, Santos aseguró que no hay sistematicidad en el asesinato de líderes en el Pacífico ni en el país (aunque van 78 en lo que va de año, y 10 en este mes), y el 6 de octubre, un día después de la masacre, sin hablar con las víctimas, insistió ante el país: “Nuestra Fuerza Pública no dispara contra civiles”.

La pírrica inversión humanitaria

La visita de Santos a Tumaco, hizo que las instituciones se aprestaban a realizar informes sobre la ingente tarea en esta zona abandonada, precisamente, por el Estado y por la institucionalidad. La Unidad de Víctimas sacó una ‘interesante’ nota de prensa en la que Yolanda Pinto, su directora, aseguraba que su institución acompaña de forma especial a Tumaco desde 2012 y ahora: “Estamos alarmados por la situación pero al mismo tiempo celebramos las urgentes medidas adoptadas por el señor Presidente de la República para contrarrestar los hechos violentos y acompañar a los habitantes que se encuentran frente a una situación de vulnerabilidad”.

La nota deja para el final las pírricas cifras de ayuda en un municipio con 16 sujetos de reparación colectiva y 100.971 personas en el registro único de víctimas: ¡el 50% de su población! Según la Unidad de Víctimas, en lo que va de 2017, cuando se han producido 12 emergencias humanitarias, 3 desplazamientos forzosos y un confinamiento en el municipio de Tumaco, el Estado ha entregado ayuda humanitaria en especie por valor de 251 millones de pesos y ayuda humanitaria en dinero por 39 millones de pesos. Un total de 290 millones de pesos (unos 100.000 dólares). Para hacerse una idea, sólo el helicóptero que el Gobierno le compró este año a la policía en Cali restó del presupuesto nacional 11.536 millones de pesos y necesitó otros 6.153 millones de pesos del presupuesto municipal para ser equipado.

Los 290 millones de pesos invertidos en ayuda humanitaria serán nada al lado del coste del despliegue de los nuevos 6.500 soldados que llegarán a la zona. Tampoco está cuantificada la “acción integral social” anunciada el sábado por el presidente en Tumaco, aunque sí reconoció atrasos en los dineros que deberían llegar a la zona dentro del denominado Plan Pacífico.

Tampoco explicó cómo se va a avanzar en la erradicación voluntaria de los cultivos para usos ilícitos en el municipio con más hectáreas de coca sembradas (unas 20.000), sólo afirmó: “La gran conclusión es que tenemos que trabajar de forma más mancomunada y de trabajo en equipo. De las entidades municipales a las nacionales”. Ni una referencia a las críticas que un par de días antes hacía la Red de Consejos Comunitarios de Tumaco (Recompás): “El pueblo tiene un año pidiéndole al Gobierno Nacional avanzar en el tema de cultivos ilícitos, pero no tenemos la respuesta efectiva».

Sí anunció, sin embargo, la pronta finalización construcción de la urbanización Senderos de la Ceiba, con 170 casas para familias víctimas de la pasada ola invernal, la entrega de 165 embarcaciones pesqueras equipadas y la de un barco de pesca artesanal para 600 asociados de la organización de pescadores de Tumaco, Asopezagro, y la vaga promesa de la habilitación de una vía binacional de Tumaco a Ecuador, que estaba inutilizada por la presencia de campos minados. Según explicó el presidente, el Ejército ya desminó esa vía y el Invías retomará las obras.

Para la población, las promesas del Gobierno no son un compromiso. De hecho, cerca de Tumaco, en Buenaventura, la capital oficiosa de ese Pacífico arrasado por la guerra que no termina, los movimientos sociales se plantean convocar ya un nuevo paro cívico ante el incumplimiento de los compromisos a los que llegó el Estado hace cuatro meses y medio tras un paro general que fue respondido con un alto nivel de violencia por la Policía.