La ONU considera grave que el Mindefensa estigmatice a los líderes sociales
Cuando Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, dijo que los asesinatos de líderes sociales son “fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de un tema de pelea por rentas ilícitas” acabó en un minuto con la imagen que el Gobierno quiere transmitir de compromiso con los derechos humanos. Y así lo ve, aunque de manera más diplomática, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La Oficina observa con profunda preocupación la persistencia de casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en el territorio nacional. Y rechaza la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo”, aseguraba hoy en un comunicado. Y ponía dos ejemplos: las descalificaciones en el Congreso de la República “a los y las defensoras que fueron escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, impidiéndoles posesionarse de sus cargos por el hecho de haber representado víctimas en el pasado”; y, -pónganle nombre- el hecho de que “otros altos funcionarios públicos han declarado recientemente a los medios que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas”.
La oficina de la ONU advierte que “esto es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables”. Los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y de líderes sociales no son aislados ni pocos. “La Oficina ha verificado durante este año y hasta hoy 20 de diciembre, en el caso de defensores de derechos humanos y líderes un total de 105 homicidios, incluidos: 73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además la Oficina tiene otros 11 casos más en proceso de verificación”. En un 59% de estos, según la ONU, fueron perpetrados por sicarios.
“Los casos de homicidios de líderes y lideresas, y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las FARC, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada; y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad. Como se puede observar, su labor en la defensa de los derechos de todas las personas fue determinante con las agresiones que sufrieron”, explica.
La oficina de la ONU exige a los funcionarios públicos que cumplan con la directiva Nº002 de la procuraduría General de la República, en la que se les daba los lineamientos para la protección de defensores, defensoras y líderes y se les pedía que se abstuvieran “de realizar conductas que los deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento o estigmaticen su labor”.
