El informe de la CIDH dibuja el mapa de la violencia estatal y pide reformas urgentes

El lenguaje diplomático no puede disimular el contenido del informe de la visita de trabajo que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 8 y el 10 de junio de 2021. La CIDH quiere mostrar como una “oportunidad” este momento de grave polarización y violación sistemática de derechos humanos.

«La respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal»

La realidad es que el informe muestra “la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta [del Estado] a la actual movilización social. Al respecto, reitera que los desacuerdos se dan entre personas que hay que proteger y no frente a los enemigos que hay que combatir”. Desde esa lógica, la misión internacional constata “hallazgos sobre graves violaciones a los derechos humanos, en particular respecto del derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de manifestantes, así como otras situaciones que ponen en riesgo la protesta social”. «Resulta extremadamente preocupante el alto número de muertes y personas lesionadas, así como las graves denuncias de personas desaparecidas, violencia sexual y la utilización de perfilamiento étnico-racial. Igualmente, las agresiones a periodistas y a misiones médicas, el uso de la figura del traslado por protección y denuncias por detenciones arbitrarias», concluye.

La CIDH asegura que» ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal (…) Ante escenarios complejos el actuar de las autoridades no debe ser indiscriminado, sino que debe individualizar a los actores violentos y distinguirlos respecto de aquellos que ejercen el legítimo derecho de manifestación». A pesar de esta clara afirmación, la presidenta de la CIDH asegura que no han logrado evidencia de que se dieran órdenes para el uso abusivo de la fuerza o el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades colombianas. «Por eso no podemos hablar de sistematización».

Las 47 páginas incluyen 41 recomendaciones después de hablar con 500 personas y haber recabado algo más de 300 reportes individuales, que incluyen a víctimas, organizaciones de la sociedad civil y a autoridades del Estado.

La CIDH recomienda, entre otras muchas cosas “separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”. Critica con dureza el uso de la figura de “traslado por protección” (artículo 155 del Código de Policía Nacional), con la que, según las autoridades, se ha detenido a 7.020 personas. Por eso exige que se tomen “medidas necesarias restringir el uso de la figura del traslado por protección a situaciones de debilidad o vulnerabilidad, circunstancial o permanente de personas en concordancia al Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Asimismo, abstenerse de utilizar dicha figura policial de manera generalizada en el marco de las protestas y manifestaciones”.

Las principales conclusiones de la visita las ha comunicado en rueda de prensa en internet la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola Noguera, quien se ha mostrado sorprendida por la pregunta de la corresponsal de Caracol en Washington, quien afirmaba haber tenido acceso al borrador de respuesta del Estado colombiano a este informe, que apenas se estaba haciendo público. La mayoría de periodistas colombianos de los medios convencionales (Caracol, El Tiempo, etc…) se han centrado en los bloqueos y en la necesidad de prohibirlos, no parecían tan preocupados por el uso desproporcionado de la fuerza o sobre las violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado.

Urrejola ha hecho esfuerzos por asegurar que el Estado colombiano, como parte de la OEA y de la CIDH, se va a comprometer con las recomendaciones, pero no hay mecanismos especiales para sanciones en caso de incumplimiento. “Entendemos que hay buena fé por parte del Estado colombiano”, ha dicho. En todo caso, la CIDH anuncia que intentará crear un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, aunque el Gobierno colombiano ya está difundiendo, de manera informal, su repulsa a esta idea.

El informe pide la “liberación inmediata” de aquellas personas que hayan sido detenidas de forma arbitraria o injustificada y aún estén privadas de libertad, “realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las imputaciones interpuestas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas”, y pide la creación de “una comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas; en la que se garantice la participación de los familiares”,

Es evidente para la CIDH que Colombia tienen un problema con sus instituciones, aparecen de hecho nombradas varias veces la Fiscalía y la Procuraduría. De hecho, “la Comisión manifiesta su preocupación por las inconsistencias en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado, así como por las disparidades presentadas entre los números reportados por éstas y aquellos que han resultado de los hechos documentados por la sociedad civil, principalmente en relación con víctimas fatales y con personas desaparecidas”. La CIDH destaca los cuestionamientos por parte de la sociedad civil sobre «la falta de publicidad de los criterios utilizados por la Fiscalía para establecer cuáles muertes estarían vinculadas con las protestas y cuáles no». También perturba a los comisionados que el fuero militar se encargue de la investigación de casos de militares o policías que hayan podido violar la ley y por lo tanto exige que se adopten “todas las medidas necesarias para asegurar que la justicia ordinaria sea el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”.

Información y bloqueos

La CIDH también dedica espacio a recoger las denuncias por ataques a las misiones médicas y denuncia la limitación de las libertades de los periodistas que han cubierto el Paro Nacional. En este aspecto, también ha incursionado en la protesta en internet, destacando que las fuerzas de seguridad no pueden limitar el acceso generalizado a internet o bloquear de forma genéricas páginas web o servicios de internet y también critica con contundencia la práctica policial de “clasificar” los contenidos de internet y pide que “cesen las actividades de categorización policial de contenidos como ‘falsos’ o ‘verdaderos’ y abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan a través de internet sobre las protestas”.

El informe también recoge la violencia de género, las violaciones de derechos humanos a colectivos LGTBI o a grupos étnicos concretos, pero dedica la mayor parte de sus esfuerzos a describir el marco en el que se han producido los bloqueos de vías. En ese sentido, pide al Estado “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas” y explica que hay que analizar la modalidad de los bloqueos de forma individualizada porque la prohibición o la generalización sobre este tipo de “modalidad de protesta legítima” sólo lleva a escalar el grado de conflicto en una sociedad “ya muy polarizada”. “Ninguna modalidad de protesta puede prohibirse per se”, ha insistido la presidenta de la Comisión, quien ha recordado que el asunto está en las «consecuencias» de las modalidades de protesta, no en la tipología de las mismas. La CIDH encuentra preocupante que “las inadmisibles afectaciones provocadas por algunos de los cortes de ruta conduzcan a que el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta. Esto puede tener varias consecuencias. Por un lado, puede contribuir al escalamiento de la tensión social. Por otro lado, puede obstaculizar la gestión del conflicto social desde la perspectiva del diálogo”.

La Comisión Interamericana destaca que recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas; además, dichos testimonios fueron debidamente registrados, sistematizados y analizados.