En las últimas semanas Abelardo de la Espriella, presidente de la República, ha arremetido y ha estigmatizado a los estudiantes universitarios y a todo aquel que proteste. El discurso oficial distingue entre dos categorías contrapuestas ciudadano/vándalo y la protesta la ubica en este segundo lugar. El lunes 6 de octubre, tras un largo Consejo de Ministros de más de siete horas, el presidente se atrevió a decir que “una cosa son los pueblos indígenas de Colombia y otra cosa muy distinta es el CRIC», por lo que reiteró que “este Gobierno no se deja amenazar ni se deja intimidar o presionar de nadie». Se refería a una convocatoria, aparentemente inocua, hecha por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) —que representa a unas 360.00 personas indígenas— en coordinación con Nasa Wesx Dxi’j del Valle del Cauca, el Consejo Regional Indígena de Caldas-CRIDEC y el Consejo Regional Indígena del Huila-CRIHU. Se trata de la Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida, convocada para los días 11, 12, 13 y 14 de octubre de 2026 en Kwet Kina, Sath Tama Kiwe, (Caldono, Cauca).
“Este Gobierno respeta profundamente a nuestras comunidades indígenas y está dispuesto, como lo ha venido haciendo, a dialogar directamente con sus autoridades legítimas, pero no vamos a negociar bajo presión, no vamos a negociar bajo vías de hecho y mucho menos, por supuesto, bajo amenazas», dijo De la Espriella ante una Cumbre que, como ha aclarado Edgar Fernández, Consejero Mayor del CRIC, no tiene previsto ningún paro ni corte de vías. Siguiendo la estrategia de De la Espriella de amenazar de forma preventiva, el presidente mezcló “situación de orden público y movilización del CRIC” y anunció que su Gobierno va a evaluar qué ha sido de “los 1,13 billones que el Estado reporta como entregado dentro de los planes concertados con el CRIC, peso por peso. Vamos a revisar contrato por contrato y convenio por convenio”. Pero De la Espriella no dio detalles sobre esas cantidades. Según un reportaje publicado por La Silla Vacía en mayo de 2026, “el CRIC acordó con [el Gobierno de Iván] Duque en 2019 la inversión de 700 mil millones de pesos en cuatro años, en contratación y ejecución directa de los ministerios. Duque solo cumplió con el 38%. Con Petro, el CRIC acordó casi el doble en 2022, una inversión de 1,3 billones de pesos entre 2023 y 2026. Según cálculos del mismo Cric, Petro no va alcanzar a cumplirles ni con el 60% de lo acordado”.
“Este gobierno no se deja amenazar ni intimidar de nadie”, insistió el Presidente justo después de amenazar al CRIC. Reiteró además que “quien quiera manifestarse pacíficamente tendrá todas las garantías, pero no voy a permitir bloqueos de ninguna clase, violencia ni acciones destinadas a paralizar las regiones para imponerle al Gobierno condiciones que, insisto, no vamos a aceptar”, aunque nadie —desde luego no el CRIC, ha anunciado bloqueos o violencia. Lo que sí ha dejado claro el CRIC es que no está de acuerdo con la modificación de la Consulta Previa —que reduce significativamente el peso de los pueblos en los territorios—, que no va a permitir el registro del Ministerio del Interior de las diferentes guardias indígenas, y que van a confrontar la intención del Gobierno de modificar el Decreto 003 de 2021 sobre los protocolos policiales en las protestas sociales.
El Consejo Regional Indígena del Cauca ha contestado con un brevísimo comunicado en el que recuerda que fue reconocido como Autoridad Tradicional desde 1999 y que representa a 138 comunidades indígenas, agrupando a 12 Asociaciones de Cabildos y a 350.000 personas en 32 de los 42 municipios del Cauca. En estas 12 asociaciones viven personas pertenecientes a 11 pueblos indígenas diferentes: Nasa, Kokonuko, Yanacona, Misak, Totoroez, Eperara Siapidara, Ampiuile, Polindara, Kisgo, Ingas y Embera Chamí. “Nuestra apuesta política trasciende los tiempos electorales y se mantiene en la defensa de la vida, el territorio, la autonomía, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas”.
En entrevista en Ka’tikunsi-La Voz de los Territorios, el consejero mayor Fernández, planteaba que el Gobierno trata de mostrar al CRIC como un «partido político de la oposición», «como enemigo del desarrollo». «Es importante que el Gobierno esté dispuesto a dialogar, que muestre qué tan demócrata es para sentarse a conversar».
